Plaza Pública
Una moción de censura contra Ayuso
Los pensionistas nunca han supuesto una carga económica para el país. Con el dinero de las cotizaciones se han venido cubriendo los gastos de las pensiones e incluso generando superávit. Sin informar a la opinión pública y de manera opaca se redujeron en su momento cuatro puntos de las cotizaciones patronales y se siguen imputando los gastos impropios a la Seguridad Social durante toda su vida. Es decir, nos estaban engañando. El objetivo que se proponía la derecha era una bajada generalizada de las pensiones. Para ello promulgaron una nueva ley abusando de su mayoría absoluta en época de Mariano Rajoy, con el fin de limitar la subida de las pensiones al 0,25 % de manera indefinida. Asimismo, establecieron un factor de sostenibilidad como mecanismo de ajuste automático. Con ello, bajaban las nuevas pensiones.
Con estas medidas trataban de forzar a los ciudadanos a contratar planes de pensiones para que el sistema financiero, bancos y aseguradoras, cogiera una parte del botín. En 2017, Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, inició una campaña con miembros de su ejecutiva, proponiendo la anulación del 0,25 % y denunciando el falso déficit de la Seguridad Social ocasionado por la existencia de los Gastos Impropios. Posteriormente la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), dirigida por José Luis Escrivá Belmonte, actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, tras un estudio en profundidad, vino a determinar lo que habíamos defendido nosotros: ese mal llamado déficit venía determinado porque a la Seguridad Social le estaban imputando costes que no le correspondían.
Lo que llamamos gastos impropios, que incluyen desde prestaciones por paternidad y ayudas a las empresas hasta los salarios de los funcionarios de la Seguridad Social o el déficit de los regímenes especiales de la Seguridad Social –Minería, Mar, Hogar–.
La suma de importes de los puntos anteriores supera los 18.000 millones de euros anuales. Curiosamente con estos mismos datos, el Banco de España, el Gabinete de estudios del BBVA y la mayoría de los economistas, se apuntaban al bando que apuesta por bajar las pensiones diciendo qué es un montante que ahogaba la economía del país. Vaya manada de embusteros.
La Seguridad Social, a pesar de la dura carga que la pandemia le va a producir, tiene un futuro claro si tenemos claras las prioridades:
- Que los Presupuestos Generales del Estado asuman los gastos que le corresponden.
- Que los autónomos pudientes paguen lo que les corresponde en función de sus ingresos.
- Que se deben sanear las cuentas de la Seguridad Social, de forma que sólo soporten las partidas económicas propias.
Es el momento de unificar fuerzas los partidos de izquierda, algún partido nacionalista, sindicatos y organizaciones de jubilados con el objetivo de blindar las pensiones en la Constitución y derogar la ley del 0,25%, aprobando por ley la subida del IPC real, por la que tanto hemos luchado los jubilados. En este momento ningún partido está en contra y el tiempo solo beneficia a la derecha. Este año las pensiones mínimas se han quedado sin revaloración adicional y las cotizaciones máximas se han quedado sin actualizar. No podemos perder más tiempo.
Por cierto, señora Calviño, olvidémonos de la mochila austríaca. Tenemos un gran sistema de pensiones que debe ser apoyado por todos. Y señor Escrivá, creemos que en este momento todos los esfuerzos deben encauzarse a potenciar el sistema público de pensiones. Desde el Gobierno no se puede apoyar un sistema complementario de empresas que solo beneficiaría al 20 % de los ciudadanos.
Por último, me gustaría realizar una reflexión sobre la distribución que plantea el Gobierno de los 16.000 millones de euros del fondo covid-19 entre las comunidades autónomas. Parece que se prima a la Comunidad de Madrid por haber dejado morir a miles de personas en residencias de mayores sin ningún auxilio, haber desmantelado la asistencia ambulatoria, haber despedido indiscriminadamente a miles de sanitarios y personal de servicios y haber dejado de contratar a los rastreadores y al resto del personal sanitario comprometido.
Una vez instalado el hospital de Ifema, se comprometieron a mantenerlo operativo durante todo el año, en espera de un nuevo resurgimiento del virus en otoño. Pero a las pocas semanas lo desmantelaron y anunciaron la construcción de otro en Valdebebas.
Construir ese otro hospital es innecesario en opinión de los expertos, salvo que se justifique por los compromisos adquiridos entre la CAM y las empresas constructoras y proveedoras de
servicios. No entendemos cómo la oposición política en Madrid es incapaz de presentar una moción de censura aunque no tenga éxito. Se explicaría a los millones de madrileños que existe otra política de Sanidad alternativa, que atienda las necesidades de la ciudadanía, su derecho a disponer de plaza en las residencias de mayores en condiciones dignas y la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia. Como antecedente, nos referiremos a la moción de censura presentada por Felipe González en 1980 contra el presidente Adolfo Suarez, aun a sabiendas de que estaba condenada al fracaso, pero permitía explicar al país entero la existencia de una alternativa distinta. Desembocó finalmente en la victoria socialista en las elecciones del 28 de octubre de 1982.
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Manuel Penelas García es presidente de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (Adeppu).Manuel Penelas García
