Plaza Pública

El papel clave (y desconocido) de España en la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Banderas de la UE junto a la Comisión Europea.

Francisco Aldecoa Luzárraga

Sorprende que el importante evento de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se ha retrasado a lo largo de un año y que por fin se ha resuelto convocar el pasado jueves 4 de marzo de 2021, no haya tenido apenas repercusión en la opinión pública española. A título de ejemplo, ya el propio jueves apareció en Agence Europe y a la mañana siguiente en Euroactive, EU observer, El político,… y a lo largo del fin de semana en muchos medios europeos. En el caso español creo que, salvo una nota de la agencia EFE, del viernes 5, bien hecha, no lo he visto en ningún sitio.

¿Por qué es de suma importancia esta Conferencia sobre el Futuro de Europa? Porque en los últimos meses en la Unión Europea se están tomando, de facto, decisiones bastante importantes de integración de alcance federal, y que están teniendo una enorme repercusión para los ciudadanos; como son el Plan de Recuperación, que es claramente federal porque su reparto es en base a las necesidades y la financiación se hace con un empréstito comunitario y no de los estados miembros, la casi duplicación del Marco Financiero Plurianual, que pasa del 1,05% del periodo anterior al 1,85% en el periodo 2021-2027; o la compra y distribución de vacunas, entre otros.

Sin embargo, con el retraso de la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa que estaba prevista para el 9 de mayo de 2020 en Dubrovnik (Croacia), en algunos medios se ha percibido que los Estados miembros tenían reservas y no se ponían de acuerdo con la misma celeridad con la que han tomado decisiones muy relevantes a la hora de contemplar las reformas de los Tratados, especialmente al no aceptar el nombramiento del federalista Guy Verhostaj como presidente de la misma o, al menos, representante del Parlamento Europeo, es decir, los retrasos no eran solo por la pandemia.

Al desbloquearse la Conferencia, parece que existe cierta oportunidad para que las decisiones audaces que se tomaron en el segundo semestre de 2020 se puedan transformar en decisiones también de alcance jurídico ya que, para que pueda tener éxito, es imprescindible que haya una reforma de las instituciones y del sistema de competencias, con lo cual, es necesario reformar el Tratado. Con objeto de que ajusten a las nuevas demandas políticas, económicas y sociales originadas por los efectos de la pandemia. Y, sobre todo, habrá que dar los pasos formales hacia una estructura más federal de la UE.

Me han llenado de satisfacción las últimas incorporaciones a la Estrategia de Acción Exterior Española, donde en su página 65 se señala que "España impulsará una Unión Europea más federal" […] "La Conferencia sobre el Futuro de Europa ofrece una oportunidad única para avanzar en este sentido, y España aspira a tener un papel fundamental, propositivo y dinamizador en ella. La Presidencia Semestral del Consejo de la UE por parte de España, en la segunda mitad de 2023, brindará una excelente ocasión, en estrecha colaboración con las Presidencias precedentes y las instituciones de la Unión, para avanzar en este proceso de cambio y renovación". Con esta declaración, a mi juicio, España se suma al grupo de estados liderado por el eje franco-alemán que están impulsando la Conferencia como un paso previo a una reforma más profunda.

La concepción de la iniciativa de celebrar la Conferencia sobre el Futuro de Europa no era celebrar una Convención Europea. La principal y relevante diferencia entre la Conferencia y la Convención es justamente la participación de la sociedad civil, de los ciudadanos y ciudadanas, en pie de igualdad, con el resto de las instituciones y con una importante participación de los jóvenes; ya que la participación en la Convención está reservada solo a las instituciones europeas y nacionales tal y como regulan el Tratado de la Unión Europea.

Por ello, hay que recordar que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su toma de investidura el 16 de julio de 2019, reflejaba que el principal objetivo es dar voz a la ciudadanía, y quedó plasmado en sus palabras: "[…] deberá reunir a los ciudadanos y a las Instituciones Europeas como socios en pie de igualdad […] con una importante participación de los jóvenes […] Estoy abierta a la reforma de los Tratados".

Sin embargo, la Declaración Interinstitucional que se ha firmado en el Parlamento Europeo este 10 de marzo entre las tres instituciones no recoge ninguno de los cinco puntos que viene reivindicando la sociedad civil europea y, especialmente, tanto el Movimiento Europeo Internacional (MEI) como el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (CFEME) como son la participación de la sociedad civil organizada, la importante participación de los jóvenes, ni la reforma de los tratados. Por otro lado, desde el MEI se critica que la toma de decisiones se adopte por consenso y que no quede claro que la Conferencia no es una Pre-Convención o una antesala a la misma, sino que debe constituir un debate ciudadano sobre el futuro de la Unión Europea.

No obstante, el hecho de que no se recoja con claridad ninguno de estos cinco puntos no quiere decir que en los desarrollos posteriores, que se tendrán que hacer de forma inmediata, se puede clarificar a través de las medidas ejecutivas la participación de la sociedad civil, la importante participación de los jóvenes, la posibilidad de reforma de los tratados, ya que no se excluye esta posibilidad, como sí ocurría en documentos anteriores; la mejora de la decisión, es decir, que no sea solo por consenso; y, finalmente, la garantía de una participación democrática de la ciudadanía que diferencie a la CoFoE de una Convención Europea cuya estructura ya está regulada en el artículo 48 del Tratado; puede todavía resolverse.

El Movimiento Europeo Internacional y algunas de sus secciones nacionales, como la nuestra, debe tener una participación directa, dada su legitimación histórica y vinculación con la construcción europea desde su creación en el Congreso de Europa celebrado en La Haya en 1948, tal y como el CFEME ya reivindicó y reiteró en la Declaración del 20 de enero de 2020 sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Asimismo, también formuló sus reivindicaciones a través de la publicación del libro El debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. A los 70 años de la Declaración Schuman (Madrid, Marcial Pons, 2020). Y también ha actuado y ha propuesto, junto con otras secciones nacionales, la Declaración del Movimiento Europeo Internacional sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Hay que recordar que dicho Congreso fue organizado por la sociedad civil y fue quien impulsó la creación de la actual construcción europea. Por ello, el CFEME, que es una de las secciones del Movimiento Europeo Internacional, dada su trayectoria histórica desde su creación hace 72 años y su presencia tanto en España como en Europa defendiendo la profundización federal de la misma, debe estar presente singularmente en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Asimismo, cabe destacar que el CFEME es una de las pocas o la única organización de la sociedad civil española dedicada a la integración europea que tiene representación y sedes en prácticamente todas las comunidades autónomas y que viene trabajando de forma continuada desde su creación en 1949.

En este sentido, el Movimiento Europeo Internacional publicó su Declaración el pasado 3 de marzo de 2021, y en el mismo sentido se pronunció el CFEME un día después, en su Declaración sobre la CoFoE, señalando los puntos anteriormente citados, y que los temas a tratar en la Conferencia, al igual que ocurre con la participación de la sociedad civil y la reforma de los tratados, no están delimitados, han de ser:

  1. La mejora de la calidad democrática europea.
  2. El reforzamiento del Modelo Social europeo y, por tanto, la ampliación de las competencias en el ámbito de la Política Social.
  3. La creación de la Unión Europea de la Salud con efectos transversales en todas las políticas de la Unión, con objeto de una mayor protección de la ciudadanía europea.
  4. La profundización de una Unión Económica y Monetaria, para una economía que trabaja en favor de las personas, con el desarrollo de la Unión Bancaria y la Unión Fiscal.
  5. La mejora de la Política de Migraciones y Asilo, que hasta ahora no se ve respaldada por una competencia de la Unión lo suficientemente consistente.
  6. El Pacto Verde Europeo para desarrollar un modelo sostenible, que contribuya a dar una respuesta efectiva y ambiciosa al problema actual del cambio climático.
  7. El desarrollo de un modelo digital y tecnológico propio coherente con los valores y principios de la Unión Europea.
  8. Avanzar en la ampliación de la noción de autonomía estratégica y desarrollar una Política exterior, de seguridad y defensa para conseguir una Europa más fuerte en el mundo.
  9. La educación, cultura y deporte europeo.
  10. La inclusión de la igualdad entre hombres y mujeres de manera transversal en todos los ámbitos y políticas de la Unión Europea.
  11. La mejora de la participación regional, especialmente de las nacionalidades y regiones europeas con competencias legislativas y de las regiones ultraperiféricas.

 

En este sentido, la Conferencia sobre el Futuro de Europa supondrá una oportunidad para la Unión Europea y para España. Así pues, en los primeros borradores de la convocatoria figuraba que la misma iba a durar dos años. Sin embargo, en la Declaración Interinstitucional se señala que terminará en la primavera del año 2022 con objeto, aunque no se diga expresamente, de que sea antes de las elecciones presidenciales francesas. Este nuevo calendario facilita que en el segundo semestre del 2022 y en el primero de 2023 se pueda celebrar la Convención Europea y la Conferencia Intergubernamental, de manera que la firma del Tratado se pueda realizar en el segundo semestre de 2023.

Con ello se puede conseguir que la ratificación del mismo sea antes de las elecciones europeas de 2024 y, por lo tanto, se puedan celebrar las mismas en el marco de un nuevo tratado. Asimismo, esta ventaja también puede favorecer que en la V Presidencia Española, que será ocupada durante el segundo semestre de 2023, se pueda firmar el nuevo tratado con lo que, por primera vez, una ciudad española llevaría el nombre de uno de los tratados constitutivos.

Por último, hay que señalar que, al parecer, como consecuencia de que el Parlamento Europeo ha exigido que el trabajo de la Presidencia cuente con el apoyo de una Junta Ejecutiva compuesta por 3 representantes y 4 observadores de cada institución y, en este sentido, el Consejo de la UE está representado en la Junta Ejecutiva por su Presidencia, ahora Portugal, que actuará como copresidente y las dos Presidencias entrantes, Eslovenia y Francia. Y las cuatro Presidencias siguientes serán observadoras, República Checa, Suecia, España y Bélgica. Con ello, España va a estar presente en este proceso con grandes posibilidades de tener un papel relevante.

Como consecuencia de la convocatoria de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, se abre un proceso político de enorme transcendencia que puede terminar en una reforma del Tratado de la Unión Europea en el que se recoja el avance federal que de facto se ha adoptado en los últimos meses. España podrá jugar un papel fundamental, ya que será uno de los estados que más se está beneficiando de estos avances.

Echamos de menos en la Declaración Interinstitucional que, teniendo en cuenta que la Conferencia es el lugar de encuentro en pie de igualdad entre los representantes de las instituciones y la sociedad civil, la Junta Directiva esté formada únicamente por los representantes de las instituciones. Esto ha tenido mucha controversia, pero no se hace referencia alguna a que los representantes de la sociedad civil y los ciudadanos también tendrán que estar en la Junta Directiva para que la Dirección siga en pie de igualdad, como formuló inicialmente Ursula von der Leyen.

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Lo que llama la atención es que la opinión pública española esté prácticamente de espaldas a este proceso, cuando es uno de los Estados a los que más beneficios le puede generar, ya que las situaciones de hecho se pueden convertir en situaciones de derecho como consecuencia de este proceso y, además, puede ocurrir que sea el primer tratado que lleve el nombre de una capital española.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

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