Plaza Pública

El Pazo de Meirás: símbolo del expolio franquista

El Pazo de Meirás.

Rosa Torán | Javier Tébar

En agosto de 2015, unos turistas que recorrían Galicia se encontraron cerradas las puertas del Pazo de Meirás, situado en el municipio de Sada (La Coruña). La finca estaba ocupada por los herederos de Carmen Polo de Franco, dado que seguían utilizándola como residencia de verano tal como lo fue durante la dictadura del general Franco. Pero aquel espacio había sido declarado Bien de Interés Cultural por la Administración del Estado en 2008, estableciéndose la obligatoriedad de permitir visitas cuatro domingos al mes. La actitud de la familia Franco era una muestra más de la oposición habitual y de su reacción ante las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia para restituir el pazo al patrimonio público. Esta postura no ha variado con el paso de los años, a pesar de las sanciones que recayeron en el año 2017 sobre sus ilegítimos propietarios. Desde entonces, el gobierno autonómico mantuvo abierto un expediente sancionador por dichos incumplimientos. En 2019 el parlamento autonómico presentó una demanda contra los herederos de Franco para reclamar la devolución del Pazo, causa en la que se personó la Xunta y los Ayuntamientos de A Coruña y Sada, cuyo resultado se está dilucidando estos días ante la Audiencia Provincial de A Coruña con la comparecencia de 17 testigos.

Entre todas aquellas antiguas donaciones que tuvieron lugar durante la dictadura y que pudiera haber todavía en el país a día de hoy, sobresale la del Pazo de Meirás por ser ilegal y fraudulenta. En consecuencia, debería ser devuelta al patrimonio público según el alegato de la Abogacía del Estado. Sin embargo, la denuncia ha sido contestada por los herederos que defienden que esta finca no fue regalada con fines institucionales, sino como disfrute personal. Es ante tamaña discordancia cuando se ha producido el largo recorrido en los juzgados de A Coruña, ya que la vista previa del pasado mes de enero de 2020 se cerró sin acuerdo.

Veamos el método de apropiación del aludido Pazo de Meirás, actualmente en venta por 8 millones de euros. El pazo fue propiedad de los herederos de la escritora Emilia Pardo Bazán, pero las nuevas autoridades de la Galicia ocupada por los rebeldes en 1938 ofrecieron al que consideraban como nuevo “jefe de estado” las edificaciones, con el mobiliario y el legado de la escritora, y unas 3 hectáreas de terreno, para que lo disfrutara como lugar de veraneo. Al mismo tiempo, era rehabilitado y acondicionado con aportaciones de prohombres locales, donativos forzados de los funcionarios y con el porcentaje de un 5% de las contribuciones de los ayuntamientos. A esto cabe añadir el expolio de dos esculturas del siglo XII del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago, obra del maestro Mateo, para el goce particular de la familia Franco-Polo. Se abrieron, además, las puertas a la especulación con las expropiaciones forzosas, que acabaron por doblar la superficie de la propiedad, mientras caían en saco roto las reclamaciones de los herederos de Pardo Bazán, frente a los afanes de agradecimiento de las autoridades locales hacia el Caudillo que sabría gratificar aquellas muestras de acatamiento y generosidad.

Así las cosas, el Pazo de Meirás, con su silueta de castillo fortificado, es un símbolo excelso de poder autoritario y de impunidad de las expoliaciones, a la manera de proceder de los monarcas absolutos sobre sus súbditos. Baste como ejemplo de poder omnímodo y perdurable que, tras la muerte de Franco, su viuda Carmen Polo recibió de Juan Carlos I el título de Señora de Meirás y que no fue hasta 1984 que el municipio El Ferrol del Caudillo, lugar de nacimiento de Franco, volvió a tener su nombre original, sin el epíteto al dictador. Aquella denominación de la ciudad databa del año 1938, en plena guerra, cuando se tomó la decisión a instancias de su cuñado Ramón Serrano Suñer, entonces Ministro del Interior.

El carácter autoritario y totalitario del Régimen, con el control de todos los resortes de la actividad privada y pública y sin libertad de expresión permitió una expoliación de enorme magnitud. Todo ello, sin ningún signo de moralidad y con consecuencias de largo alcance que conectan con cierta perpetuación vinculada a esquemas mentales propios de la impunidad actual y de las prácticas de corrupción organizada que ha venido padeciendo nuestro país.

En esta historia sobresale lo que se dio en denominar el “Clan del Pardo”, un triángulo formado por el general Franco, Carmen Polo y el yerno de ambos, Cristóbal Martínez Bordiu. Este grupo se convirtió en un firme holding empresarial, originado al hilo de las prácticas corruptas que envolvieron a la dictadura desde su misma instauración en Burgos y que se prolongó hasta más allá de su final. El enriquecimiento fue imparable y exponente de una gran codicia y signos de emulación al estilo de una vida cortesana, con costosos regalos y gastos. La afición por las joyas de Carmen Polo fue heredada por su hija Carmen, descubierta en la aduana española en 1978 camino de Suiza con 31 medallas de oro y brillantes, fraude que justificó por su intención de encargar un reloj en el país helvético.

Después de intensos preparativos, en 1950 Nenuca, el sobrenombre con que se conocía a la hija de Franco, había contraído matrimonio con Cristóbal Martínez Bordiu, marqués de Villaverde, al que pronto las voces populares le dieron los calificativos de Yernísimo, Marqués de Vayavida, por sus conocidas juergas en los círculos de la alta sociedad, y también Marqués de Vespaverde, en alusión a su licencia para importar en exclusiva las conocidas vespas italianas. Por su enlace matrimonial, Martínez Bordiú se convirtió en un conocido cirujano, llegando a ostentar ocho altos cargos médicos. A pesar de ello, se mostró incluso más proclive a integrarse en el mundo de los negocios, con participación en los consejos de administración de 17 empresas.

La entrada de Martínez Bordiú en la familia Franco-Polo significó un cambio de orientación en la gestión de los negocios familiares, acorde con los nuevos requisitos aparejados al paso de la Autarquía de posguerra al Desarrollismo de los años sesenta. El grupo empresarial había reorientado la actividad económica a partir de 1950, con inversiones en deuda pública, obligaciones privadas, acciones de Campsa, Iberduero, Banco de Bilbao, Duro Felguera, etc. No faltó la implicación en ventas de productos específicos, como el de las pieles de astracán a finales de la siguiente década o la participación en una de las empresas que construía en diferentes lugares de la geografía española pantanos, emblema de la propaganda del régimen reiterada en NO-DO, el noticiario semanal de proyección obligatoria en todos los cines del país.

El clan de los Franco engrosó su patrimonio con fincas y sociedades a través de testaferros y los consecuentes entramados de evasión fiscal hacia Suiza y otros paraísos fiscales. Todos ellos se implicaron en los negocios vinculados al pelotazo urbanístico, encontrándose en la tesitura de rentabilizar el patrimonio con sucesivas ventas y adquisición de apartamentos, parkings, chalets, etc. en Madrid y la Costa del Sol. También gozaron de unas 22 propiedades repartidas a lo largo del país y de otros lugares como Filipinas y Miami, sostenidas a través de medio centenar de sociedades, la mayoría de ellas ubicadas en el edificio de la madrileña calle de los Hermanos Bécquer que fue adquirido en 1945 por 4,2 millones de pesetas, siendo lugar de residencia de la viuda del dictador hasta su muerte. Todo ello sin contar el monto de los numerosos regalos recibidos durante las recepciones de dignatarios extranjeros o nacionales y nunca esclarecidos, o aquellos llegados directamente de mandatarios políticos o empresarios, desde cigarros puros, vinos, limusinas, relojes, etc. Se calcula que a la muerte del dictador su patrimonio alcanzaba los mil millones de pesetas y esta jugosa realidad explica, en buena parte, las cartas jugadas por el clan en las postrimerías de la vida de Franco para intentar asegurar la continuidad del Régimen.

El bajo rendimiento económico de los negocios de los Franco en las postrimerías de la dictadura fue el inicio de una nueva reorientación de la mano del clan familiar, en el sentido de recalificar sus terrenos en edificables. Como sucedió con la finca de Valdefuentes, con un largo recorrido hasta llegar a su desenlace en la década de los ochenta, no sin antes haberla alquilado como plató cinematográfico de películas de terror y pornográficas; además de haber sido, de manera irónica, escenario del film de Luís García Berlanga La escopeta nacional, una ácida crítica del mundo empresarial y político franquista. De nuevo, en medio de las protestas de los grupos ecologistas del Parque del Guadarrama, en 1986, y contando con la implicación de políticos vinculados al Partido Popular, la familia del dictador se vio favorecida por la construcción en los terrenos de Valdefuentes de 2.700 viviendas, un gran centro comercial y tres polígonos industriales.

El favorecer que “todo el mundo esté en el ajo”, como dejó escrito en sus memorias Dionisio Ridruejo, inicial disidente que ya estaba por entonces situado en el campo de la oposición democrática a la dictadura, nos hablaba de la dinámica de intercambio de favores y redes de corrupción creadas durante la larga etapa franquista. Uno de los empresarios triunfadores inmerso en ese entramado fue Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa desde 1955, cuyo título nobiliario le fue concedido por Franco en gratitud por su papel en el desarrollo del sector energético, Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A., director del Banco Pastor, presidente de ASTANO (Astilleros y Talleres del Noroeste), Gas Madrid y otras muchas empresas. Pues bien, Barrié fue el promotor de la subscripción para regalar el Pazo de Meirás a Franco, auxiliado por el gobernador civil de A Coruña. Aquella fue una “generosa” donación a la cual todavía añadió, en el año 1962, el regalo del Palacio de Cornide, en pleno centro de A Coruña, a Carmen Polo para su recreo en la capital gallega. Su implicación en la eliminación de rivales empresariales desde el triunfo del golpe de estado en Galicia y su incondicional adhesión a Franco habían significado la subida del primer tramo de la escalera que llevó a Barrié de la Maza a la cima y a su reconocimiento público con numerosas condecoraciones.

En la actualidad algunas de las familias más ricas y prominentes de España hunden sus raíces en la dictadura. Redes de poder y grandes imperios que han mantenido sus privilegios, con caras nuevas y apellidos viejos, y que se han convertido en algunas de las principales empresas que marcan el índice bursátil de referencia, conocido como IBEX 35, para referirse a las empresas con mayor valor de cotización en Bolsa, es decir, en el mercado de valores español.

En Chile algunos de los seguidores del dictador Augusto Pinochet dejaron de defenderlo cuando descubrieron el latrocinio cometido durante su mandato. Sin embargo, en España el robo y expolio cometido por Franco y su familia a lo largo de la dictadura y en años posteriores todavía hoy es un tema ignorado. No ha sido hasta después de la muerte de la hija de Franco, Carmen Franco Polo, en 2017, cuando han empezado a desvelarse las irregularidades e inmoralidades llevadas a cabo desde los años de la sublevación y guerra, de dictadura y hasta la actualidad. A pesar de los vacíos documentales, debidos a destrucciones voluntarias, recientes estudios de periodistas e historiadores, como Mariano Sánchez Soler, Javier Otero Bada con sus numerosos reportajes, y los historiadores Dennis Smyth y Ángel Viñas Martín han aportado informaciones sustanciales e interpretaciones rigurosas sobre los negocios de Franco y sus allegados.

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Hoy el Pazo de Meirás es un símbolo del expolio franquista, sin duda, pero sólo constituye una parte de un “botín de guerra”.

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Rosa Torán y Javier Tébar son historiadores

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