Unir tres hilos: despliegue de renovables, respeto al medio ambiente y desarrollo territorial

Una premisa previa para entender nuestra posición: estamos comprometidos con los acuerdos internacionales y sus objetivos para la descarbonización de la economía, apoyamos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aunque proponemos enmiendas, y apostamos por las energías renovables.

¿Cómo se está diseñando el despliegue de renovables actual que tiene como objetivo alcanzar los 160 gigavatios instalados en 2030? Respecto a la propiedad, la inmensa mayoría de los proyectos energéticos de renovables en España están promovidos por grandes empresas, sin aprovechar o quizá evitando las ventajas para democratizar la electricidad que ofrecen tanto la generación distribuida como el autoconsumo; una oportunidad para que las cooperativas agrarias sean también cooperativas energéticas e igualmente para barrios, comunidades de vecinos y núcleos rurales. Con relación a su emplazamiento, las macrocentrales eólicas y las macroplantas fotovoltaicas se localizan en zonas de espacios naturales o en áreas agrarias de baja productividad donde, por lo tanto, el precio del suelo es bajo y existen los recursos: el viento y la insolación.

Teruel no es la excepción. Solamente es diferente porque este despliegue de renovables se ha iniciado con retraso, ya que en 2019 existían 398 MW y, con una rapidez vertiginosa, se pretende llegar a los 7.000 MW en 2030. Por otro lado, en Aragón como en otras comunidades autónomas no existe una norma específica de implantación, las evaluaciones ambientales deberían ser más exigentes, al igual que la protección de los paisajes, respetando las cartas de paisaje y la ordenación del territorio en vigor. Nuestra provincia comparte con el resto del país el abuso de posición por parte de las empresas, facilitado por la ausencia de apoyo o de protección por parte del Estado hacia las comunidades locales, es decir, a los Ayuntamientos y a los propietarios de los suelos.

Parece un contrasentido que una suerte de sucesión de decisiones, aparentemente sin timón ni guía en casi todas las comunidades autónomas, están implementando la transición energética y el despliegue de las renovables a costa de los espacios naturales y de montes y parcelas agrarias de la España vaciada. ¿Es razonable una transición energética a costa de la biodiversidad o de la producción natural de alimentos? No debería preocuparnos esta propuesta que persigue un objetivo sostenible y eficiente, como es electrificar la economía, alcanzando su imprescindible descarbonización, para conseguir la distribución y el consumo de electricidad verde que, paradójicamente, se ha producido a costa de la biodiversidad, de la agricultura sostenible y del incremento de la despoblación del medio rural.

Frente a este proceso y desde la realidad de que las políticas energéticas obvian que los hechos que regulan suceden en territorios concretos, hemos defendido que, en el contexto de la transición energética, es necesaria e imprescindible dotar de una dimensión territorial a las políticas energéticas y de cambio climático. Que los hechos económicos de estas políticas no se limitan a la abstracción de las subastas o al mercado energético, sino que se producen y tienen efectos en las parcelas y montes de agricultores y ayuntamientos. Aunque es imprescindible, no podemos como sociedad limitarnos a la fijación de objetivos de reducción para las emisiones de CO2.

Esta necesidad de dotar con un pilar territorial a las políticas energética y de lucha contra el cambio climático  es lo que hemos defendido en las enmiendas a la ley, en las intervenciones en el Parlamento y en la proposición no de ley para el desarrollo de las renovables. Nuestra posición no tiene dudas: apoyamos la Ley de Cambio Climático y apostamos por las energías renovables. Pero hay que cuidar todos sus emplazamientos, reducir y aminorar su impacto ambiental y paisajístico y extender los beneficios de las renovables a las comunidades locales y a los territorios en los que se implantan.

Dadas las dimensiones actuales de los aerogeneradores (200 metros de altura) y el tamaño de macroparques y macroplantas fotovoltaicas, muchos observadores imparciales perciben el despliegue de energías renovables como una modalidad de industrialización de los espacios naturales y de las parcelas agropecuarias. Un cambio de usos de suelo sin que medie normativa ni directriz alguna. ¿Nadie tiene nada que alegar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico? Muchos gobiernos de comunidades autónomas quizá tendrían algo que decir, dado que disponen de cartas de paisaje aprobadas y de leyes y planes de ordenación del territorio en vigor.

Sin que sea una referencia perfecta, por deficiencias como la tolerancia a la fragmentación de parques, la Generalitat de Cataluña cuenta con un Decreto-Ley de 2019 que regula la implantación de renovables, así como un órgano colegiado (Ponencia de energías renovables) que debe autorizar los proyectos de manera específica. Al menos es un sistema de gestión que debería servir de filtro para que los proyectos se ajusten a la normativa y, también, controla y debe aprobar la transmisión de las autorizaciones concedidas. Se trata de un paso necesario que además protege la Red Natura 2000 pero no es suficiente; esta legislación catalana mantiene una carencia común en toda España: la no utilización de los modelos de propiedad cooperativa que podrían involucrar económicamente a la población local, y que ya han dado unos resultados muy positivos en algunos países europeos.

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Retomo el punto de partida; para aprovechar la oportunidad que abre la transición energética, para incorporar a Teruel o cualquier otra provincia de interior, en esta nueva transformación económica, para democratizar la electricidad y conseguir que el nuevo crecimiento económico alcance a todos los grupos sociales y territorios, necesitamos integrar, en un despliegue de renovables que respete el medio ambiente de manera rigurosa, la participación de las comunidades locales y el desarrollo territorial.

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Tomás Guitarte Gimeno es diputado de Teruel Existe.