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España, un buen país para el gran fraude fiscal

Publicada el 20/04/2021 a las 06:00 Actualizada el 20/04/2021 a las 08:01

En España se calcula que el monto de fraude, evasión y elusión asciende a unos 60.000 millones de euros. Este fraude se combate, con unos medios limitados, desde la Agencia Tributaria (AEAT). Se considera que el 70% de este fraude es causado por grandes empresas o grandes fortunas.

Nuestro fraude está en torno al doble de la media europea, por lo que, si se lucha contra él con todos los medios, solo con igualar la media europea, podría reducirse en unos 30.000 millones de euros.

Este volumen de fraude tiene un peso importante en que la presión fiscal que tenemos en España los impuestos que se cobran con respecto a la cifra de PIB sea tan baja comparada con la Eurozona. Esta diferencia representa aproximadamente un 6% del PIB menos de ingresos, o sea unos 70.000 millones de euros.

Vamos a analizar POR QUÉ tenemos ese enorme fraude:

  1. En primer lugar, porque España es el país europeo que tiene menos personal en las administraciones tributarias, 53 personas por millón de habitantes, frente a la media europea de 86 personas por millón de habitantes. O sea, un 40 % menos que en Europa. Alemania tiene una administración tributaria de 132 personas por millón, o sea un 150% más. Estas administraciones son las responsables de evitar el fraude, la evasión y la elusión. Sin duda, nuestro enorme monto de fraude, evasión y elusión se reduciría si tuviéramos el mismo nivel de personal en las administraciones tributarias que la media europea.
  2. Además, teniendo poco personal, aunque tenga una magnífica formación y un excelente sistema informático, el plazo de prescripción para poder “pillar “a los grandes defraudadores es solo de 4 años. Por ello, la inspección tendría que ser exageradamente eficaz, para poder encontrar a esos grandes defraudadores, que cuentan con un soberbio asesoramiento fiscal, en ocasiones de exinspectores de Hacienda en excedencia.
  3. El límite para los grandes fraudes, o sea los de más de 600.000€, que son delito fiscal, tienen un plazo de 5 años, aunque otros delitos de similar gravedad tienen un plazo de 10 años. Por ello, aunque sea un gran delito, se tiene un plazo muy corto para detectarlo.
    A la situación anterior hay que sumarle que el volumen de jueces y fiscales que tenemos en España es la mitad que el del resto de Europa, y que su formación en temas fiscales es muy limitada, por lo que incluso en el supuesto de haberse detectado y perseguido en el corto plazo de 5 años, se tardarán otros muchos años en lograr tener una sentencia que les condene. Hay que mencionar también las diversas argucias legales que sin duda utilizan los bufetes que asesoran a los grandes defraudadores, para dilatar y llegar a atenuar o anular enormemente las penas.
  4. Por otra parte, un grupo importante de especialistas, los técnicos de Hacienda, que representan la tercera parte del personal, tienen un techo de investigación de 4 millones de euros de facturación de las empresas para actuaciones de carácter general. Eso implica que solo pueden inspeccionar a las muy pequeñas empresas. Si confluyéramos con Europa, se aumentaría dicho límite, ya que en Europa se considera pequeña empresa a la que factura 10 millones de euros.

 

CONCLUSION: si el volumen de personal de inspección es muy reducido, y más todavía para investigar a los grandes defraudadores, y los pocos que hay solo tienen un plazo de 4 años para “pillarlos”, el resultado es evidente: España es un buen país para el gran fraude fiscal.

Y así seguirá siendo si no se modifica el Proyecto de Ley contra el Fraude actualmente en el Congreso de los Diputados, ya que no incluye ninguna de estas mejoras necesarias para reducir ese fraude: no aumenta la plantilla, no aumenta el techo de inspección de los técnicos, no aumenta el plazo de prescripción de la investigación ni tampoco el del delito fiscal.

La Plataforma por la Justicia Fiscal, la mayor coalición de la sociedad civil en fiscalidad, ha solicitado estos cambios en la Ley contra el fraude. Estas propuestas están incluidas en las enmiendas presentadas pero deben aprobarse en el Congreso.

Desde el punto de vista económico, solo la primera de nuestras propuestas, aumentar la plantilla, tiene algún coste. Pero es que la AEAT ha disminuido su gente de unos 28.000 en 2008 a unas 25.000 en 2020. Este mayor coste en inspección fiscal es en realidad una inversión, no un gasto, porque producirán muchos beneficios para el resto del Estado en muy poco tiempo.

El resto de propuestas que la Plataforma por la Justicia fiscal está haciendo no tiene coste económico ni político para los españoles y es evidente que de esa forma se podría reducir el gran fraude y mejorar los ingresos para toda España.

___________

Miguel Gorospe es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal

 

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7 Comentarios
  • senenoa senenoa 20/04/21 14:20

    Buen y necesario artículo. Faltó decir quién o quienes son los responsables de esta situación (más allá de los verdaderos responsables, que somos los ciudadanos y nuestros votos). El PP se ha ocupado (con Aznar y con Rajoy) en todos sus gobiernos con mayoría absoluta, en desmantelar la agencia tributaria (sobre todo los altos funcionarios dedicados a perseguir la corrupción y el gran fraude fiscal) y en legislar a favor de la evasión fiscal, la prescripción de los delitos económicos (y de los de corrupción y latrocinio de lo público) y las penas por malversación de fondos públicos.
    El PP ha sido, y sigue siendo, un cáncer terminal para la democracia y para la ciudadanía de este país. Deberíamos darnos cuenta y obrar en consecuencia...
    Mientras tanto sigamos ocupándonos del futbol, la telebasura y de tomar cañas en los bares.

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  • CinicoRadical CinicoRadical 20/04/21 11:30

    Toda persona mediamente informada sabe que la ley está hecha para el robagallinas.
    +Quijotes
    - Pillos.

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  • Toreador Toreador 20/04/21 10:47

    La situación que se describe en este artículo es sencillamente un insulto para los que pagamos nuestros impuestos, pues viene a decirnos que somos unos imbeciles por pagar. Si esto es así desde ahora lo que debemos de hacer los imbeciles es tratar de defraudar lo más que podamos. Como no hay solidaridad y los gobiernos lo consienten, todos a defraudar!!!!! y viva la corrupción generalizada. Salud y Republica.

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  • Larry2 Larry2 20/04/21 10:10

    Buen artículo, el diagnostico está hecho. Tengo pocas esperanzas de que mejoremos en combatir el fraude fiscal. No interesa, va en perjuicio de los siempre, y en beneficio de los de siempre. Solo nos queda votar al que creamos que va a luchar más por la justicia fiscal. Una pena, ejemplo contrario Madrid, ciudad del dumping fiscal, y la gente encantada, agur.

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  • jumar jumar 20/04/21 09:32

    buena aclaración Miguel :

    -aumentar el personal (un 40% mínimo) de la administración tributaria.
    -el plazo de prescripción (más 600.000€) delitos, (de 5 a 10 años como el resto)
    -duplicar fiscales y jueces (justicia rápida, combatiendo argucias legales).
    -Subir el techo de investigación a los técnicos de hacienda (de 4 a 10 millones)

    La receta parece fácil y posible de llevar a la práctica, a parte el beneficio fiscal salta a la vista.

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  • Canija Canija 20/04/21 08:05

    Bueno pues parece que el problema está identificado, vamos a ver si las intenciones del gobierno pasan por solucionarlo. Sigue siendo un escándalo que el estado del bienestar esté sostenido por los ciudadanos que estamos sujetos a nómina y las grandes empresas y fortunas se vayan de rositas

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    • calima calima 20/04/21 14:08

      No va a cambiar, porque sencillamente se benefician los ricos

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