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El curso escolar: criterios sanitarios, con viabilidad sin desigualdades

Estella Acosta Pérez
Publicada el 25/08/2020 a las 06:00

Una de las realidades a tener en cuenta de forma radical para la vuelta a clase es hacer viable la aplicación de los criterios sanitarios. No vale de nada imponer medidas si no se dispone de los recursos materiales y humanos imprescindibles. Esa es la parte dura de la realidad. No es posible desdoblar grupos, turnos, horarios, mantener distancia física, etc., sin espacios y sin profesionales. Ya van señalándolo algunos medios; incluso, además de docentes, se va visualizando la necesidad de otros perfiles para comedores, limpieza, problemas sanitarios, etc.

Tampoco será una política aceptable decretar enseñanzas no presenciales, escondiendo la cabeza como el avestruz o culpando a otros, porque llevamos varios meses señalando los problemas, los déficits materiales y formativos y las desigualdades sociales y culturales que pueden producir un absoluto desastre. A menos que a algún gobierno no le importen las clases sociales más desfavorecidas, se puede demostrar claramente que la cuestión no va de proveer de equipos informáticos.

Si revisamos los niveles educativos de la población, por ahora sin diferencias regionales, podemos establecer una relación directa con las posibilidades de realizar tareas escolares en casa, con o sin el apoyo familiar. En la UE de los 28, el 21,3 % de sus habitantes tiene menos de la secundaria superior. En ese nivel, la población en España que tiene como máximo la ESO es del 38,7%, evidentemente insuficiente para ayudar al alumnado en general, pero sobre todo a partir de 3º o 4º de primaria. En estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 2019:

  • 25 a 64 años: 38,7%
  • 25 a 34 años: 30,2%
  • 35 a 44 años: 32,2%
  • 45 a 54 años: 39,8%
  • 55 a 64 años: 52%

Podemos suponer que la población de menos de 35 años no tendrá descendencia o en todo caso serían menores de 10 años. Es evidente que la población entre 35 y 54 años son los progenitores que tienen que ayudar al alumnado de los últimos cursos de primaria, secundaria obligatoria o más. Eso significa que de plano existe una media entre el 30 y el 40% que no está capacitada para hacerlo. Más aún en los últimos cursos de la ESO (hasta 16 años), en el bachillerato o la FP de grado medio (de 16 a 18 años); incluso pueden pertenecer a la población de 55 en adelante, sobre todo hombres que han sido padres después de los 40 y toda la población que se ve obligada a recurrir a abuelos y abuelas.

La mayor dificultad para que se asuma esta realidad está en la cabeza de mucha de la gente que opina o, peor aún, que toma decisiones. Como se ha demostrado en muchas ocasiones, se mueven en un imaginario de clase media "ilustrada", con un lenguaje de clase media profesional, recursos económicos estables y alejados de los barrios o las zonas donde las clases sociales más desfavorecidas viven y van a los centros educativos. Empieza a hablarse de las desigualdades que van más allá de los equipos informáticos, de carencias materiales y culturales, pero no es una generalización vacía, es una realidad de nuestra sociedad injusta.

Con la segunda etapa de secundaria si es BUP o el bachillerato actual podría existir alguna opción de ayudar en las tareas online, pero con algunas especialidades de FP o con empleos precarios, sin exigencias de estudios, se pierden las posibilidades de estar al tanto de lo que necesita el alumnado de secundaria. Y con las mismas edades las personas con segunda etapa de secundaria son:

  • 25 a 64 años: 22,7 %
  • 25 a 34 años: 23,3 %
  • 35 a 44 años: 23,4 %
  • 45 a 54 años: 23,0 %
  • 55 a 64 años: 21,0 %

Incluso con estudios universitarios, ya especializados, es muy difícil ayudar en determinadas asignaturas alejadas de la carrera estudiada. Más aún si se trabaja todo el día o se teletrabaja. Además, el vínculo parental dificulta la tarea, poco o mucho según los casos. Ha existido auténtico estrés en las familias en estas condiciones, incluidos los docentes. ¿Podemos imaginarlo? Apoyar a los propios hijos e hijas, mientras hay que atender por internet a 25 personitas de 6, 8 o 10 años, o poniendo tareas y corrigiendo a distancia a varios grupos de secundaria, casi 100 como mínimo si son materias troncales de 3 o 4 horas semanales, muchos más si fueran asignaturas de 2 horas semanales, todo ello con adolescentes entre 12 y 16 años. La sobrecarga de contenidos es un mal tradicional que hay que revisar, los procedimientos de enseñanza y aprendizaje son radicalmente diferentes y no olvidemos todos los estudios que declaman la desmotivación del alumnado.

Por todo esto ni las soluciones uniformes ni las recetas mágicas o las ocurrencias son válidas, es responsabilidad de las administraciones autonómicas la gestión y la organización. Partiendo de esa base, sin confundir competencias, si se ponen de acuerdo y el Ministerio coordina y orienta los criterios sanitarios generales, mucho mejor. Si, además, se negocia y se acuerda en las mesas sectoriales o los convenios colectivos los cambios que afectan a las condiciones laborales, será más eficaz. Con financiación.

Sin recursos no hay sistema que resista unas condiciones tan exigentes, las instituciones se resienten, los profesionales se queman, la enseñanza pública no puede recibir este golpe a pecho descubierto. Ya ha sufrido recortes, desmontaje de recursos pedagógicos, desprecio a sus profesionales. Al igual que la sanidad (o las pensiones) en la enseñanza el modelo público es para toda la ciudadanía. La Comunidad Madrid (y alguna otra) parece moverse por el mismo recorrido que en la sanidad: dejación, paso del tiempo y lo urgente se privatiza.

Las privatizaciones son elitistas y sólo generan más desigualdades, no fomentan la justicia social y se reproducen comportamientos que atentan contra la democracia. Por ejemplo, los derechos humanos deben estar por encima de la libertad de elección individual. No nos dejemos engañar, la libertad de creación de centros que consagra la Constitución es otra dimensión del sistema educativo. La educación, como el derecho que facilita el ejercicio de los otros derechos, no es cuestión individual, es un derecho de ciudadanía, y su carácter social, su función equitativa y compensadora de desigualdades es lo que señalan nuestras leyes.

Hay otros debates con la ley en el Congreso, pero ahora lo urgente se come lo importante. Exijamos seguridad y salud, viabilidad con las inversiones suficientes y no perder la perspectiva de lucha contra las desigualdades.

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Estella Acosta Pérez es orientadora y profesora asociada de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM. Jubilada.

 

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