Plaza Pública

Contra la trata, con las supervivientes

Foto de archivo de una trabajadora sexual.

María Eugenia R. Palop | Samara de las Heras Aguilera

El pasado 14 de abril, la Comisión Europea presentó su Estrategia de lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025), alertando de la explotación y el desamparo que viven miles de personas en la Unión Europea, muchas de ellas menores de edad. Detrás de las cifras encontramos personas que son explotadas sexualmente (un 60% de los casos, de los cuales el 95% son mujeres y niñas) o laboralmente (un 15% de los casos). Preocupa, en particular, que una de cada cuatro víctimas es menor de edad y que las cifras muestran únicamente la punta del iceberg: una gran mayoría no son detectadas y, por lo tanto, continúan siendo explotadas sin posibilidad de acceder a los servicios de protección y atención, ni a la justicia.

Entre 2017 y 2018, en toda la Unión Europea unas 14.000 personas fueron identificadas oficialmente como víctimas (el 63,7%) o presuntas víctimas (el 36,3%). Sin embargo, sólo en España, en 2017 el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) contabilizó 10.111 personas en riesgo de ser explotadas sexualmente y 12.807 que podrían ser víctimas de trata con fines de explotación laboral. Además, apenas tenemos datos sobre otras formas de trata como los matrimonios forzados, la criminalidad y la mendicidad forzadas (en total, siete víctimas formalmente identificadas en 2017).

Los tratantes y las redes de delincuencia organizada se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad para captar a las víctimas y mantenerlas sometidas a distintas formas de explotación. La crisis social y económica, exacerbada por la pandemia de covid-19, facilita aún más la captación de víctimas, al tiempo que obstaculiza su acceso a la protección, a la justicia y a la atención por parte de organismos especializados.

La Estrategia de lucha contra la trata de personas propone medidas concretas y una respuesta integral y coordinada para combatir esta lacra que afecta a todos los estados europeos. En efecto, atajar un delito tan complejo sólo es posible y efectivo desde un enfoque integral, de derechos y de género, que incida en la prevención y en la persecución de todas las formas de explotación y que ponga en el centro la protección, la atención y el cuidado de las supervivientes. Es especialmente acertado que se ponga el foco en las nuevas tecnologías, por dos razones fundamentales. Primero, porque los tratantes y las redes criminales usan las redes sociales e internet para captar y explotar a las víctimas, y para organizar los negocios en torno a la explotación. En ese sentido, es importante exigir el compromiso y la cooperación de las empresas tecnológicas para que no difundan contenidos obtenidos en contextos de explotación.

Y segundo, porque una investigación policial y judicial en ese ámbito permitiría descargar de responsabilidad a las víctimas, que en demasiadas ocasiones se encuentran con que su declaración es la única prueba, o la más relevante, frente a la explotación a la que han sido sometidas. No está de más recordar que no corresponde a las víctimas investigar los delitos: denuncian —si quieren y pueden hacerlo— para ser protegidas, para dejar de ser explotadas y para encontrar, en la medida de lo posible, reparación y justicia tras los daños sufridos.

La explotación provoca gravísimas vulneraciones de derechos humanos y trastoca la vida de las supervivientes y de su entorno más cercano. Por ello, la Estrategia pone el énfasis en las medidas dirigidas a la prevención y, en particular, en la “reducción de la demanda”. La trata de seres humanos se produce porque hay personas y empresas que solicitan y pagan, y tratantes y redes criminales que se lucran con “la explotación de los cuerpos, los servicios y el trabajo de las víctimas”.

En ese sentido, cabe destacar que se articulan medidas alternativas a las sanciones administrativas y penales, tan cuestionadas por quienes acompañan a las supervivientes en sus procesos de recuperación, puesto que a menudo conllevan revictimización y el desplazamiento de las víctimas a lugares más ocultos, dificultando así su detección y atención. Se proponen, en particular, campañas de concienciación, iniciativas público-privadas para desalentar la demanda de personas explotadas sexual o laboralmente, el refuerzo de las inspecciones de trabajo o la cooperación entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Por último, aunque compartimos, como señala la Comisión, que “la legislación es uno de los instrumentos más poderosos de que disponemos”, y que es necesario evaluar los avances y los fallos en la implementación de la Directiva contra la trata de 2011, creemos que antes de revisarla –con resultados inciertos y no necesariamente mejores desde un enfoque de derechos– sería preciso garantizar su aplicación efectiva y en toda su complejidad en todos los estados de la Unión Europea.

La trata de personas en España: una lacra que afecta a 45.000 mujeres y niñas

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Esto exigiría poner en marcha una ley integral, como demandan desde hace años las entidades que integran la Red Española contra la Trata de Personas, y que las profesionales y agentes públicos que intervienen en cualquier fase de los procesos contra la trata tengan la formación adecuada desde un enfoque de género y derechos. Y, por supuesto, más recursos, económicos y humanos, para que las supervivientes sean protegidas y puedan recuperarse de los daños sufridos y tomar el timón de sus vidas.

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Mª Eugenia R. Palop es jurista y eurodiputada de Unidas Podemos y Samara de las Heras Aguilera es doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico Política.Mª Eugenia R. Palop Samara de las Heras Aguilera

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