Perdidos en la pandemia

¿Hay una crisis de Estado esperando a los niños a la vuelta de la esquina?

Tras una semana de cruce de declaraciones entre Gobierno, presidentes autonómicos, partidos y creadores de opinión, los niños pueden pasear. Vaya por delante que estoy de acuerdo con la medida. Sin un horizonte temporal sobre el fin del aislamiento, ningún gobierno responsable puede desentenderse de las gravísimas consecuencias sociales y económicas de este confinamiento. Es obligación del gobierno calcular los costes de mantener el encierro, de suavizarlo o de concluirlo. Y es también obligación del Gobierno participar a la ciudadanía cuál estima que será el precio en vidas humanas, en salud física/psíquica, en desempleo, en precariedad, en deuda y en quiebras de cada uno de los escenarios.

Sin embargo, el confuso policy-making con el que se ha autorizado la salida de los niños no da a entender que estemos asistiendo a un cambio consciente de criterio ni menos aún a una presentación razonada de argumentos y escenarios. Más bien pareciera que nuestros sistemas político y mediático no logran sustraerse de sus inercias, incluso si España es hoy el primer país del mundo en la ratio de fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Retomando las formas habituales de hacer política, los presidentes Torra y Urkullu anunciaron las medidas que propondrían al presidente Sánchez un día antes de ir a la reunión telemática: No después, antes.

En el caso del lehendakari, la lista de peticiones empezaba por el desconfinamiento parcial de los niños, seguía por la apertura limitada de los comercios, la actividad física, los protocolos de educación y la vuelta escalonada a la normalidad de los trabajadores de la administración púbica.

En el caso del president Torra, nada quedaba emplazado a la reunión del día siguiente con Sánchez. Simplemente "fuentes de la Generalitat" comunicaron a los medios que o bien el Gobierno español autorizaba a los niños a salir a partir del 27 de abril, o bien ese mismo 27 el president daría el pistoletazo de salida a una nueva crisis de Estado generando un escenario de desobediencia institucional en pleno estado de emergencia. Ahora le voy a pedir a usted, lector, lectora, que cierre los ojos durante unos instantes y se lo imagine.

De acuerdo. Ya lo ha visto.

Alguien en Moncloa tuvo que cerrar los ojos el viernes 17 e imaginar el escenario que se abriría el 27 de abril si los niños catalanes salían a la calle autorizados por Torra mientras el resto de niños españoles seguía confinado en sus casas. No habían pasado ni 24 horas cuando el presidente Sánchez anunciaba la adopción genérica de medidas para aliviar el confinamiento de los niños.

Tres días después, el martes 21, esas medidas se concretaron como acompañamiento a los adultos en las salidas ya autorizadas a supermercados y farmacias. La lluvia de críticas nacida de la frustración de las familias fue tal que el gobierno rectificó en apenas 6 horas, autorizando los paseos de los niños sin aportar otro argumento que el de la "escucha a la sociedad". Esa misma sociedad que 24 horas antes se expresaba mayoritariamente en contra de autorizar la salida limitada de los niños (61% en contra vs. 38% a favor) según los datos de encuesta de Invymark para la Sexta hechos públicos el lunes y absolutamente consistentes con los datos genéricos sobre el confinamiento recogidos por el CIS a lo largo del mes de Marzo.

Las cosas han cambiado. Por primera vez desde que se inició esta crisis, el Gobierno justifica sus decisiones a partir de criterios sociales y no epidemiológicos. El anuncio del inminente desconfinamiento parcial de los mayores camina en la misma dirección: no es producto de las recomendaciones de los epidemiólogos sino de los actores sociales y políticos, aunque estos últimos ni se mencionen. Un buen ejemplo de que las presiones más fuertes no siempre provienen de los sectores económicos, como algunos análisis maniqueos quieren hacer creer. La debilidad con la que el Estado español llega a esta crisis por su reiterada incapacidad para afrontar sus problemas históricos ya está pasando su primera factura.

Creo sinceramente que en esta crisis lo mejor que podemos hacer es respaldar al Gobierno. Dicho esto, el Gobierno sólo puede aspirar a contar con el apoyo de la ciudadanía si comparte con todas nosotras, con todos nosotros, la estimación de los costes humanos, sociales y económicos que prevé en cada escenario e, igual de importante, si comparte con nosotras, con nosotros, los criterios con los que elige seguir caminando en una dirección o cambiar de rumbo. Se llama transparencia, se llama honestidad, se llama democracia.

Carolina Bescansa es profesora de Sociología y Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.