Las disonancias con la vejez y las pensiones

El significado de la disonancia cognitiva se refiere a la tensión, malestar o incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles, o cuando nuestras creencias no están en armonía con nuestra conducta, con lo que hacemos.

Finalmente, el documento enviado por el Gobierno a Bruselas en relación a la reforma del sistema de pensiones parece haber decepcionado a todos aquellos que habían venido vinculando el fondo de reconstrucción europeo a una nueva vuelta de tuerca en materia de pensiones, en concreto con respecto a la ampliación del periodo de cálculo a treinta y cinco años para el cómputo de las pensiones futuras. Algo parecido ha ocurrido con respecto a la reforma laboral, al proponer la modificación profunda de la contrarreforma laboral del Partido Popular, comprometida en el programa del gobierno de coalición, aunque sin mencionar el término derogación.

Poco se habla, sin embargo, del alivio con que se ha acogido el texto remitido a Bruselas y no solo entre la izquierda. Una muestra más del desequilibrio informativo existente con respecto a una opinión pública con una sensibilidad mayoritariamente progresista.

Ahora hemos entrado en los dimes y diretes sobre el carácter de los informes iniciales y las razones para su rectificación, aunque lo más importante es haber despejado las nubes que ensombrecían la concertación social.

En el informe remitido en materia de pensiones se reafirman las medidas propuestas en las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad de los ingresos propios, deslindando los impropios, del sistema junto al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que habían sido cuestionados con las anteriores reformas centradas en los recortes mediante eufemismos como el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, sumados al retraso en la edad de jubilación de la reforma de 2011.

Por otra parte, se deja pendiente la concreción de otros temas delicados incluidos en las recomendaciones parlamentarias, como el método para el acercamiento de la edad efectiva a la edad legal de la jubilación ( por otra parte muy próximos), el incremento de la contributividad y su equilibrio con la solidaridad del sistema con carreras laborales cada vez más precarias y discontinuas) y el denominado mecanismo de equidad intergeneracional para desarrollos posteriores y sobre todo abiertos a la necesaria concertación social.

El Gobierno, por tanto, se ha limitado a remitir un documento de desarrollo que en los temas más polémicos se corresponde casi literalmente con las recomendaciones acordadas por un amplísimo consenso en el Pacto de Toledo. Un paso fundamental, ya que el mencionado pacto social y parlamentario había venido siendo vaciado de contenido, en particular en la última década de austeridad, fundamentalmente desde los propios gobiernos, pero que en el clima de desafección, indignación y populismo, también está siendo injustamente cuestionado, incluso desde algunas organizaciones de pensionistas en sus movilizaciones en la calle, durante los últimos tiempos.

Pero la disonancia no ha sido ni es solo cosa del pasado ni de la oposición conservadora empeñada en defender su legado. Casi inmediatamente después de los aplausos a las resoluciones aprobadas en el marco del Pacto de Toledo que apostaba por la consolidación del sistema y revalorización de las pensiones, ha empezado la labor de zapa encaminada a su impugnación. Una primera muestra ha consistido en los gestos de desagrado y la polémica pública ante la previsión de revalorización de las pensiones en el marco de los presupuestos para este año 2021.

Tampoco han sido tranquilizadoras las informaciones de los últimos meses, en que se ha vuelto sobre aspectos como los factores a tener en cuenta en la revalorización del poder adquisitivo de las pensiones para 2021, además del IPC, y más recientemente, incluso con mayor insistencia sobre los informes elaborados por parte del propio Ministerio de Seguridad Social del posible aumento a treinta y cinco los años de cómputo para la base reguladora, lo que supondría según esas mismas fuentes una rebaja mínima del cinco por ciento en las pensiones futuras, cuando ni siquiera ha culminado el periodo transitorio para el cómputo de los veinticinco años.

No se trata de ninguna novedad. Ya en la crisis de 2008, el rescate financiero o 'crédito europeo de inmejorables condiciones' en palabras del entonces presidente Rajoy, se aprovechó por parte del gobierno del Partido Popular para llevar a cabo los recortes y contrarreformas más duras, tanto en materia laboral como de pensiones, todas ellas al margen de la concertación social y del Pacto de Toledo. Se trataba pues de reeditar el mismo libreto pero con otros actores.

Un relato, o una 'narrativa' según el ministro Escrivá, que se había venido apuntando por parte de la oposición política tanto en España como en Europa, en primer lugar para vetar la aprobación del fondo de reconstrucción de la UE con el apoyo de los autodenominados países frugales y, una vez que éste se impuso como inevitable, con objeto de condicionar la percepción y la gestión de tan importante volumen de subvenciones y créditos destinados a la recuperación y la modernización de las economías afectadas por el impacto sanitario y económico de la pandemia, como está siendo en particular la española.

Primero con el objetivo de reducir la parte de las subvenciones en relación a los créditos, cosa que fracasó, luego para atribuirle la denominación peyorativa de rescate, que contó con igual fortuna, y finalmente para condicionar los fondos al mantenimiento de los pilares de la política económica neoliberal desarrollada por los gobiernos populares, con la sombra de un ya anunciado como el próximo plan de estabilidad financiera.

Dentro de esta estrategia también se encuentra la propuesta de una 'Agencia técnica y neutral' que arrebate de manos del gobierno y la política la gestión de tan importantes fondos europeos, a la que se añaden los intentos de deslegitimación del gobierno de coalición por parte de la oposición en el Parlamento Europeo y últimamente con las iniciativas de sus propios gobiernos autonómicos.

Se puede concluir de todo ello que si hay una disonancia en esta pandemia es la del trato a nuestras personas mayores y que ésta se está manifestando de forma descarnada en materia de pensiones. Sobre todo a raíz del escándalo de su desprotección en las residencias de mayores, cosa que no se compensa con la retórica hipócrita del elogio desmedido a su generación o con los golpes de pecho por lo sucedido, sino con una mínima sensibilidad con la situación que lo propicia y con la reconsideración del modelo residencial y de su gestión.

Ahora, en plena tercera ola de la pandemia, y después de que las personas mayores hayan sufrido sus efectos más letales, en que se está completando la vacunación de los más vulnerables en las residencias de ancianos y en qué se anuncia para marzo la vacunación de las personas mayores, sin embargo, esta lógica priorización en la vacunación como grupo prioritario, aparece ahora en abierta contradicción con la presión conservadora —y a veces no tan conservadora— para el recorte de las pensiones, otra vez con la mala excusa de las reformas comprometidas con el fondo de resiliencia y reconstrucción europeo.

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Por eso supone una buena cosa que el gobierno sea una coalición y por tanto que ese hecho haya propiciado que el gobierno en su conjunto haya reconsiderado los anuncios del propio Ministerio de Seguridad Social, consistentes en la profundización en los parámetros de ajuste de las reformas anteriores, abriendo paso por el contrario al desarrollo y concreción de las recomendaciones del Pacto de Toledo, al cumplimiento del programa de gobierno y con ello a la futura concertación social.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.