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La renovación del CGPJ es de justicia

Mariano Hoya y Fernando Luján
Publicada el 10/09/2021 a las 06:00

Según la estadística del Consejo General del Poder Judicial, en España, el año pasado, y a pesar de la pandemia, se resolvieron un total de 282.153 asuntos en la llamada jurisdicción social, la habitual a la que acuden las personas trabajadoras y sus representantes. Las cantidades reconocidas a favor de los trabajadores y trabajadoras en esta jurisdicción superan los mil millones de euros. La tutela judicial efectiva, y la confianza en los tribunales que la imparten supone uno de los derechos fundamentales más demandados por las personas que se acercan a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.

No es de extrañar que asistamos, con verdadera preocupación, a la parálisis del poder judicial derivada de la falta de voluntad política para renovar el órgano supremo de gobierno de los jueces. La percepción de la independencia judicial en nuestro país ha caído en el último año hasta un 38%, lo que le sitúa en el nivel bajo de los países de nuestro entorno, bajando seis puntos porcentuales sobre el estudio efectuado hace sólo un año, en el que los órganos comunitarios fijaban la confianza en la justicia española en un rango medio. La razón de este deterioro de la imagen de la independencia de la justicia radica, según el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2021, en la falta de renovación de los miembros del CGPJ, lo que hace que el órgano de gobierno de los jueces y, por ende, la administración de justicia sea percibida con más intensidad como una institución sometida a la influencia política.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de autogobierno del poder judicial y debe garantizar la independencia de los órganos jurisdiccionales y jueces, aunque no forma parte del sistema judicial en sí mismo. Tiene su reconocimiento constitucional en el artículo 122 de nuestra norma fundamental. En el número 3 de este artículo, se establece que el CGPJ está compuesto por el presidente del Tribunal Supremo y 20 vocales; doce jueces y magistrados y 8 abogados o juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio en su profesión. La Constitución exige que los 8 abogados o juristas sean nombrados por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras, —Congreso y Senado—, pero no especifica cómo deben nombrarse los miembros de la Carrera Judicial. En todo caso, conviene destacar que el nombramiento por el Parlamento de al menos el 40% de los miembros del Consejo es una exigencia constitucional.

La elección del cupo reservado a jueces no ha estado exento de polémicas y de distintas regulaciones. La actual está vigente desde 2001, fruto del pacto por la justicia firmado por el gobierno del PP de Aznar, que en aquella época disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta, y el PSOE de Zapatero. Ese acuerdo, que luego se trasladó a la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que la propuesta de nombramiento de los 12 jueces y magistrados se efectúa por el Parlamento de entre una lista de 36 jueces, designados a través de avales de jueces y magistrados no asociados y de elecciones dentro de las asociaciones judiciales. Este sistema, que es respetuoso con la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 de 29 de julio que examinó el sistema de elección de vocales del CGPJ, es el que ha sido aceptado en legislaturas de mayorías absolutas, dos, del PP, y en mandatos, dos, con mayorías simples del PSOE.

La judicatura ya ha cumplido con el mandato legal, pues hace ya muchos meses que las candidaturas a vocal se avalaron por ésta y por las elecciones democráticas en las asociaciones judiciales. La lista de 36 candidatos entre jueces y magistrados está al servicio del Parlamento cumpliendo con la obligación constitucional.

Nuestros socios europeos tienen un sistema de designación de los órganos de gobierno judicial bastante variado, que abarca desde el modelo italiano, bastante similar al español, en el que se habla de “guerra de las togas” cuando se renueva su Consejo Superior de la Magistratura, al sistema alemán en el que, no existiendo un órgano similar a nuestro CGPJ, corresponden al Ministerio de Justicia las competencias relativas a la promoción, sanciones disciplinarias u organización de los jueces.

La UE ha señalado que cuando los sistemas judiciales garantizan la tutela de los derechos es más probable que se disuada a las empresas de conductas oportunistas, que se reduzcan los costes de transacción, que se dé una mayor oportunidad para que las empresas innovadoras inviertan, o que se concedan créditos. El buen funcionamiento de los sistemas judiciales tiene un impacto beneficioso para la economía de los países, como ha sido respaldado en diversos documentos e investigaciones del FMI, del Banco Central Europeo, de la OCDE o incluso del Banco Mundial.

La prolongación del Consejo de los jueces españoles, a pesar de llevar su mandato extinguido casi tres años, supone un grave deterioro de la imagen de la Justicia y un verdadero déficit en términos de solvencia democrática y de respeto a las normas constitucionales. El bloqueo de la Justicia juega injustificadamente con la necesaria seguridad jurídica para el correcto desarrollo de la economía, la confianza para la inversión de las empresas y la tutela de los derechos de los trabajadores. La renovación del Consejo General del Poder Judicial y la confianza en la Justicia también es una necesidad para las trabajadoras y trabajadores de este país.

Por ello, renovar el CGPJ es de justicia.

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Mariano Hoya es el vicesecretario General de Política Sindical de UGT y Fernando Luján es el Secretario Confederal de UGT.

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6 Comentarios
  • Fernandos Fernandos 11/09/21 19:06

    Poca es la diferencia entre la declaracion de indendencia del gobierno catalan y el bloqueo del PP a la renovacion del CGPJ y otros estamentos, quizas la diferencia es que aquello mereció el articulo 155 y a estos que es ungolpe de estado en toda regla lo único que se les aplica es la subida en las encuestas, los dirigentes del PP deberian estar la mayoria en la carcel, unos por golpe de estado y otros por chorizos.

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  • Jose Espuche Jose Espuche 10/09/21 17:31

    En el artículo 122 punto 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunas Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercer en su profesión.

    Ya sabemos los lectores y socios como se elige el Consejo General del Poder Judicial. Si no lo hacen es porque no les da la gana. Puede gustar más o menos pero lo que que dice la Constitución de España y basta.

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    • Jose Espuche Jose Espuche 10/09/21 17:40

      No puede estar parado el Consejo General del Poder Judicial y si no gusta hay que modificar la Constitución de España. Eso lo saben casi todos los políticos del Congreso y Senado

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  • Ayla* Ayla* 10/09/21 13:56

    El actual líder (?) del partido que ha creado una organización eficaz para la corrupción dineraria e institucional, está incumpliendo la ley y no pasa nada. No hay 155 previsto para estos casos y dudo mucho que se aplicara.

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  • Jorge BD Jorge BD 10/09/21 09:33

    Interesante artículo y, siguiendo el comentario anterior, hace falta que se expliquen los sistemas en países de la UE y que los que acusan (cuando están en la oposición) que el sistema español va encontrá del derecho europeo también den las oportunas aclaraciones.

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  • Dver Dver 09/09/21 23:47

    Una de las cosas interesantes del artículo, independientemente de la opinión que a uno le merezca es sistema de elección y las competencias del CGPJ, es que como vemos mienten como bellacos quienes dicen que lel cambi para elegir a los 12 jueces por mayoría absoluta en lugar de los tres quintos ahora necesarios por la ley actual atenta contra el derecho europeo, pues para muestra vale un boton:Alemania ni tiene un CGPJ ni nada parecido. En Francia hay una especie de comité con funciones administrativas y en el Reino Unido, que continúa en nuestro entorno, tampoco existe tal órgano de gobierno de los Jueces, como en Alemania.

    Sería interesante hacer un cuadro comparado de cuales son los órganos parecidos al CGPJ en cada país europeo, si existen, o como se kas arreglan, quien los elige y por cuanto tiempo, y cuáles son sus cometidos.
    Al menos se podrían acallar a muchos bocazas, entre ellos al Comisario Europeo de ¿Justicia? que salió en. a tele diciendo que al menos los doce jueces debían ser elegidos por los mismos jueces. Una aberración de tal magnitud (12 son mayoría en el CGPJ), si la noticia no se manipuló, sólo se le ocurre a un déspota ilustrado. Ya es grave, ya, que la lista presentada al Parlamento, nuestros representantes soberanos, sea elaborada por los mismos jueces, aunque sea con avales o elecciones internas. El pueblo, que detente la soberanía nacional, no interviene para nada en la elaboración de esta lista, y después nuestros representantes legales y soberanos se ven construidos a elegir entre lo ofertado.

    Es como si dijéramos que para el Ministerio de Hacienda o el de Economía el Ejecutivo sólo pudiera elegir entre los que el Cokegio de Economistas tuviera a bien proponerle.
    O en el caso del Ministerio del Ejército sólo pudiese se un militar elegido por las cúpulas militares.
    Se me dirá que el Ejecutivo no es el Legislativo, de acuerdo, pero el Ejecutivo pende del Legislativo, y este último es quien lo avala en última instancia y hasta hay una figura de reproche parlamentario que se puede ejercer sobre un ministro o ministra.

    Así que la prensa nos de transparencia sobre cómo funcionan otros países cercanos, para saber de qué hablamos.

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