Reformar para ganar el futuro

Al hablar de los retos del mercado laboral español generalmente el que más se menciona es el de la temporalidad. Sobre este tema y las posibles formas de abordarlo se ha escrito mucho y por eso quería centrar este artículo en plantear dos retos fundamentales para la vida de los trabajadores y para el proyecto de la izquierda de los que se ha hablado bastante menos. Uno de estos retos es un reto eminentemente defensivo, es decir, es fundamental abordarlo para que los trabajadores no pierdan poder frente a la situación actual, y tiene que ver con la economía de plataformas. El segundo reto es fundamentalmente ofensivo, es decir, abordarlo es necesario para poder avanzar el proyecto de la izquierda, y tiene que ver con la transición ecológica.

Empecemos por el reto ofensivo. Cada vez hay mayor consenso sobre el hecho de que la transición ecológica va a requerir una reducción del consumo para poder ser eficaz en su misión de combatir la crisis ecológica. Esto, que antes solo nos atrevíamos a decir los ecologistas más convencidos, está empezando a aparecer, aunque sea tímidamente, en documentos oficiales como “España 2050”. Esto plantea un gran reto para la izquierda, porque solo será posible inducir esa reducción del consumo si la sociedad se mantiene estable, y una sociedad estable en tiempos modernos tiene que ser una sociedad en la que una amplia mayoría de las personas que quieran tener un empleo lo tienen, algo que en la actualidad solo es posible con altos niveles de consumo.

Por tanto, el reto para la izquierda para poder implementar nuestro proyecto de transición ecológica es desacoplar el empleo del consumo, o lo que es lo mismo, generar un entorno institucional, legislativo y económico que incentive que el ajuste en el consumo y la producción totales se transmita al ámbito laboral por la vía de la reducción de la jornada laboral y no por la vía de reducir el número total de empleados. Para conseguir esto, tal y como planteé en este artículo, existen al menos tres vías, la vía francesa, la vía alemana y la vía holandesa. En primer lugar, la vía francesa, que podía ser considerada la más clásica, consiste en la reducción de la jornada máxima legal. Esta medida se introdujo en Francia a finales de los 90 en varios pasos para reducir la jornada laboral estatutaria de 40 horas semanales a 35 horas semanales.

En segundo lugar está la vía alemana, en la cual el entorno institucional al completo, y en concreto lo que se conoce como el sistema dual de negociación colectiva, hace que la manera preferente de afrontar una reducción de la demanda en un sector o en una empresa determinada sea hacerlo a través de una reducción de la jornada laboral. Este sistema tiene dos patas, de las que la primera es la negociación colectiva por sectores en la que los sindicatos y la patronal negocian convenios colectivos sectoriales y la segunda es el derecho de los trabajadores a la codeterminación y a la cogestión de las empresas, que se articula a través del comité de empresa. La unión de estos dos aspectos junto con otros aspectos como el buen funcionamiento del equivalente alemán de los ERTEs es lo que hace que la reducción de la jornada laboral en los sectores y las empresas afectadas por una bajada de demanda sea una solución más probable que el ajuste por la vía de los despidos.

Por último, en tercer lugar está la vía holandesa, que hace que el ajuste se produzca a través de la reducción de la jornada laboral de los que se incorporan al mercado laboral a través de la utilización de la contratación a tiempo parcial. Es importante resaltar que en Holanda la contratación a tiempo parcial no es únicamente una forma de precarizar a los trabajadores, sino que también se concibe como un derecho de todos aquellos trabajadores que quieran trabajar menos y por ello en la legislación laboral están incluidos aspectos como el derecho de todos los empleados a pedir una reducción de la jornada laboral a sus empleadores o el prorrateo proporcional de los derechos asociados a los contratos de acuerdo a las horas que se trabajen. De esta forma, para abordar este reto ofensivo y poder avanzar en nuestro proyecto la izquierda deberá utilizar una mezcla de estas tres vías, como la que proponíamos en el artículo mencionado anteriormente.

Por otro lado, el reto defensivo tiene que ver con la otra transformación actual de la economía, la digitalización. Esta transformación hace mucho más sencillo para las empresas acentuar una tendencia que ya existía, la de centrarse en las competencias esenciales de la empresa y subcontratar o externalizar las demás tareas. Esta tendencia tiene su origen en las teorías económicas que preconizan la especialización productiva y que dicen que cada actor/organización debe centrarse en aquellas tareas en las que es relativamente mejor y en las que añade más valor y externalizar o subcontratar aquellas tareas en las que no está especializado a aquellos actores u organizaciones que sí lo estén. Esta tendencia se ha manifestado en las últimas décadas en el auge de la subcontratación como método para incrementar la competitividad de las empresas, ya sea a través de esas ventajas derivadas de la especialización postuladas por las teorías dominantes o a través de la reducción de costes laborales conseguida gracias a la precarización de los trabajadores. Esta precarización se consigue gracias al hecho de que los trabajadores de las de esas subcontratas, como las ETTs, tienen menor poder de negociación o peores convenios colectivos sectoriales que los trabajadores de las empresas que subcontratan, y sus efectos se han visto claramente en casos como los de las camareras de piso.

Sin embargo, la digitalización y la economía de las plataformas pueden darle una vuelta de tuerca más a esta tendencia, porque como se ha visto en el caso de los riders, permite hacer que los trabajadores se tengan que convertir en falsos autónomos y por tanto sean despojados de derechos laborales como que la empresa pague sus cotizaciones, las vacaciones pagadas, los permisos de paternidad y maternidad, los permisos de enfermedad, etc. Este modelo, en ausencia de una regulación adecuada, se podría extender a muchos más ámbitos, ya que la digitalización permite externalizar tareas que hasta ahora solo podían realizar empleados y hacer que esos mismos empleados sean contratados como falsos autónomos para realizar esas tareas. Por ejemplo, la flexibilidad que se puede conseguir con el uso de algoritmos como los utilizados por las plataformas digitales puede llegar a permitir externalizar los paquetes de trabajo que compongan los distintos proyectos que llevan a cabo las empresas de un modo similar a como plataformas como Glovo o Uber asignan a sus falsos autónomos actualmente horas de trabajo o servicios. En un futuro distópico, esta tendencia podría llevar a empresas con un núcleo muy reducido de trabajadores muy cualificados que se encargarían de llevar a cabo las tareas más intelectuales de definición de los proyectos y las líneas de trabajo que tenga que ejecutar la empresa y en el que el resto de las tareas estuviesen externalizadas, bien a través de subcontratas más clásicas o bien a través de algoritmos y falsos autónomos que llevasen a cabo los distintos paquetes de trabajo. La solución a este reto defensivo, hasta ahora, se ha planteado en torno al concepto de la dependencia económica, según el cual una persona que recibe más de un determinado porcentaje de sus ingresos de un solo empleador debe ser considerado como un trabajador de esa empresa y no puede ser un falso autónomo. Hasta este momento, la solución a este reto defensivo se ha planteado en el ámbito de los riders, pero el gobierno deberá abordar una solución para toda la economía de plataformas para prevenir que este futuro distópico se extienda, y deberá estar atento para adaptar la legislación a los posibles caminos que las empresas encuentren para bordearla y evitarla.

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El hecho de que el Gobierno tenga la obligación estratégica de abordar estas reformas, y muchas otras, para lograr avanzar en la implantación de su proyecto político y para lograr que los trabajadores no pierdan calidad de vida nos lleva, en último lugar, a una reflexión que abarca, probablemente, a toda la actividad del Ejecutivo. Este Gobierno tiene la necesidad de acometer muchos cambios en muchos de los aspectos más relevantes de la vida política española, desde el tema territorial pasando por la fiscalidad, la educación, las pensiones, la legislación laboral, la crisis ecológica o la justicia, y tiene esa obligación no solo porque es la única manera de implementar su proyecto político sino porque es fundamental para su supervivencia. No obstante, en muchos casos, las reformas que pueda llevar a cabo el Gobierno en estos aspectos y en muchos otros serán insuficientes, ya sea por la correlación de fuerzas en el gobierno, en el parlamento, por la posición frontalmente contraria a algunos cambios de algunos actores con los que sea conveniente contar o por otras razones, pero eso no debe paralizar al Gobierno y, lo que es más importante, no debe impedir que todas las reformas que plantee estén concebidas como si fueran bolas de nieve. Esto quiere decir que, aunque una reforma sea insuficiente, debe estar diseñada de tal forma que facilite la implantación en el futuro de nuevas reformas más ambiciosas que nos acerquen aún más a la consecución de nuestro proyecto político. Por ejemplo, puede que ahora no se den las condiciones para poder abordar una reforma laboral que haga que la reducción de la jornada laboral sea el método dominante para afrontar ajustes en la producción, pero el gobierno tiene que intentar avanzar todo lo posible en esa dirección, planteando los cambios que faciliten la aceptación de reformas más ambiciosas en el futuro, tanto en el ámbito laboral como en el resto de ellos. De esta forma, igual que el Gobierno tiene que reformar el mercado laboral para poder llevar a cabo la transición ecológica, el Gobierno deberá reformar muchos ámbitos de nuestro país para que la democracia radical, política y económica, la ecología y el feminismo puedan ganar el futuro.

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Álvaro Gaertner Aranda es el autor del informe “Reconstruyamos el futuro. Por un Green New Deal para España”.