Corresponsabilidad en tiempos de pandemia

La cooperación entre el Gobierno central y los autonómicos se evidencia más necesaria que nunca ante esta crisis que nos ha traído el Covid-19. Si bien la gestión sanitaria compete a las comunidades autónomas, es indudable que el brutal impacto y el riesgo para la salud pública que ha supuesto esta pandemia hacía imprescindible una acción centralizada y un mando único capaz de organizar un plan de choque al unísono para todo el territorio nacional.

Han pasado dos meses desde que se decretara el primer estado de alarma, prorrogado hasta en cuatro ocasiones, la última de ellas in extremis hace una semana. A pesar de todas las críticas, dudas y rectificaciones, el plan inicial trazado por el Gobierno está funcionando. O al menos eso parece si miramos las cifras de fallecidos por coronavirus que mantienen su tendencia descendente, sin perjuicio de puntuales repuntes. En lo político, en cambio, las cosas se le ponen cada vez más crudas al Gobierno para finiquitar su plan de desescalada y llegar sin trifulcas a la nueva normalidad. El mes de julio queda tan lejos como Marte de la Tierra, en estos momentos. A cada paso, pueden abrirse diez alternativas y no precisamente todas buenas. La prudencia, por tanto, como en otras muchas ocasiones, debe ser la mejor medicina.

La prórroga del estado de alarma resulta, en mi opinión, lo más conveniente para hacer frente al coronavirus, aunque la extensión de una vez por 30 días, como se apunta, es dudosa. Sabemos ahora que solo un 5% de la ciudadanía ha pasado la enfermedad y por tanto ha generado anticuerpos, datos del primer estudio de seroprevalencia que efectúa el Instituto de Salud Carlos III en todo el territorio. Ello aconseja la mayor precaución ante el daño que podría producir un rebrote de la epidemia.

Con este hándicap por delante, la tarea es devolver el protagonismo a los territorios para que cada uno pueda definir los detalles concretos de un plan estatal general ya definido con el objetivo de llevar a cabo una desescalada ordenada y responsable. El desafío, para que sea viable, pasa por la corresponsabilidad en el desarrollo de la gestión, evitando bochornosos espectáculos políticos como algunos de los que hemos presenciado recientemente. La vía a seguir en esa corresponsabilidad, que es la que los ciudadanos desean -no nos engañemos-, podría ser la que están ensayando el PP, que gobierna en alianza con Ciudadanos Castilla y León, con la oposición liderada por el PSOE. Ambos partidos han llegado a un preacuerdo para la reconstrucción de la Comunidad haciendo frente a los retos de salud, económicos y sociales que tienen por delante.

Por el contrario, a cuenta de la prórroga del estado de alarma se ha producido el penúltimo (añadamos el de la justicia) gran desencuentro entre Gobierno y parte de la oposición, que contrasta con la acción responsable de apoyo a la medida del PNV y de Ciudadanos que en este último caso, por tal decisión, ha sufrido también defecciones en sus filas. En toda democracia, sea cual fuere el sistema político por el que se rija: federal, autonómico, centralista, regionalista, etc., existe, antes que nada, una obligación común: la corresponsabilidad entre las diferentes instituciones y estructuras para beneficiar a los administrados. Nadie tiene derecho a no hacer nada, ni a inhibirse o actuar en contra de los intereses generales de la población. Partiendo de esta premisa, y asumiéndola, todo lo demás es fácil de comprender.

Obligación ineludible

La corresponsabilidad institucional frente a los efectos de la pandemia supone que el Ejecutivo tiene la obligación ineludible de actuar a nivel nacional y las comunidades autónomas, en tanto tengan las competencias transferidas, al nivel territorial, respectivo. Asimismo, las diferentes estructuras provinciales, comarcales o locales, deben estar en disposición de coadyuvar en la medida que sea necesario. En tanto que las demás estructuras constitucionales del Estado tienen que ejercer la cuota de responsabilidad que les corresponda. En esta dinámica que parece obvia, nadie tiene derecho, so pretexto de intereses particulares, a desatender la obligación democrática asumida por el hecho de formar parte de la misma sociedad a la que sirven ni a desentenderse de la responsabilidad que atañe al otro. Para sobrevivir en democracia tenemos que interactuar en una sinfonía de deberes y derechos, ninguno de los cuales funciona aisladamente sino en forma armónica y dependiente de los demás.

Mientras dure el estado de alarma es obvio que ante las restricciones que nuestra vida ordinaria ha sufrido, la coordinación y el mando superior, de acuerdo con la ley, deben estar en manos del Gobierno de España, y ello no debería ser interpretado como una amenaza encubierta para los derechos de las comunidades. Pero el Gobierno central se equivocaría si quisiera ejercer esa competencia de forma hegemónica o excluyente, y no mediante el diálogo y el encuentro. Con la obligación de comunicar cada decisión y teniendo muy claro que la ciudadanía no quiere demagogias ni adoctrinamientos, sino una explicación razonada y clara sobre lo que acontece y la marcha de la crisis.

No son tiempos para el ocultamiento o el secretismo, sino que se impone la transparencia del mismo modo que los grupos políticos deben dirimir sus diferencias en el marco del diálogo y no a través de bulos, manipulaciones y mentiras que destruyen cualquier posibilidad de confianza institucional, o con provocaciones que ponen en riesgo la salud de los demás.

Algunos nos están obligando a asumir la desquiciante impresión de que nos hallamos en una especie de carrera pseudo electoral permanente, alimentada por ciertas encuestas periodísticas interesadas, en la que se fomenta la “necesidad” de los partidos políticos de obtener una rentabilidad política a costa de nuestra situación de vulnerabilidad por las medidas de limitación de derechos que el Covid-19 nos esta imponiendo. Olvidan que lo único preciso, aquí y ahora, es poner manos a la obra entre todos, para sortear el abismo al que nos enfrentamos. No hacerlo, como se avizora en parte del espectro político, es incurrir en una gravísima falta de responsabilidad que puede producir daños irreparables.

Los medios informativos nos bombardean a diario con opiniones de políticos, responsables o expertos de toda laya a los que se inquiere sobre presuntas faltas; nos acucian con la necesidad de que rueden cabezas; con la supuesta ausencia de seriedad de la justicia; con la exigencia de que la Fiscalía actúe según los intereses de turno y no de forma cuerda y mesurada como corresponde en las actuaciones judiciales. Las respuestas son más o menos sensatas, según se produzcan de forma histriónica y hueca, o se las acompañe de argumentos serios y reflexivos.

Sería sumamente positivo que ofreciéramos un margen de confianza a quienes tienen la obligación de actuar, que esperásemos al resultado de las pesquisas y no partir de la denostación de cualquiera de estas. Después, con los datos en la mano, se podrá evaluar lo realizado por cada cual y exigir, en ese momento sí, lo que corresponda. Lo contrario supone el deterioro de la convivencia y la destrucción de la propia confianza que un sistema democrático, coordinado y dialogante debería tener frente a cualquier cuestionamiento interno o externo. Desafortunadamente, algunos, fieles a la más absurda radicalidad e insensibilidad democrática, solo se dedican a extender el pie con el fin de que tropiece quien está encabezando y coordinando los esfuerzos para resolver la crisis, y lo único que consiguen es crispar el ambiente político y social.

Inaceptable clima hostil

En situaciones de emergencia, la restricción de derechos está prevista y regulada en nuestra Constitución (artículo 116 sobre los estados de alarma, excepción y sitio) precisamente para situaciones excepcionales como la que ahora atravesamos. Quienes se dicen constitucionalistas y se envuelven con tal bandera deberían saberlo. Por el contrario, lo inaceptable es el clima hostil, el enfrentamiento continuo y casi obsesivo que hay quien pretende debe regir la vida política de nuestro país. Un clima alentado en forma casi suicida por los que se olvidan del bien común y solo buscan hacer daño a nuestra coexistencia democrática.

No se trata de defender al gobierno o de criticarlo, sino de ser consecuentes y entender el momento en el que nos encontramos. ¿O acaso alguien piensa que disfrutamos estando encerrados, o tomando precauciones extremas cuando salimos al exterior o acudimos al trabajo? Es evidente que no nos puede gustar. Pero lejos de estar a la altura de los sacrificios que la población asume, la oposición se ha enrocado en una especie de enfrentamiento híbrido en el que todo vale para desgastar al Gobierno aprovechando el escenario de vulnerabilidad económica y social que nos presenta la Covid 19.

El PP ha hecho un esfuerzo titánico por desacreditar cualquier política que se haya iniciado, aparentando que su abstención en la última prórroga al Real Decreto Ley del estado de alarma o en su no al decreto ley de justicia estaban revestidos del agotamiento de la paciencia ante una nefasta gestión por parte del ejecutivo.

Pero no es así, porque desde el primer momento en el que se dio el apoyo a esa limitación constitucional, se ha mantenido la queja y el descrédito permanente contra el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias, a quienes se les ha tildado de formar un gobierno social-comunista (no se a ustedes, pero a mí, personalmente, me encantaría que me explicaran qué significa esto). Su papel se ha centrado exclusivamente en ataques y descalificaciones, ignorando y negando la mala gestión previa de la sanidad en alguna comunidad en la que gobierna el PP desde hace más de 20 años. Casado se ha anclado en una crítica feroz e irracional, como si lo mejor que pudiera ocurrir en estos momentos fuera la caída del Gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Considero que es un error muy grave y que a medio y largo plazo le pasará factura. Y de Abascal ni hablamos, porque sus planteamientos montaraces y las mentiras que VOX practica están fuera del mínimo de seriedad que se exige a una formación política en democracia.

Ahora bien, creo que el Gobierno no debería haber caído en la tentación de acudir a la vieja fórmula “o yo o el caos”. Siempre hay alternativas y, finalmente, hemos comprobado que la negociación y el diálogo transversal dan mejores resultados que el empecinamiento en los propios planteamientos. Solo por este amago de acuerdo, por muy temporal que sea, y a la espera de lo que pueda acontecer, se atenúan el pesimismo y la desesperación que generan el confinamiento y los estragos del coronavirus.

Será la acción conjunta, coordinada y corresponsable de todos, no solamente de los políticos sino especialmente de quienes habitamos este país, la que nos permitirá triunfar sobre esta enfermedad tan invisible como letal. 27.321 personas habían perdido la vida en España cuando escribía estas líneas. Su memoria exige una ejemplaridad intachable y prístina por parte de cada una y cada uno de nosotros, especialmente la de nuestras y nuestros representantes. Quienes no hayan sabido estar a la altura en estas circunstancias tan extremas, no lo estarán jamás en circunstancias “normales”. Por eso, solo me queda pedirles que abandonen sus egos para otra ocasión. Decía Charles de Gaulle que la política es demasiado seria como para dejarla en manos de los políticos. Superar esta situación es tarea común. Que cada cual se haga cargo de su cuota de responsabilidad en estos tiempos aciagos de pandemia.

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Baltasar Garzón es jurista y presidente de FIBGAR