Sobre la calidad de las universidades privadas

Desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso hemos presentado y sacado adelante una Proposición No de Ley en la última Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, instando al Gobierno de España a que establezca, en la nueva regulación para la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, criterios para que los centros de carácter privado de nueva creación dispongan de estándares de calidad equiparables a los que se exige a los públicos, así como también la fijación de mecanismos para que, de forma paulatina, estos requisitos se exijan a las universidades existentes.

El Gobierno, a través del Ministerio de Universidades, ha fijado una importante agenda normativa, entre la que se encuentra el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitariosEsta regulación es muy necesaria, ya que corregirá las debilidades detectadas, especialmente en algunas universidades privadas. Por ejemplo, algunas de estas instituciones no ofrecen estudios de diferentes ramas de conocimiento o, ni siquiera, los ofertan en los tres ciclos universitarios (grado, máster y doctorado). En un número considerable no existen estudios de doctorado y hay centros en los que la oferta de formación permanente tiene más peso que la conducente a títulos oficiales. La escasez de actividad investigadora es también la norma en numerosos centros privados.

A principios de los años ochenta, España contaba con 33 universidades públicas y 4 privadas, hoy día existen 50 públicas y 37 privadas. El crecimiento de estas últimas se produjo principalmente en el siglo XXI y, en no pocos casos, se llevó a cabo sin el rigor suficiente. El diagnóstico está hecho; por ello, debe establecerse una regulación exigente para que las universidades privadas cumplan con requisitos de calidad al nivel de los exigidos a las públicas. En este tiempo se ha hablado poco de la propuesta del Ministerio, un proyecto normativo que debemos poner en valor porque supone un gran avance que permitirá que solo las instituciones verdaderamente universitarias, establecidas con unos criterios objetivos de calidad, puedan llamarse universidades.

Es sabido que desde el PSOE apostamos por la universidad pública, lo que no significa que nos opongamos a la privada; no obstante esto, tenemos claro que para que una institución pueda llamarse universidad debe contribuir a la calidad del sistema universitario. Las universidades deben velar por la calidad de sus enseñanzas, posibilitar y potenciar la investigación, facilitar la transferencia; deberían estar obligadas, desde su propia esencia, a cumplir con todas las funciones que el país y el conjunto de la sociedad esperan de ellas.

Lo razonable sería que el PP se situase en esta misma posición. Pero no, los populares se situaron y votaron en contra de esta Proposición No de Ley debatida en Comisión, definiéndose como defensores de la universidad pública, pero poniéndose del lado de la privada, o, para ser más precisos, de la privada de poca calidad, porque lo único que se pretende con la nueva regulación es elevar el rigor y la calidad de los centros universitarios.

El principal argumento al que se acogió el PP a través de su portavoz en la Comisión para oponerse a la iniciativa fue que desde el PSOE pretendíamos “crear desconfianza hacia las universidades privadas”, cuando saben que se trata de lo contrario. A pesar de ese malintencionado argumento, hay que reconocer que no se atrevieron a llegar al nivel del portavoz de Vox, quien afirmó durante el debate que “todos queremos que nuestros hijos, si podemos llevarlos, vayan a las universidades privadas porque son, objetivamente, las que más calidad tienen”, tal y como se puede comprobar en el Diario de Sesiones. En definitiva, existe un cuestionamiento de las derechas a lo público, permitiendo que aflore lo privado con total descontrol, eso sí, para quien se lo pueda permitir. En resumen, modelo neoliberal.

Esta regulación afecta también a las universidades públicas, que presentan carencias, sobre todo en la estabilidad de las plantillas del Personal Docente e Investigador. Esta precariedad y temporalidad en la universidad pública tiene una causa directa, los duros recortes que la universidad española sufrió con el último gobierno del Partido Popular. Ese gobierno aplicó una exigua tasa de reposición, lo que propició el abuso de las figuras de PDI precarias, parciales e inestables, truncando las expectativas profesionales y vitales de una gran parte del profesorado, especialmente de aquel que estaba comenzando a iniciar y consolidar su vida profesional, expulsando, además, a una gran parte de nuestros investigadores e investigadoras.

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Las políticas del gobierno de Pedro Sánchez han comenzado a revertir esta situación y la agenda normativa que queda por delante será de gran ayuda; esta se suma al esfuerzo presupuestario y al aumento de la tasa de reposición. Podríamos proseguir con las políticas de tasas y becas que se están desarrollando por parte del Gobierno, pero la intención de este texto no es otra que poner en valor la regulación que se está llevando a cabo sobre la calidad de las universidades privadas, algo que parece que no le gusta al Partido Popular. Esta regulación es beneficiosa no solo para el sistema universitario español sino, también, para las propias instituciones privadas que realmente son universidades y, sin duda, para el estudiantado que en ellas se forma.

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Roberto García Morís. Diputado por Asturias y Portavoz de Universidades del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.