Ingreso mínimo vital y sinhogarismo, una oportunidad para la inclusión

Las organizaciones del tercer sector, especialmente las que trabajamos con personas más vulnerables, hemos recibido con satisfacción y con ciertas expectativas el anuncio del Gobierno para poner en marcha un mecanismo de Ingreso Mínimo Vital en el que trabajan los Ministerios de Inclusión y Derechos Sociales. No obstante, este anuncio también nos genera algunas inquietudes ante el riesgo de que este nuevo ingreso pueda dejar fuera a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y pobreza, y en concreto, a las personas en situación de sinhogarismo, quienes normalmente se ven excluidas de estos mecanismos.

Un análisis realizado por EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) sobre el informe de rentas mínimas publicado por el Gobierno era claro en sentido. Solo 12.444 personas en situación de sinhogarismo, de las al menos 33.000 que hay en España, acceden a los mecanismos de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas. Es decir, más del 60% no acceden a ninguna de estas ayudas.

Parece difícil explicar que una población que sufre una de las más brutales expresiones de pobreza, que diariamente ve vulnerados sus derechos a la vivienda, a la salud, a la seguridad o al empleo, quede excluida de los mecanismos que, en teoría, se ponen en marcha para ayudarles. Es difícil encontrar la justificación para excluir a un colectivo en el que más del 85% de las personas ingresa menos de 600€ al mes, casi el 20% no percibe ningún tipo de ingreso y menos del 4% tiene algún tipo de trabajo.

Esta reflexión no es solo nuestra. Hace tan solo dos meses, en su visita a España, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, alertaba sobre cómo el diseño de determinadas políticas públicas y los requisitos burocráticos dejaban fuera de los programas sociales a muchas personas en situación de enorme vulnerabilidad. Una exclusión que afecta también a las personas en situación de sinhogarismo que, teóricamente, son unas de sus principales destinatarias.

Buena parte de los sistemas de rentas mínimas en nuestro país están mal diseñados y carecen de la perspectiva de las personas a las que van dirigidos, particularmente, de la de las personas sin hogar. Un ejemplo muy claro es la exigencia de tiempo de empadronamiento, a veces de hasta un año, a personas que carecen de un hogar donde hacerlo. También podemos añadir el requisito de acreditar haber estado inscrito durante doce meses como demandante de empleo. Una nueva barrera para acceder a este subsidio que además penaliza los intentos de inserción que en ocasiones resultan en trabajos temporales e intermitentes.

Probablemente necesitaríamos un artículo en exclusiva para debatir sobre los llamados itinerarios de inclusión. En HOGAR SÍ hemos aprendido del uso el modelo Housing First, que aplicamos para solucionar el sinhogarismo, que los programas realmente exitosos son aquellos que separan el acceso a derechos de los procesos laborales, educativos, sanitarios o psicosociales que algunas personas puedan seguir o no. Para ser exitoso, un programa debe basarse en los intereses, necesidades y voluntad no coaccionada de las personas. Por ello, y fruto de este aprendizaje, nos genera muchas dudas condicionar el acceso a un derecho, en este caso el Ingreso Mínimo Vital, a un determinado programa de inclusión. Y al mismo tiempo, nos preocupa la perversión y posible fracaso de estas acciones si las personas las inician bajo la coacción de perder su ingreso mínimo.

Otra de las barreras que nos encontramos es la tremenda burocracia. Las personas solicitantes se encuentran con un verdadero laberinto de requisitos y papeles que deben entregar para poder acceder a la ayuda. Recolectar estos documentos, implica en muchas ocasiones visitar distintos servicios y departamentos para poder satisfacer unos requisitos de información que paradójicamente ya se encuentra en manos de las administraciones. Sin lugar a duda, sería mucho más fácil para las personas solicitantes si fueran las instituciones públicas las que se coordinaran entre sí y asumieran la responsabilidad de recopilar esa documentación facilitando así el proceso de solicitud.

Todos estos obstáculos que hemos presentado nos llevan a una pregunta: ¿Por qué castigamos a personas en situación de extrema vulnerabilidad a una cruel yincana para poder acceder a una ayuda que necesitan con urgencia? Como afirmó el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos sobre el sistema de rentas mínimas de una comunidad autónoma, “estos resultados tan terribles sugieren que el sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado”.

El pasado 13 de abril, el ministro Escrivá manifestaba en una entrevista, en relación con el Ingreso Mínimo Vital que “estamos hablando de hogares, porque la unidad que vamos a proteger es el hogar”. Este enfoque nos lleva a plantear una última reflexión. Si considerar a todas las personas que conviven en una vivienda como un hogar, sin atender a si tienen vínculos familiares o no, implica disminuir los recursos individuales que reciben estas personas; esto supondrá, de nuevo, penalizar a las personas más pobres. El motivo es que estas personas se suelen ver obligadas a compartir viviendas con otras personas en su misma situación sin que ello suponga que constituyan un hogar, una familia o cualquier estructura de solidaridad y cuidado mutuos.

En estas semanas el Gobierno, y en concreto los ministros José Luis Escrivá y Pablo Iglesias, tienen la oportunidad de diseñar un sistema que ni por acción ni por negligencia deje a nadie sin su derecho a la garantía de unas mínimas condiciones de vida.