Las patentes del oligopolio farmacéutico y el negocio de las vacunas

Nos acercamos a los 2,2 millones de personas fallecidas a causa del covid-19. Y esta pandemia no será derrotada sin una lucha audaz y sostenida, basada en la cooperación internacional y en la defensa del derecho universal a la salud para garantizar medicamentos y vacunas de calidad, accesibles y asequibles a toda la población mundial.

Con millones de vidas en juego, la vacuna no puede ser un negocio ni objeto de puja por las grandes farmacéuticas, como pasara al inicio de la pandemia con los equipos y materiales de protección sanitaria. Los beneficios ilimitados de las farmacéuticas y su opacidad, aprovechando la angustia ciudadana, son indecentes.

Resulta inexplicable que, ante la urgencia por salvar vidas y conseguir la inmunidad de rebaño para avanzar en la recuperación económica y social, los poderes democráticos no hayan acordado mecanismos extraordinarios de acción. Porque la exclusividad en la producción de vacunas que otorgan las patentes a las grandes farmacéuticas, impide garantizar una producción masiva. No olvidemos que las vacunas también han de llegar sin dilación al Tercer Mundo.

En este escenario, las vacunas deben ser un bien público prioritario. Pero este objetivo choca con una producción limitada, derivada de los derechos que dan las patentes a un grupo de empresas que actúan como un oligopolio que marca precios, impide la competencia y considera las vacunas como un bien de mercado.

Como recuerda la OMS, hay fórmulas para que, en circunstancias excepcionales, los Estados liberen, licencien o expropien las patentes y consigan una producción intensiva de vacunas por todos los laboratorios que dispongan de instalaciones adecuadas. Se trata de acelerar su producción y distribución a un precio justo para poder inmunizar a toda la población del planeta.

Ante los retrasos en el envío y la reducción de vacunas, la decisión de la Comisión Europea de controlar las vacunas producidas en su territorio y bloquear su exportación a terceros países es una respuesta insuficiente. El problema de Bruselas empieza con su aceptación de contratos sin transparencia y con lagunas sobre compromisos claves que no frenan la prepotencia de las farmacéuticas. El problema continúa con la prevención de la UE a revisar el sistema de patentes de vacunas para que pueda anularse en situaciones de extrema necesidad. Estamos en ese caso.

Puede sonar a idealismo o a utopía, pero los demócratas debemos movilizarnos ante lo que está en juego. Es hora de que los Estados, de la mano de la OMS, la ONU y otras organizaciones médicas y humanitarias, acuerden una nueva regulación internacional de las patentes de medicamentos, sobre todo si han obtenido financiación pública para la fase de investigación.

Europa se convierte en el epicentro de la 'guerra mundial' de las vacunas

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La OMS y las asociaciones en defensa de la salud pública proponen reformas de las Declaraciones de la Organización Mundial de Comercio y de los tratados internacionales. Reformas que contemplen medidas como expropiar las patentes, conceder autorizaciones por los Estados para fabricar genéricos, la creación de un banco voluntario de aportación de derechos de patentes y datos de la investigación o la flexibilización en el uso de las patentes de modo acordado entre los Estados y las farmacéuticas. La razón es que el intereses público de la salud debe prevalecer por encima del derecho privativo.

La propia Unión Europea lideró en la última Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, en mayo de 2020 y en respuesta al covid, la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas de forma global. Pero no basta. Frente a una pandemia que se complica con la aparición de variantes del virus más contagiosas, el voluntarismo no sirve ante las farmacéuticas.

Odón Elorza es diputado del PSOE por Gipuzkoa.