x

Nos gustaría enviarte notificaciones de las últimas noticias y novedades

PERMITIR
NO, GRACIAS
X

La buena información es más valiosa que nunca | Suscríbete a infoLibre por sólo 1 los primeros 15 días

Buscador de la Hemeroteca
Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
infolibre Periodismo libre e independiente
Secciones
Plaza Pública

La reforma del acceso a la carrera judicial

Alfonso J. Villagómez Cebrián
Publicada el 09/03/2020 a las 06:00

En el pacto de gobierno suscrito entre el Partido Socialista y Unidas Podemos figura la actualización del sistema de acceso a la carrera judicial. Las políticas de progreso no se han desenvuelto en el ámbito de la justicia con el mismo éxito alcanzado en otros sectores, como por ejemplo ha sido el caso de la modernización de las Fuerzas Armadas. A ello quizá haya contribuido la singularidad de la política judicial que, como advirtiera Fernando Ledesma, "solo puede estar al servicio de la independencia de jueces y magistrados". La insoportable deficiencia estructural que sigue obstaculizando la eficacia de la administración de justicia en España y el funcionamiento en general de este servicio público, es percibida muy críticamente por los ciudadanos. No se puede negar que llevemos décadas de retraso en la introducción de las tecnologías en las oficinas judiciales y en la modernización de nuestra justicia. Pero, además, el sistema de acceso a la judicatura está, en efecto, absolutamente desfasado, constituyendo, a mi juicio, uno de los problemas que más nos singulariza del resto de países de la UE.

Un sistema de acceso que sigue estando basado exclusivamente en pruebas memorísticas consistentes en la exposición oral, en un estricto espacio de tiempo, de unas lecciones de Derecho que el aspirante a juez ha ido engullendo durante años bajo la dirección de un “preparador” que es miembro, a su vez, de la misma carrera judicial a la que se aspira ingresar. El aspirante llega al temido examen que se celebra tras los muros del edificio sede del Tribunal Supremo, para "cantar" algunos de los 360 temas que le toquen en suerte, en un periodo tasado de 15 minutos para cada uno, ante un tribunal examinador, que está integrado mayoritariamente por magistrados. Éste es el sistema vigente de acceso a la función judicial “por oposición”, establecido en la Constitución de 1869 y la Ley del Poder Judicial de 1870 —¡hace más de 150 años!—; y que, naturalmente, pide a gritos una reforma sustancial, congruente con los tiempos que vivimos y con la necesidad de reclutar para esta capital función pública a quienes cuenten con los conocimientos y habilidades precisos para encarnar el poder judicial que, como los otros poderes del Estado, "emana del pueblo" (artículo 1.2 de la Constitución).

Pero, una cosa es la realidad de nuestra modelo judicial a partir de este método de acceso a la judicatura y otra confundir las cosas para poner en cuestión la legitimidad misma de los jueces en el Estado democrático. El poder judicial en una democracia avanzada está conformado por jueces independientes, inamovibles, responsables y “sometidos únicamente al imperio de la ley", como dice literalmente el artículo 117 de la Constitución. En esta sujeción a la ley elaborada por las Cortes Generales asegura la legitimidad democrática del poder judicial. Cuando un juez se aparta de esa estrecha vinculación a la legalidad para adentrarse en el terreno de la especulación bien por impericia o por venalidad, no solo puede incurrir en una conducta prevaricadora, o al menos gravemente equivocada, sino que también pierde su legitimidad democrática.

La Constitución reconoce como único poder unitario en nuestro sistema descentralizado al judicial, puesto que cumple dos funciones esenciales: por un lado, esa descentralización legislativa y político-administrativa del Estado queda embridada por el poder judicial, compuesto en su expresión por jueces y magistrados que se integran en un solo cuerpo nacional. Lo cual es lógico porque es el único poder, al margen de ideologías partidistas, que vertebra realmente a la Nación española. Y, por otro lado, la relevancia práctica del Poder Judicial se debe también a que se es el guardián efectivo del artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley. Por supuesto, este principio y derecho constitucional obliga tanto al Gobierno como a las Cortes, pero es el Poder Judicial el que debe aplicarlo en sus resoluciones para que en todo el territorio del Estado español no se produzca discriminación entre los ciudadanos.

Los jueces ejercemos un poder que exige un cuidadoso sistema de selección que aleje el riesgo de pertenecer a una casta intocable, superador de ese modelo decimonónico de oposición memorística, que la Constitución no impone, y que además es insostenible. La Escuela Judicial no resuelve el problema, porque los 18 meses de estancia en ella no sirven para seleccionar a los mejores: en los últimos 25 años, sólo uno de los más de 1.500 alumnos ha quedado excluido. Un sistema que sólo sirve para acrisolar entre los futuros jueces "vínculos firmes de solidaridad corporativa". Algo similar ocurre con la “industria de los preparadores”, pilar del sistema de oposición. La relación preparador/opositor genera una curiosa empatía, por encima de diferencia de edades, trayectorias e ideologías.

Una reforma que exigiría establecer las bases para contar con buenos jueces capaces de tomar decisiones y de razonarlas, argumentarlas en conexión con la realidad social, explicarlas a los ciudadanos y motivarlas a las partes. El derecho comparado muestra que son frecuentes en muchos países los exámenes psicotécnicos, la valoración de la experiencia profesional y las pruebas eminentemente prácticas. Baste como ejemplo el modelo de los Países Bajos en donde se inicia la selección con una prueba de inteligencia y otra de personalidad de los candidatos, para seguidamente enviar a los preseleccionados a la Escuela Judicial durante seis años, con duras pruebas teórico-prácticas, y sólo serán jueces titulares tras unos años de buen rendimiento.

Entre los cambios que en materia de justicia están todavía pendientes en España, a mi juicio, el más urgente es reformar el acceso a la función judicial para erradicar así la endogamia judicial y racionalizar a la carrera judicial. Entre la apelación al corporativismo o al descrédito, hay que encontrar entre todos el espacio donde ofrecer a los ciudadanos la solución a un problema tan español, y que tantos nos diferencia de Europa y del resto del mundo.

_______________________

Alfonso J. Villagómez Cebrián es magistrado y doctor en Derecho por la USC.

Más contenidos sobre este tema
Etiquetas




7 Comentarios
  • pegonzalez pegonzalez 10/03/20 09:17

    A las tres años en guardería, después preescolar, primaria, bachiller/instituto, universidad, después encerrados entre cuatro paredes varios años preparando oposición, aprueban y ya es juez/a, entonces es cuando se dan cuenta: "anda!! Eso de la calle que es'?

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    0

  • Armandobis Armandobis 09/03/20 13:13

    Uno de los mayores problemas que tiene la justicia es que no tenga ninguna consecuencia la falsedad del testimonio de los testigos. Los jueces se amparan, en bastantes ocasiones, en testimonios que les constan son falsos. Los testigos habituales, policías, guardias civiles, mozos de escuadra tienen gran experiencia en enmascarar lo que han visto u oído, que es lo único que la ley permite, con opiniones, que luego los jueces eligen a su antojo. Creo que el juicio que se está celebrando en la audiencia nacional al mayor Trapero, ilustra bastante bien lo que digo. Tanto unos como otros, guardias o mozos, dan opiniones que no hechos, contradictorias justificativas de sus intereses. En cualquier caso el sistema de oposición memorístico, con ayudas, familiares y/o psicotrópicas deben ser eliminado ya. ¿Por que no se les hacen a los aspirantes a jueces pruebas analíticas?

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    3

  • Maestro Galiano Maestro Galiano 09/03/20 08:27

    No solo es necesario modificar el sistema de acceso d memoriones que posiblemente sean escasos de otras facultades, sino que el sistema debe admitir a otros profesionales de la economía, tecnologías, etc., que con formación en el ámbito del derecho, sean capaces de juzgar asuntos que no sólo tengan referencia penal para prescindir del papel esencial y a veces deficiente que tienen los llamados peritos, cuya garantía en su intervención es más que lamentable, aún peor que la ignorancia del juez.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2

  • Alfonso J. Vázquez Alfonso J. Vázquez 09/03/20 08:21

    Quizá el problema más grave es el de la ética. ¿Vale lo mismo al ética de un juez que comete una fechoria y luego se confiesa ¡poruq eel obro en conciencia, y "pelillos a la mar", que la ética de un protestantee que no tiene opcion de confesión, que la ética de un agnóstico o de un ateo que no tiene obligacion de seguir ninguna norma divina - ¡él es el único que no está chantjeado con la amenaza de la condenacion eterna! - y por tanto aplica la ley humana? En cuanto a las "pruebas" psicotécnicos,¿qué prueban' ¿qué valores propios de un juez van a medir las pruebas psicotécnicas? Carecen del rigor científico que se arrogan y que conduce a disparates tales como los informes psicológicos del caso Wanninkof en los que se encontraron "tendencias criminales" a la segunda vícitma - que fue la encarcelada - a la que se le arruinó su vida, algo en muchas veces más insuperable que perderla. Que los jueces tomen decisiones sobre la base de estos "informes periciales" atribuyéndoles la misma certeza que a un análisis químico o físico o a una medición determinada (ADN, marcas en los proyectiles, huellas digitales, etc.) es un peligro grave. Permite al juez "lavarse las manos" convirtiendo al "psicólogo" en juez. Y ya sabemos cual es el resultado cuando un Pilatos cualquiera se lava las manos. Mejor sería contabilizar, durante toda su vida proefesional, cuantas sentencias han sido revocadas por un tribuna superior. Esos "declarados" errores judiiciales no se le permiten a ningún otro profesional; salvo a los méidcos, que como los entierran nose ven. Y eso sí que es un escándaloso descontrol. Muchos ratones ciudadans quieren ponerle ese cascabel al gato, pero los gatos forman una piña y no se dejan. Los partidos les apoyan.

    Responder

    Denunciar comentario

    1

    1

  • ROSA TARRAGONA ROSA TARRAGONA 09/03/20 02:10

    Con el sistema vigente , caduco y obsoleto solo se garantiza que tenemos unos jueces que tienen buena retentiva y se saben "LA LETRA DE LA LEY", otra cosa distinta es impartir JUSTICIA acorde al siglo XXI, para eso se necesitan otras capacidades, de las que por desgracia muchos de nuestros Jueces carecen. Con este sistema, es necesario un sobreesfuerzo de seguir formándose constantemente en materias conexas, a partir de aprobar la oposición, para mejorar la capacidad y calidad de la Justicia.

    Responder

    Denunciar comentario

    0

    2

  • cromwell cromwell 08/03/20 21:46

    Creo que sería un gran avance de esta legislatura modernizar el acceso a la judicatura con criterios del siglo XXI abandonando los del siglo XIX. De este modo los ciudadanos seríamos mucho menos desconfiados con la Justicia.

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 1 Respuestas

    0

    6

    • acracio acracio 09/03/20 01:33

      Y pensar que han pasado más de 40 años de democracia con el paso de muchos ministros de Justicia y encontrarnos en una Justicia del siglo XIX nos lleva a la conclusión de que es algo premeditado. La agilidad con la que se ejerció contra el procès y la lentitud de procesos de corrupción da la pista de por dónde va la Justicia en este país. Difícil veo el panorama para que esto cambie. Que se lo pregunten al emérito.

      Responder

      Denunciar comentario

      0

      4

 
Opinión