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Plaza Pública

Un indulto legal... y justo

Jesús López-Medel
Publicada el 12/02/2021 a las 06:00

La política actual está basada, en buena parte, sobre la reiteración de mantras y mentiras. Una de ellas es la afirmación de que el indulto en tramitación a los líderes independentistas catalanes sería algo ilegal. Puede ser admisible políticamente opinar en contra de ello. Pero afirmar que sería algo contra-legen, es total mentira.

La figura del indulto tiene en España una regulación antiquísima. Data de 1870. Una normativa del siglo XIX para un indulto del siglo XXI es anacrónica, y más aún desde la Constitución de 1978. Es necesaria una completa nueva ley —de carácter Orgánica— acorde a principios del Estado de Derecho, con incremento del control jurídico y acentuando las limitaciones cuando, como en caso de indulto, sean facultades muy amplias.

En el debate general acerca de "indulto sí o no" hay autores clásicos que son contrarios. Mientras, otros opinan favorablemente sobre la utilidad que pudiera ofrecer. Pero mientras que esa nueva ley llega —que ninguno de los dos partidos mayoritarios desea— es indudable que esos indultos en marcha han de sujetarse, como todos, a la normativa vigente.

Una cosa es que rechacemos la arbitrariedad y el capricho en las concesiones de estas gracias, y otra que haya casos donde por razones "de justicia, equidad o utilidad social", según reza la ley actual, puedan otorgarse. Pero no es que deban, pues no existe lo que la Constitución denomina "derecho de gracia", pues ningún condenado tiene derecho subjetivo alguno a obtener este beneficio ni tampoco es un derecho del jefe del Estado concedente (su intervención se limita a firmar). Se trata más bien de una "prerrogativa" o un acto con discrecionalidad por quien lo otorga (el Consejo de Ministros) pero que ha de responder a unas causas (a mi juicio fiscalizables) razonables y a unos elementos formales. Entre ellos la motivación es fundamental. La legitimación para recurrir sería muy limitada, excluyéndose a partidos o ciudadanos.

Sobre los delitos indultables, la ley vigente no excluye ninguno, aunque acaso pudieran en una nueva norma rechazarse algunos tipos penales donde existiera un repugna de amplísimo consenso social (delitos de corrupción política o delitos sobre menores).

Pero lo cierto es que, actualmente, el artículo 1 de la ley aplicable admite el indulto respecto los responsables "de cualquier clase de delito", por lo que no podría excluirse a los condenados por delitos de sedición.

También debe aludirse a los supuestos que pudieran justificar el otorgamiento de un indulto. Para ello, decíamos, que la cobertura legal del artículo 11 es que concurran al favor del penado "razones de justicia, equidad o utilidad pública". Y aquí tiene un claro encaje el indulto pendiente a los líderes independentistas.

Pero en todo caso, es fundamental subrayar que, siendo una medida excepcional, debe quedar reducida sólo a supuestos excepcionales donde deben corregirse situaciones de injusticia material. Así, un típico supuesto viable de indulto es cuando se tratase de tipos penales que hayan quedado anticuados o cuando la pena resulte desmesurada. Esto último se ve, sobre todo, en delitos contra la salud pública, donde es fácil deducir unas exageradas sanciones.

Sobre la sedición, debe señalarse que es una figura penal propia del siglo XIX, que no ha tenido aplicación condenatoria hasta ahora y que conlleva penas muy desproporcionadas. Pero, además, debe conectarse en este caso con el total linchamiento sufrido por los inculpados durante un año y medio, promovido por ciertos partidos políticos y medios de comunicación militantes y exacerbados. Y ello, auspiciado por la instrucción penal de quienes no actuaron como jueces imparciales sino "patrióticos" y sesgados.

El Tribunal Supremo les exoneraría del delito de rebelión. Lo contrario habría sido un disparate jurídico. Quedaría el anacrónico de sedición que era muy discutible. Pero de algo les tenía que condenar una conservadora Sala II. Sobre la sedición, decíamos, las penas previstas y también las impuestas son muy desmesuradas.

Tras el alucinante alegato contrario, puramente político, del Ministerio Fiscal, incluso insistiendo sobre un delito no condenado, queda la opinión del Tribunal Supremo. Cualquiera que fuese, el Gobierno es quien debe libremente otorgar o no el indulto. Para ello debe valorar (artículo 24) también la conducta de los penados en la prisión y en sus tiempos de salida. Y en esto han sido intachables.

Podrá políticamente compartirse o no el indulto si se otorgase, pero es indudable que (salvo para los seguidores aquí en línea Trump de la mentira, el odio y la confrontación) ha de afirmarse claramente que, en caso de concesión de indulto, este sería claramente legal y de justicia.

Sin embargo, debe advertirse que debería evitarse que eso fuese más bien una pieza de cambio del Gobierno con fines, en interés o beneficio propio del partido concedente, en la "gobernabilidad" del Estado, o, en su caso, en Cataluña. Debe otorgarse porque procede por las razones expuestas. Sobre todo, de justicia.

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Jesús López-Medel es abogado del Estado y autor del libro 'Por una nueva ley de Indulto'.

 

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10 Comentarios
  • caurfe caurfe 12/02/21 16:22

    Me parece una vergüenza que a quienes han hecho tanto daño a Cataluña, separando a la población en dos bloques irreconciliables y generando tanto odio entre las partes, se les indulte sin mas y puedan seguir saltándose las leyes por encima del resto de la población. Eso es simplemente la ley de la selva

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  • RaulGomez RaulGomez 12/02/21 15:06

    Muy buen artículo. Todo ello, sin entrar en que ni siquiera fueron juzgados por el juez natural que les correspondía, el TSJ de Cataluña, sino por un Tribunal Supremo controlado por el PP por la puerta de atrás , según el propio PP, tal como quedó demostrado por la instrucción militante del Llarena y el enjuiciamiento parcial de Marchena. Tenemos que esperar a la justicia europea para disfrutar de un poco de normalidad democrática. Y lo dice un cántabro, como el autor del artículo, no un indepedentista catalán

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  • Moveros Moveros 12/02/21 11:38

    Cuando los indulten, cosa que es de sentido común y justicia, que apliquen la misma medida a los chicos de Altsasua.

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  • ribero ribero 12/02/21 11:02

    No voy a caer en la simpleza de pensar que están juzgados y condenados de acuerdo con las leyes porque ese es un terreno muy pantanoso pero, de una vez por todas, me encantaría saber por qué se juzgó a esta gente. Y tengo muchas más preguntas que respuestas. Es muy posible (no entiendo nada de leyes) que las acusaciones no sean las correctas pero ¿no pasa nada por saltarse la Constitución?. ¿Es parecido a bailar una sardana?. ¿Hubiera sido suficiente con que un juez de primera instancia les hubiera dicho "Sois unos chicos muy malos" y les hubiera hecho la ola?. Las dos últimas preguntas no son muy "científicas" pero me encantaría una respuesta a la primera. Salud.

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    • Jaquín Jaquín 12/02/21 12:08

      Pregunta vd si no pása nada por saltarse la Constitución y yo le contesto que, penalmente, NO. O mejor dicho, no debería pasar nada, porque a los "politicos presos" sí que le ha pasado. No existe el tipo delictivo "saltarse la Constitución" ni, siquiera, el de abominar de ella, por tanto, en virtud del principio de tipicidad ( nulla pena sine lege) esa conducta no puede ser perseguida penalmente. Para que se me entienda le pondré un ejemplo muy de actualidad: el Consejo General del Poder Judicial lleva dos años saltándose la Constitución sin que se haya procedido ( ni penal, ni judicial ni políticamente) contra él. Como si estuviesen bailándo una sardana.

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      • caurfe caurfe 12/02/21 16:24

        Pera parece una vergüenza que saltarse la ley no tenga ninguna pena. Según tu razonamiento esto sería la ley del mas fuerte y desparecería todo principio de seguridad. Me parece bochornoso tu comentario

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      • ribero ribero 12/02/21 12:14

        Gracias por tu aclaración. Quizá ahora lo voy viendo mas claro. Salud

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  • Jaco4 Jaco4 12/02/21 09:38

    Estoy completamente de acuerdo con el autor. No solo el indulto sería perfectamente legal, sino también justo. Y también estoy de acuerdo, como jurista, en sus consideraciones sobre la sentencia y el tipo delictivo aplicado. Más allá de las numerosas consideraciones jurídicas que permiten calificar de disparate la sentencia, hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención: ¿cómo es posible que se cometa un delito tan grave como la sedición (y no digamos ya la rebelión) a la vista de todos, durante un periodo prolongado en el tiempo, y no se persiga de inmediato sino transcurrido un mes y además adviertiendo que si se convocaban elecciones y se disolvía así el Parlamento catalán, la querella del Fiscal General no se presentaría. ¿Desde cuando la persecución o no de unos supuestos delitos, y muy graves, se condicionan a una actuación política? Esta es la evidencia de que los delitos imputados en realidad nunca existieron y su posterior imputación no fue sino un retorcimiento consciente y arbitrario del Código Penal.

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  • Jigsaw Lo Jigsaw Lo 12/02/21 09:38

    la realidad es que, el Inevitable indulto, es la única forma de enmendar un acto de Condena Judicial puramente política.
    Lo dictado como sentencia por el Sr. Marchena y sus muchachos fue solo, única y exclusivamente, UN ESCARMIENTO, una venganza, una advertencia ideológica.
    Ahora que ya todos los juristas de Europa se han posicionado declarando la aberración jurídica del Juicio al Proçes, no queda otra salida digna que un Indulto, cuando lo normal seria una Amnistia.

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  • Radic Radic 12/02/21 09:17

    No voy a entrar en la discusión jurídica sobre si rebelión o sedición. No tengo preparación para ello. Tampoco quiero sumarme a la esgrima leguleya de si galgos o podencos, tan querida en nuestro país. Simplifico la cuestión: NO contra el indulto eventual por el daño acusado: a la economía catalana, a la consideración externa de nuestro país, por la división social producida, por alentar la deriva española -y catalana- a vivir en la irreal ensoñación, etc. etc.
    SÍ porque ayudaría a resolver un conflicto político.
    Antes de otorgarlo habría que auscultar muy cuidadosamente las opiniones públicas y obrar en consecuencia. Que el eventual indulto sea un acto político, no una deriva ideológica.

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