Proteger a los alertadores, proteger la salud de todos

La expansión mundial del coronavirus ha puesto de relieve como nunca la importancia de los alertadores. La comunidad médica vislumbró el oscuro surgir del virus cuando Dr. Li Wenliang de China trató de advertir a sus colegas sobre la enfermedad. Como muchos, sufrió represalias de los funcionarios locales por decirle a su comunidad verdades desagradables. Los más altos niveles del gobierno intervinieron para rehabilitar su reputación sólo cuando había fallecido a causa del virus.

Alertadores de todo el mundo están dando a conocer irregularidades que son ocultadas por gobiernos, empresas e instituciones. Revelan cuándo se pone en riesgo a los trabajadores de la salud por carecer del equipo de protección adecuado; nos dicen cuándo las cadenas de suministro que nos traen alimentos -o suministros médicos- están siendo manipuladas o corrompidas, etc. Por eso, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, del periodismo, sindicatos y expertos de todo el mundo lanzaron un comunicado pidiendo proteger a los alertadores en épocas de covid-19. La carta remarca la centralidad de los ciudadanos y trabajadores en “garantizar que se mantenga la debida rendición de cuentas en nuestros gobiernos, instituciones corporativas y mercados, y en la defensa de sus derechos humanos y de las libertades de todas las personas.”

Ni héroes ni mártires

En España, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha presentado una denuncia al Tribunal Supremo sobre la distribución de material médico defectuoso, en base a las situaciones que se han experimentado a nivel local. No en vano, los sindicatos son valiosas instituciones a las que un alertador podría acudir para reportar un hecho, particularmente sobre la salud y la seguridad pública.

Aunque no siempre es así en España, han sido muchos los sindicatos y organizaciones que han expuesto la falta o incumplimiento de las medidas de protección, o bien la falta de medios para luchar contra el virus, desatando la tendencia #NiHéroesNiMártires. Proteger a quienes alertan, en este caso, también salva vidas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfemedades (ECDC) coloca a España entre los países con mayor porcentaje de infectados entre su personal sanitario. Incluso cuando cada día les aplaudimos desde nuestros balcones, los trabajadores de la salud no dejan de enfrentarse a una doble vulnerabilidad al mismo tiempo: el contagio y la represalia. De hecho, en las últimas semanas, muchos se han expuesto para prevenir o combatir delitos o irregularidades. La falta de protección que tienen contrasta, sin lugar a duda, con el valor que nos aportan las denuncias de interés público que comparten.

Algo que no ocurre únicamente en el ámbito de la asistencia sanitaria, como hemos podido observar en el caso globalmente conocido de Tim Bay, vicepresidente de Amazon, quien decidió abandonar una de las empresas más poderosas tras haber sido testigo del despido de empleados que habían denunciado las vulnerabilidades de los trabajadores en los depósitos del gigante tecnológico.

¿Sólo una lucha contra la corrupción?

Algunas orgnaizaciones están reconociendo el valor vital que tiene proteger a los alertadores mientras dure la pandemia, no después. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha lanzado recientemente una serie de referencias legales para prevenir y luchar contra la corrupción durante este período. Reconocen que las prácticas fraudulentas tienen un efecto en los servicios médicos, haciéndolos más costosos y de menor calidad, llevando a un acceso desigual a los mismos, en perjuicio de las poblaciones más vulnerables.

El informe vuelve a señalar que la protección de alertadores es fundamental para prevenir el efecto de la corrupción sobre las instituciones públicas y el manejo de los fondos. Una vez más, proteger a quienes alertan contra la corrupción también salva vidas, pues permite fortalecer el sistema de salud protegiendo a quienes informan sobre corrupción desde dentro No olvidemos que los costes económicos de la corrupción para España han sido estimados por diferentes fuentes, alcanzando los 90 billones de euros, de acuerdo a un informe publicado por la alianza Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo, definiéndolo como un 90% del gasto en salud pública para 2018.

Pero la protección de alertadores va más allá, y tiene efecto sobre la protección del medioambiente, la seguridad nuclear, de transportes, la calidad de los productos, de las cadenas de distribución y, como ya hemos visto, la salud pública. Así lo reconoce el relator del Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo Sylvain Waserman, en su último informe del pasado octubre.

En Polonia, Andrzej Hawranek, Director de la Inspección Estatal de Sanidad, reportó la falta de pruebas suficientes para determinar los contagios del virus en la ciudad de Cracovia. Gracias a sus publicaciones sobre la situación local, forzó a las unidades sanitarias y epidemiológicas a informar de manera diaria al respecto de la situación. El conocimiento y democratización de la información pública, actualizada y confiable sobre el estado de la pandemia es fundamental para poder realizar una gestión existosa y a la medida de esta. Proteger a los alertadores y nuestro derecho a conocer también salva vidas.

Hacia la nueva normalidad, protegiendo a quienes nos protegen

En una amarga ironía, España es uno de los países más golpeados por el coronavirus y, al mismo tiempo, uno de los pocos países en la Unión Europea que no cuenta con una ley a nivel nacional para proteger a los alertadores.

Ahora es el momento para cambiar eso. La transposición de la Directiva Europea 2019/1937 es una oprtunidad para incorporar disposiciones legales a nivel nacional, y promover un cambio cultural para dotar a la ciudadanía de mecanismos de participación activa en la protección del interés público.

El pasado mes de febrero, cuando el mundo era todavía otro, Blueprint for Free Speech organizó junto a la Comsión Nacional de los Mercados y la Competencia un evento público reuniendo a portavoces y representantes de partidos políticos precisamente para discutir sobre este asunto. Aquel evento fue la primera vez en que una amplia y diversa mesa de partidos (Ciudadanos, Esquerra Republicana, Partido Popular, Unidas Podemos, Vox) se sentaban de manera pública en Madrid a discutir sobre la protección de alertadores.

Se escucharon diferentes posturas, algunas de ellas distantes de lo establecido por la ya citada Directiva Europea, pero todos reconocieron la completa necesidad de proteger a los alertadores de manera integral. La sociedad civil se adelantaba una vez más a los intereses de los legisladores proponiendo diversas alternativas que quedaron a la espera de ser debatidas, una de ellas actualmente sobre la Mesa del Congreso.

En este período de desescalada y transición a la “nueva normalidad” no puede mirarse a otro lado. Debe doblarse el compromiso férreo y urgente para proteger a los alertadores, que han demostrado promover un funcionamiento más justo y democrático de las instituciones, en defensa de nuestros derechos fundamentales y humanos.

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La Dra. Suelette Dreyfus es investigadora en la Universidad de Melbourne; Bruno Galizzi forma parte de Bueprint for Free Speech España.Dra. Suelette DreyfusBruno Galizzi