Los retos de la gobernanza en un Estado autonómico

La pandemia ha descubierto un modelo de gobernanza democrática que debiera reforzarse y ha activado los órganos de cooperación intergubernamental. Es un proceso que necesita tener continuidad para perfeccionar el funcionamiento del Estado autonómico.

La gestión política del Estado de alarma y sus distintas fases necesitaba la lucha unitaria del Gobierno central con el conjunto de las administraciones públicas contra las consecuencias del covid-19 en los ámbitos sanitario, social y económico. La pandemia puso en evidencia las carencias de nuestra organización territorial, así como la potencialidad de los mecanismos de cooperación multilateral para la toma de decisiones compartidas.

La Constitución no contempla en su Título VIII ningún precepto que recoja explícitamente los principios de colaboración o coordinación ni los órganos de cooperación de aplicación a la relación entre las administraciones del Estado autonómico ni la lealtad institucional. Todos son instrumentos imprescindibles que hay que conjugar para cohesionar un Estado plural y descentralizado.

Sí recoge el principio de solidaridad, aunque en opinión del Consejo de Estado las referencias que hay en la Constitución están lejos de satisfacer la necesidad de determinar su ámbito y contenido. Se requiere precisar las obligaciones que se desprenden de un principio constitucional básico. Pero eso nos llevaría a la necesaria reforma de la Constitución.

En España se han activado los mecanismos de cooperación entre las diferentes administraciones que permanecían hibernados por irresponsabilidad del PP y que han permitido construir una arquitectura democrática de gobernanza compartida. En concreto, la convocatoria, a iniciativa del presidente Pedro Sánchez, de la Conferencia de Presidentes, el Consejo Interterritorial de Salud y las Conferencias Sectoriales han alimentado una gobernanza democrática en un Estado compuesto que posibilita la consulta, deliberación y toma de decisiones compartidas entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas.

En las naciones europeas de estructura federal, estas herramientas para la cooperación sirven para tratar las cuestiones más trascendentes del país. En España, facilitan el diálogo y la participación de las comunidades autónomas en los procesos de formación de la voluntad del Estado, tanto en los asuntos específicamente territoriales o los de carácter estratégico como en las materias del ámbito comunitario europeo. Ahora, afrontarán el reto de una gestión eficaz y transparente de los Fondos Europeos para la recuperación económica y la colaboración en las transiciones ecológica y digital. La gobernanza del Estado de las autonomías, así entendida, contribuye a reforzar la democracia en el entramado institucional.

Necesitamos apostar por las conferencias de cooperación porque sirven para la coordinación de las políticas y las relaciones de colaboración entre las distintas instancias territoriales de poder. Un funcionamiento óptimo de los órganos de cooperación podrá actuar sobre la excesiva conflictividad entre las partes, la priorización de algunas comunidades a las relaciones bilaterales (planteamiento confederal), la insuficiente participación de las autonomías en materias que les afectan directamente como las políticas que defiende el Estado en la UE, y sobre la ausencia de una cultura política de cooperación tanto horizontal entre comunidades como vertical entre los gobiernos de España y comunidades autónomas.

La Conferencia de Presidentes puede hacer avanzar los objetivos de mayor integración y cohesión del Estado. Por eso es aconsejable dotar al sistema de gobernanza de una mayor formalización e incluir las conferencias en el texto constitucional por su contribución clave al mejor funcionamiento de un Estado descentralizado que debe conectar con la cultura federal.

El modelo de gobernanza requerirá la celebración regular y planificada de las conferencias de presidentes y sectoriales que permitan, además, fortalecer el principio de lealtad entre las instituciones. Asimismo, es necesario institucionalizar el sistema de gobernanza avanzando en una mayor concreción de las reglas democráticas para la toma de decisiones. Además, la gobernanza participativa supondrá la profundización de los procesos deliberativos con la sociedad, agentes sociales y organizaciones cívicas.

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Odón Elorza es secretario de Democracia Participativa y Transparencia de la CEF del PSOE