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Plaza Pública

Ayuso es el virus

Isabel Díaz Ayuso, tras su primer Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

José Quintana, Manuel de la Rocha y Alfonso Roldán

Poco más se puede decir sobre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cuando hasta su valedor, Pablo Casado, ha decidido quitarle el foco mediático porque cada vez que habla se revuelve todo el PP. Y es que el desastre Ayuso se puede llevar por delante al propio Casado, al nuevo flamante portavoz del PP y alcalde de la capital, Martínez-Almeida, y a unos cuantos presidentes regionales con algo más de capacidad intelectual. Circunstancias estas que no tendrían mayor relevancia si su actitud no supusiera el colapso de la sanidad madrileña, el desbarajuste en la educación, la enfermedad y la muerte de tantas personas.

Reclamaba recientemente Soledad Gallego-Díaz en un artículo “un poco de decoro” en la política, concretamente en la madrileña: “El espectáculo al que asisten, maniatados, los residentes en Madrid es quizás el ejemplo más desolador de esa falta de compostura. Falta rigor y sobra improvisación e insensatez por parte del Gobierno autónomo y de sus valedores y falta la mínima exigencia propia por parte de los responsables de la oposición en esa comunidad”.

Las últimas medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid que convierten a barrios y municipios en auténticos guetos es el último ejemplo de falta de decoro. Pero esa falta de decoro vive desde el inicio de la pandemia. Mientras Ayuso y su Gobierno se dedicaban a poner palos en las ruedas a las iniciativas del Ejecutivo de España, recogía 1.495 millones de euros del Fondo covid-19 creado por el Gobierno de Pedro Sánchez por el RD-L 22/2020 de 16 de junio.

La Comunidad de Madrid ha sido la región más beneficiada por el Gobierno de España en el reparto de 16.000 millones de euros. Además de los mencionados 1.495 millones de euros, en septiembre Madrid ha recibido otros 291,6 millones de euros para educación en el inicio de curso. Asimismo, en noviembre recibirá unos 750 millones más y en diciembre un porcentaje (seguro que no pequeño) de otros 5.000 millones de euros “para paliar recursos propios”.

Llegados a este punto, Madrid se encuentra sumida en el caos y sin saber cómo se están utilizando esos fondos porque, tal como reza el artículo 1.5 del mencionado Real Decreto-Ley, las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado y su utilización es responsabilidad de cada comunidad autónoma. Sin duda, estamos hablando de lealtad institucional, algo de lo que carece Isabel Díaz Ayuso, tal como ha venido demostrando.

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, la región más rica de España y con suficientes recursos, se ha sentado a esperar que le vengan fondos de España y seguramente de Europa, ya que gracias a la gestión del Gobierno español ahora llegarán hasta 140.000 millones de euros. Eso sí, que no se froten las manos quienes merodean en las alcantarillas de la Púnica, la Gürtel, la Kitchen…, porque para disgusto de corruptos estos fondos sí son finalistas y serán dedicados a proyectos concretos, con sus plazos concretos y sus concursos públicos.

Seguramente la oposición en la Asamblea de Madrid sí está intentado fiscalizar políticamente los fondos que han llegado de España a Madrid, pero de momento sin ninguna respuesta del Gobierno de la Comunidad. Y mientras tanto el Grupo Socialista sigue enrocado en no presentar, al menos de momento, una moción de censura. Una moción de censura que se acompañe de propuestas y que también sirva a una población desconcertada e indignada para saberse representada. Una moción que sea un desahogo para esos barrios y municipios del sur nuevamente vapuleados por la derecha y el más ruin ultraliberalismo. Aunque sea una explicación política, la oposición madrileña debe ser más contundente para que Ayuso explique dónde está el dinero. Y es que… después de 25 años de ultraliberalismo y corrupción, llueve sobre mojado como para no ser exigentes y radicales (en el sentido etimológico del término, de ir a la raíz de los asuntos).

Son muchos barrios, muchas personas, que al permanente estado de incertidumbre unen una rabia contenida que puede estallar, como siempre, de forma inesperada por una pequeña chispa. Y no descartemos que ese sea el deseo profundo de la presidenta, alumna aventajada de Donald Trump.

Igual que el presidente norteamericano, Ayuso intenta arreglar los problemas a base de policía y ejército en vez de con sanitarios y profesores. De hecho, la presidenta madrileña ha incentivado la llegada de policías y guardias civiles subvencionando el comedor de sus hijos. Asimismo les ha reservado parte de las 25.000 viviendas que contempla construir con el Plan VIVE. Como Trump, Ayuso inflama los ánimos de las clases más desfavorecidas mientras alardea de esos chicarrones blancos, patriotas y envueltos en banderas. Algo que también estamos viendo en Madrid con esas chuscas declaraciones de Ayuso a modo de disco rayado: “Madrid está dentro de España, Madrid es España dentro de España, Madrid está dentro de España…”

El paralelismo entre Trump y Ayuso también llega a la más que sospechosa estrategia de “inmunidad de rebaño”, que la propia presidenta aclaró cuando aseguró al principio de curso que "se va a contagiar el 80 por ciento de la población”. Muera quien muera. ¿Para qué hacer nada? Esa declaración habría sido suficiente para que dimitiera sin que nadie empujara. La “inmunidad de rebaño” es un crimen que podría doblar el número de fallecimientos. Los científicos explican que no saben cuánto tiempo puede durar esa inmunidad y ya está comprobado que se dan reinfecciones. Además, también advierten de las graves secuelas, aún sin terminar de estudiar, que provoca en muchas personas la enfermedad.

Y no es sólo eso. Trump es un declarado enemigo del multilateralismo tanto en su política exterior como poniendo en peligro con su autoritarismo el Estado Federal. Ayuso ha venido despreciando el trabajo común de muchas conferencias de presidentes (y presidentas) para buscar permanentemente el encuentro bilateral con el presidente del Gobierno.

Pero el asunto es más profundo. Igual que el presidente de EEUU, la presidenta madrileña está hundiendo en el fango su propia autoridad (en el sentido de autoritas), más aún tras las últimas medidas que han dejado perplejos a expertos y ciudadanía. El problema es que esa falta de autoridad se puede rellenar con autoritarismo y con daños directos a la democracia.

Ese autoritarismo se está empapando ya cuando nadie la contradice contundentemente desde la oposición. Y es que venimos asistiendo a una feria de mentiras y exabruptos permanentes desde el inicio de la pandemia. Ha sido el escándalo de las residencias de mayores que se cobró la vida de más de 8.000 personas mientras los consejeros del mismo Gobierno se echaban los trastos a la cabeza; fue el escándalo de los menús hipercalóricos para los niños y niñas perceptores de la Renta Mínima de Inserción; fueron los aviones cargados de mascarillas que no llegaban nunca y unas mascarillas “gratis”, pagadas entre todos, que no reunían las condiciones de homologación de la UE; fue la enfermedad de la propia presidenta (seña inequívoca de que el coronavirus no lo transmiten los inmigrantes ni los pobres) confinada en un hotel de lujo. Sobre el asunto del hotel, no deja de resultar cuanto menos curioso que tres días antes de caer enferma ya tuviera reservada la habitación…, y que su enfermedad implicara el cierre de la Asamblea de Madrid. Pero también fue la fiesta del IFEMA compartiendo bocadillos de calamares con Martínez-Almeida y Begoña Villacís mientras la región seguía sumida en la enfermedad, la muerte, el caos y el desgobierno. Fue la decisión de construir un nuevo hospital para pandemias, innecesario y con un alto coste de dinero, que debería ir a contratar sanitarios, rastreadores y profesores. Fue la crisis desencadenada con la dimisión de la directora general de salud pública regional que no quiso firmar el informe preceptivo para iniciar la loca desescalada, cuyos resultados estamos padeciendo ahora.

Pero no pasemos por alto algo fundamental que no ha ocupado portadas: la ley del suelo. Ese renovado ladrillazo que es reformado por decimoséptima vez para dejar definitivamente el campo abierto a especuladores inmobiliarios. Una ley que verá la luz sin que la oposición en la Asamblea pueda impedirla, y prácticamente desaparecida de los medios de comunicación.

Con todo este panorama, llegó el debate del estado de la región y tendrán que llegar unos presupuestos regionales que llevarán el alma ultra de Vox si quieren ser aprobados. Se trata quizá de los dos momentos más relevantes de la política regional. Pero el debate fue una nueva estafa en la que la presidenta nada dijo de la pandemia a sólo un día de empezar a hablar de confinamientos selectivos en la región. Lo más destacable del debate fue la receta ultraliberal consistente en volver a rebajar el IRPF lo que además de suponer una vez más que paguen menos quienes más tienen, disminuirá los recursos propios de la Comunidad a la vez que reclama más recursos al Gobierno de España.

Anuncio este que vuelve a poner a Madrid como la región del dumping fiscal, de la insolidaridad y la desvergüenza, porque realmente desde el Ejecutivo regional no se hace más que solicitar “ayuda” al Gobierno de España, sin rebasar la humillante línea de solicitar el estado de alarma, que es lo que verdaderamente necesita esta región.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció y ofrece esta posibilidad pero Ayuso se niega a que quede evidenciada su absoluta incapacidad para dirigir la situación. Sánchez acudió a la sede de la Presidencia de Madrid en señal de buena fe. La presidenta, sin el más mínimo escrúpulo protocolario, y también al más estilo trumpista, comenzó a lanzar barbaridades sobre inmigrantes, okupas y el mantra que responsabiliza de todos los males al aeropuerto de Barajas.

Sin duda, la puesta en escena del encuentro resultó bastante patética, pero no dejaba de ser esperanzador hablar, dialogar. Pero quienes conocen a Ayuso sabían que eso iba a estallar por los aires como así sucedió a los cuatro días. La buena fe de Sánchez rozó la inocencia infantil cuando, tras las declaraciones de la presidenta madrileña, ni siquiera mencionó que Madrid es la Comunidad más beneficiada de España en la percepción de fondos del Gobierno de España para luchar contra la pandemia. El Gobierno de España no ha sido hasta ahora excesivamente exigente con Ayuso para que se contraten rastreadores ni médicos cuando desde España ya se han transferido fondos para ello. En definitiva, el resultado de la reunión ha terminado siendo peor porque ha generado desesperanza, multiplicidad de mensajes y hartazgo.

La presidenta de Madrid y su camarilla vienen proponiendo medidas claramente discriminatorias y segregadoras, que ahondan en la desigualdad que la derecha ha venido sembrando lustro a lustro en la región. Son medidas que no gustan a prácticamente nadie pues ni salvaguardan la salud de Madrid, ni su economía. Confinar zonas en las que vive una clase trabajadora que con sus preceptivos justificantes sale cada día a trabajar en atestados transportes públicos es un sinsentido. La propia Universidad Politécnica ha cifrado en más del 86 por ciento el número de personas que cada día salen de las zonas confinadas para trabajar. Las medidas tomadas la primera semana fueron graves, pero las decisiones adoptadas posteriormente han supuesto el cenit del desatino a la vista de los datos y las opiniones de expertos.

La actitud del Gobierno de Madrid, que hace oídos sordos a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ha llevado al ministro Illa a reaccionar duramente y con prontitud exigiendo a Díaz Ayuso que actúe y no mire hacia otro lado. Dadas las circunstancias resultaría lógico y deseable que si la presidenta no atiende a razones, el Gobierno de España tome las riendas directamente y declare el estado de alarma en Madrid.

En este escenario, sí se puede colegir que la política madrileña del PSOE, teledirigida desde Moncloa sin ningún rubor, no incluyera en su estrategia poder criticar el discurso de Ayuso. Esa falta de autonomía del socialismo madrileño es incompatible con un partido que defiende el federalismo para España, como recientemente nos recordaba Ramón Jáuregui en su artículo “Volver a Granada”, en referencia al documento de 2013 negociado por Alfredo Pérez Rubalcaba y titulado Hacia una estructura federal de Estado.

Así las cosas, con una ciudadanía madrileña huérfana de alguien a los mandos de la región y a la espera de que se declare el estado de alarma, es el momento de empujar la política desde el tejido social que está viviendo la pandemia a pie de tajo y no en despachos. Los sindicatos saben de los problemas sanitarios y en la enseñanza; saben de los problemas de transporte. Las asociaciones vecinales saben cómo se está sufriendo el confinamiento en las zonas más pobres; saben de las colas del hambre y de la actuación policial… Madrid tiene que reaccionar porque primero está en juego nuestra salud y nuestras vidas y después estará en juego la fórmula económica para salir de la crisis. Y no hace falta mucha experiencia para saber que la apuesta Ayuso pasa por el viejo y fracasado neoliberalismo. Ayuso tiene que rendir cuentas sobre qué está haciendo con el dinero, sobre las muertes que está provocando por falta de atención primaria, de rastreadores, de médicos…

Y en este escenario, el socialismo madrileño es un simple peón, sacrificable, en el tablero de la estrategia marcada por Moncloa. En ese contexto, cada día se muestra más evidente la incompatibilidad entre ser secretario general del PSOE de Madrid y delegado del Gobierno. Éste, por la lógica de las relaciones institucionales, no tiene por qué preocuparse por derrocar a Isabel Díaz Ayuso, pero al común de los socialistas madrileños sí. Porque la presidenta está despreciando la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Su presencia se hace insoportable en las calles y en los barrios, fundamentalmente en los más desfavorecidos. ¿O es que el momento de derrocarla será cuando haya logrado la inmunidad de rebaño?. ¿Muera quien muera?

Quizá este ahogo ciudadano es el que el Delegado del Gobierno no ha captado y se le han ido de las manos las cargas policiales de Vallecas. Cargas de todo punto desproporcionadas y nada profesionales. La Delegación de Gobierno debe depurar responsabilidades en una policía que cada vez tiene más complicidad con la ultraderecha. Este fenómeno no es sólo español, también está sucediendo en Alemania, donde, eso sí, cortan por lo sano.

Y en este escenario, en Madrid el vicepresidente Ignacio Aguado nos dio a elegir a la ciudadanía entre ser virus o vacuna. Ayuso es el virus. Sin duda.

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Manuel de la Rocha Rubí fue alcalde de Fuenlabrada entre 1979 y 1983 y diputado socialista en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados.

José José Quintana Viar también fue alcalde de Fuenlabrada entre 1983 y 2002, ha sido diputado y senador y es el actual presidente de la Agrupación Socialista de Fuenlabrada.

Alfonso Roldán Panadero, periodista, fue director de Madrid Sindical (CCOO de Madrid) entre 2008 y 2018.

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