Los enemigos íntimos de Felipe VI y la crisis de la monarquía

El rosario de noticias sobre el rey emérito y la familia del rey ha pasado de ser un calvario para la casa real a una crisis institucional y una vergüenza para la sociedad española. Para atajarlas no basta con la ya clásica estrategia del cortafuegos, consistente en excluir a los familiares y sus hechos reprobables, a la vez que se adelgaza cada vez más la familia y la casa real, pero tampoco con unas instituciones de pasivas a impotentes y con una sociedad dividida entre la justificación y el escándalo.

Una estrategia de cortafuegos que comenzó con el caso Urdangarin pero que ya entonces no pudo evitar que la infanta Cristina se sentase en el banquillo de los acusados y con ella se rasgó el velo de los negocios y la legitimidad de ejercicio del símbolo de la familia real. La crisis de la legitimidad de origen de la forma de Estado data ya de mucho antes.

Desde entonces, el deterioro de la credibilidad y de la imagen de la corona ha continuado agravándose, hasta la actual decadencia de la familia del rey y de la familia real, incluyendo a su fundador, el rey emérito don Juan Carlos.

Porque a día de hoy cabe preguntarse si la irresponsabilidad y el desplante reciente del rey emérito, primero con una abdicación forzada y luego con su reciente espantada de España, por lo que al parecer ha interpretado como muestras de ingratitud de su hijo y también de la democracia española para con su persona, ha traspasado con creces el límite de la irresponsabilidad y la deslealtad con España.

En los últimos días, hemos asistido a la guinda de la vacunación de Cristina y Elena, hermanas del actual rey Felipe VI, al margen del turno que les correspondería con el resto de los españoles. Un error de bulto que muestra hasta qué punto la familia del rey ignora que sus privilegios, que persisten tras su salida de la familia Real, conllevan,además de obligada ejemplaridad, importantes responsabilidades, siendo la primordial la del respeto a su pueblo. En primer lugar a la sociedad española que tanto les dio, luego el respeto a la prioridad ética y de salud pública de los más vulnerables y de los servidores públicos de primera línea frente a la pandemia. A todos los ciudadanos.

Porque tampoco es verdad que las vacunas, en plena pandemia letal, sean solo unos productos de mercado más que "me los ofrecieron y los cogí", o como falazmente ha argumentado la derecha, se pueden comprar y no le restan nada al resto de los ciudadanos españoles. Muy al contrario, las vacunas son bienes comunes, por ahora y por un cierto tiempo escasos, que forman parte fundamental del derecho humano a la salud en un contexto trágico de pandemia. También especialmente de los ciudadanos emiratíes, y con mucha más razón, al tratarse de una dictadura.

Las excusas de la derecha apuntan a una concepción del viejo régimen de vasallaje de una monarquía absolutista y para nada de un sistema democrático. Muy al estilo del populismo del hombre y la familia providencial de Vox, aunque inexplicable en una derecha que se proclama democrática.

Una gota más en un vaso hace tiempo desbordado, en que todo ha estado precedido y presidido por la repercusión escandalosa de las dos regularizaciones del desmesurado patrimonio del rey emérito, incluso en contextos tan significativos como en el entorno de la fiesta de la Constitución y ahora en el cuarenta aniversario del frustrado golpe del 23F.

Un escándalo porque pone en evidencia el enorme patrimonio de Don Juan Carlos que no se explica tan solo por una herencia no declarada a su debido tiempo, como se dijo en un primer momento, con ser ya muy grave en una institución como es la Jefatura del Estado.

Llueve sobre mojado con una segunda regularización de casi cuatro millones y medio de euros por el regalo de los viajes en aviones chárter, después de que el pasado mes de diciembre depositase en Hacienda otros casi seiscientos ochenta mil euros por el caso de las transferencias irregulares del industrial mexicano Sanginés-Krause.

Pero lo que es peor, las abultadas sumas hasta ahora conocidas apuntan al origen oscuro de la fortuna del ahora rey emérito ligada a las relaciones privilegiadas, tanto diplomáticas como económicas, aprovechándose a nivel particular de la máxima representación exterior de España, que ostentó durante décadas como jefe del Estado y primer servidor público.

Al patrimonio irregular, hay que sumar la voluntad de ocultamiento y los consiguientes manejos de fraude fiscal y blanqueo de capitales en paraísos fiscales para eludir sus obligaciones con Hacienda. En este sentido, han sido reconocidos últimamente los rumores de los manejos de sus testaferros.

A eso se añade que para sufragar las obligaciones con Hacienda se haya podido recurrir a supuestos créditos que en realidad no serían tales, sino donaciones que deberían estar por tanto sujetas a tributación.

En definitiva, la demolición descontrolada del patrimonio del rey Juan Carlos acumulado en la Transición política, por su propia mano, y su concurso inesperado a la campaña de sectores independentistas y populistas contra el ímprobo esfuerzo de generosidad social y política de la generación de la Transición. Todo ello con el silencio y la protección durante décadas de poderes políticos, económicos e institucionales que no han dado una sola explicación. Un daño autoinfligido de difícil reparación.

Pero no solo estamos ante un reto para la institución de la Jefatura del Estado, sino también y en particular para el resto de las principales instituciones democráticas, en especial para las que tienen la tarea de reparar el estropicio y depurar responsabilidades.

El incumplimiento fiscal y las décadas de inacción obligan a una intervención firme por parte de las instituciones democráticas, que pasará inicialmente por un papel primordial de la Hacienda pública y la Justicia para depurar los hechos y las responsabilidades. En este sentido, sería incomprensible que al margen de la sobreactuación de posiciones públicas republicanas por parte de unos y la defensa cerrada del statu quo constitucional por parte de otros en el seno del Gobierno, no viniesen acompañadas del cumplimiento exigente de sus responsabilidades como gobierno de la investigación, la sanción y en su caso de la acusación ante la justicia por parte del ministerio de Hacienda así como de la Fiscalía General del Estado. Como también por parte de un poder judicial que en los últimos tiempos se ha injerido en el poder político y no ha demostrado igual celo en sus funciones constitucionales.

Pero no solo. Si la jefatura del Estado aspira a sobrevivir, aunque sea a corto plazo, la poda periódica de las ramas secas no será suficiente como tampoco los son los pequeños retoques realizados hasta ahora por la fuerza de los acontecimientos.

Es imprescindible un cambio radical en relación a la inviolabilidad del rey, salvo para asuntos relacionados con el cargo, de la falta de transparencia y dación de cuentas mediante un estatuto de la casa real, así como en la opacidad y el trato de favor por parte del resto de las instituciones democráticas y de la sociedad civil que ha devenido en un clima de impunidad.

Recientes acontecimientos en países vecinos nos marcan el camino a seguir en la defensa de las instituciones democráticas. Es el caso del expresidente Sarkozy en Francia. La nación francesa, la república francesa, el estado Francés no entran en debates existenciales sobre la primera magistratura del Estado cuando un expresidente tiene que ser juzgado. La separación entre institución y persona es tan radicalmente evidente que la sociedad francesa no se debate entre cuáles sean los logros de una Presidencia en un momento histórico y la necesidad de juzgar con severidad, incluso con la cárcel, a quienes cuando la ocuparon se comportaron de forma ilegal. El jefe del Estado en ejercicio es el primero en solicitar transparencia. Aquí, nuestro jefe de Estado, cuando intuyó ilegalidades de su predecesor acudió con nocturnidad a un notario, en lugar de poner en marcha los mecanismos institucionales para defender al Estado al que representa.

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Y es que, en opinión de este republicano, la monarquía es una adherencia histórica de difícil encaje en una sociedad democrática compleja donde la transparencia es indiscutible y, al final, acaba alcanzando a todos. Estamos yendo contra natura al mantener una fórmula institucional que, por fuerza, ha de terminar. La democracia no puede contener una institución basada en la permanencia de un linaje. El mundo real ya no sostiene esa ficción cuya utilidad ya periclitó. La democracia requiere como componente esencial la renovación periódica y total del componente humano que encarna una institución. Al no hacer este análisis y permanecer en un análisis predemocrático que confunde persona y representación institucional, tanto la derecha nacional como el partido socialista entienden que para defender la génesis de nuestra Constitución hay que permanecer varados en la defensa de los logros de un personaje histórico que, como decía el filósofo, es humano, demasiado humano.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa