¿Por qué los españoles silencian el acoso en el trabajo? España sigue a la cola en protección de alertadores

Las corrientes de movimiento en torno a la libertad de expresión han confluido este último mes para crear un río con un importante impulso en España.

Primero ha sido la historia del cámara de televisión Fito Ferreiro Seoane, que trabaja en la Televisión de Galicia (TVG) desde 1985. Afirma que ha sido castigado en el trabajo, por ser gay, por ser políticamente activo como concejal local del partido PSOE, y por su actividad sindical.

El caso legal de Fito, que se juzgará en otoño, arroja luz no sólo sobre un presunto acoso por su orientación sexual, sino sobre la posible discriminación en su lugar de trabajo contra otras personas que, según él, tienen miedo de alzar la voz, incluyendo a las mujeres.

Algunas personas siguen manteniendo una actitud anti-LGBTI+. Para quienes piensan que las cuestiones planteadas por el caso de Fito son "sólo un problema gay", la protección de los alertadores defiende a muchos tipos de personas. La historia de las denuncias en todo el mundo está plagada de casos de acoso sexual. En la mayoría de los casos se trata de hombres en posiciones más poderosas que acosan sexualmente a mujeres con un menor rango en el trabajo y que no pueden defenderse.

Sólo hace falta una pequeña cerilla para provocar un incendio, como hemos visto con el sorprendente y poderoso movimiento #MeToo.

A principios de este año, las redes sociales estallaron en Grecia cuando la medallista olímpica de oro en vela Sofía Bekatorou reveló que un funcionario de la Federación Helénica de Vela (HSF) le había agredido sexualmente. Bekatorou afirmó que tardó 23 años en revelar lo que le había sucedido porque temía por su carrera y no quería dividir al equipo olímpico.

El sucio secreto del acoso sexual en el deporte griego había salido a la luz. Los hombres de Grecia se quedaron asombrados ante la enorme reacción pública. Generaciones de mujeres griegas se desahogaron en masa.

Empoderadas por el movimiento #metiSofia (con Sofía), las mujeres griegas empezaron a dar un paso al frente con más denuncias contra funcionarios deportivos. Esto se extendió rápidamente del deporte al mundo de las artes y el entretenimiento. Actores y actrices denunciaron a directores de teatro y de cine por acoso sexual, abuso y hostigamiento.

¿Te suena de algo? España se ha acercado un poco más a ese punto con el caso que ha estallado hace una semana con el hasta ahora poderoso productor José Luis Moreno. Además de las acusaciones oficiales por las que ha sido detenido –crimen organizado, fraude y blanqueo de capitales–, algunos de los actores, bailarines, etc. de sus proyectos se habían quejado de que Moreno no les pagaba por su trabajo. Cuando sucedió, casi nadie lo denunció en público o en los juzgados. Tenían miedo a perder proyectos o adquirir una mala reputación como "problemáticos" en una industria tan competitiva como la audiovisual.

La aprobación del anteproyecto de la ley para la igualdad de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI ha sido otro pequeño paso que ha dado España en la protección de los derechos de los trabajadores. En el Título IV de este anteproyecto de ley se incluyen sanciones económicas muy importantes para las empresas que cometan cualquier tipo de discriminación grave por la orientación o condición sexual de los trabajadores (hasta 150.000 euros).

Con esta ley, España da un paso adelante en la protección de los alertadores. Esta ley facilitará los procedimientos para que las personas LGBTI+ presenten sus denuncias por discriminación, y se sancionará económicamente a las empresas que cometan represalias o acoso, dos partes fundamentales de cualquier ley que proteja a los alertadores. Ante la falta de una ley en España que regule la protección de todos los trabajadores que denuncien irregularidades, esta ley para la comunidad LGBTI+ es un avance hacia ese camino.

Estos acontecimientos reflejan una madurez del estado de ánimo de la opinión pública para proteger a los alertadores, especialmente cuando el abuso de poder se produce entre jefe y subordinado.

Los gobiernos se preocupan por cómo manejar esto. La mayoría de los gobiernos europeos prefieren mantenerse en lo que consideran el terreno más "seguro": apoyar las leyes anticorrupción para proteger a los alertadores. La lucha contra el fraude y la corrupción es importante, pero no todos los delitos graves tienen que ver con el dinero, como nos muestran los casos de Sofía y Fito.

A los ciudadanos españoles les gustaría poder denunciar, pero la mayoría no se siente seguro haciéndolo en su lugar de trabajo. En una encuesta nacional de Blueprint For Free Speech, menos de la mitad de los españoles (45%) considera que la dirección de su empresa u organismo se toma en serio la protección de las personas que señalan irregularidades graves. Sin embargo, la mayoría de los españoles se siente en la obligación moral de denunciar esas irregularidades graves en su organización (72%). Ahí está la brecha a cerrar: las “ganas de” frente “al temor a”.

Europa está a la cabeza del mundo en otros asuntos que protegen a los trabajadores y los derechos humanos, como las restricciones al uso de la biometría, que se aprobarán próximamente, y las garantías de la privacidad personal. Por ello, no hay razón para quedarse atrás en el ámbito de los alertadores.

Una mayoría de los españoles (71%) cree que las personas que alertan deben ser protegidas, no castigadas, incluso aunque revelen información interna de sus empresas. Así lo explica el nuevo informe de Blueprint for Free Speech "Whistleblowing in Spain: Los trabajadores, los directivos y la denuncia".

Esta opinión mayoritaria aún no se refleja en las leyes españolas. Todavía no existe una ley de protección de los alertadores, aunque debería aprobarse antes de que finalice 2021, en virtud de la Directiva de la UE 2019/1937 (la Directiva de la UE sobre los alertadores). Parece que los deseos de protección de la población española al denunciar van más rápido que la elaboración de esta ley.

Las revelaciones de Ana Garrido tardaron varios años en serpentear por los lentos sistemas legales, antes de que la corrupción expuesta hiciera caer a un gobierno español. Ana ha sufrido durante más de una década acoso y persecuciones por su activismo para demostrar la verdad. Fue en 2014 cuando las publicaciones de LuxLeaks LuxLeaksrevelaron que las corporaciones globales pagaban tan solo un 1% de impuestos como resultado de acuerdos secretos con Luxemburgo. Fue una revelación que causó una gran vergüenza al entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que era el primer ministro de Luxemburgo cuando se negociaron los acuerdos.

Desde entonces, han tenido que pasar cinco años para que se apruebe la Directiva de la UE que proteja a los alertadores, y otros dos años para que España se dé cuenta realmente de que tiene que hacer algo. ¿Cuántos años más tienen que esperar los silenciosos colegas de todos los Fito para sentir que pueden denunciar las irregularidades de sus empresas con seguridad?

El exceso de horas de trabajo es el principal motivo de mortalidad laboral en el mundo, según la OIT y la OMS

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Puede que haya una historia como la de Sofía Bekatorou esperando a que se haga pública en España. ¿Logrará sacudir al país como ha sucedido en Grecia? No lo sabremos hasta que esa persona se sienta lo suficientemente segura como para dar un paso adelante.

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Suelette Dreyfus es directora ejecutiva de Blueprint for Free Speech.