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Representatividad empresarial y salario mínimo: CEOE ante sus contradicciones

Marcial Sánchez-Mosquera
Publicada el 21/09/2021 a las 06:00

La irrupción este verano de Conpyme, organización que pretende representar a los autónomos, las micro, pequeñas y medianas empresas, ha evidenciado la complicada representación de los intereses empresariales. La nueva organización dice constituir un verdadero proyecto independiente de representación de los autónomos, las micro, pequeñas y medianas empresas. No les falta razón en que CEPYME está subordinada a CEOE desde su efectiva integración en 1982. CEPYME es una parte importante de CEOE, pero solo una parte. Organizaciones territoriales como la catalana o la madrileña, por ejemplo, tienen una mayor relevancia en la toma de decisiones. La afiliación directa de las grandes empresas y las potentes organizaciones sectoriales que componen CEOE contribuyen a opacar los intereses de los autónomos y la pequeña y mediana empresa.

Los intereses empresariales en España han estado siempre representados a través de CEOE, que se articula, hacia abajo, en más de 200 organizaciones territoriales y sectoriales y casi 4.000 de ámbito local. El éxito representativo de CEOE, única organización empresarial nacional, fue justamente monopolizar todo el espacio de representación y absorber, como ocurrió con CEPYME, cualquier alternativa o competencia. Hoy sabemos que su representatividad en términos de afiliación es notablemente más baja de lo estimado y recocido de manera acrítica por estudios nacionales e internacionales. En 2019, la Encuesta Anual Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social, realizada a empresas de 5 o más trabajadores, estimaba que las empresas afiliadas a organizaciones empresariales empleaban al 28,5% de los trabajadores sobre el total de empleados en empresas de ese tipo. La Encuesta Europea de Compañías para ese mismo año, realizada a empresas de 10 o más trabajadores, estima un poco más el 34%. Además, tomando 2013 como referencia, esta representación ha bajado un 6%, según la Encuesta Anual Laboral, y un 13%, según la Encuesta Europea de Compañías. Habitualmente, CEOE había declarado afiliar a empresas que empleaban el 75% de los trabajadores del conjunto del tejido empresarial. La cifra resultaba notable en un sistema como el español en el que los agentes sociales se benefician de instrumentos institucionales de extensión de su representación y representatividad, y en el que el Estado continúa jugando un papel muy destacado.

Resumiendo mucho, CEOE ha tenido un comportamiento ambivalente en los últimos cuarenta años. Por un lado, ha apoyado todo tipo de reformas tendentes a la individualización de las relaciones laborales, por cuanto suponían un refuerzo de la autoridad y discrecionalidad empresarial ante el trabajador. Por otro, han pactado acuerdos interconfederales de negociación colectiva para dotar de coherencia y reforzar el sistema de negociación colectiva. El fracaso de la política de austeridad para hacer frente a la Gran Recesión en el sur de Europa y el cambio de vientos políticos en el seno de la Unión Europea en 2016 han dotado a CEOE de una oportunidad para dejar atrás las contradicciones que supone apostar por la individualización de las relaciones laborales. Desde entonces, la Comisión Europea ha parecido comprender la necesidad y utilidad de salarios mínimos dignos (recomendando que sean al menos el 60% del salario medio de cada uno de los países) y del convenio sectorial como una manera justamente de introducir racionalidad, equidad y evitar la competencia empresarial centrada en los costes salariales que no solo tiene consecuencias nefastas sobre los trabajadores, sino también sobre la competitividad del tejido productivo.

En ese contexto, bajo esas directrices y después de una apreciable caída de los ingresos por cuotas de empresas y organizaciones afiliadas desde 2013, CEOE regresó a los acuerdos sociales en 2017. Lo hizo suscribiendo una subida muy apreciable del salario mínimo interprofesional todavía con un gobierno presidido por Mariano Rajoy. En 2018 el gobierno surgido tras la moción de censura volvió a subirlo. A inicios de 2020 volvió a pactar otra subida, ya con el actual gobierno y ministerio de Trabajo y Economía Social con el que hace unos días no ha encontrado entendimiento en este exiguo incremento de 15 euros brutos mensuales pactado con los sindicatos. En total, con dos importantes acuerdos firmados por CEOE, entre 2017 y 2020, el salario mínimo ha pasado en España de 655,20 euros a 950 euros brutos mensuales en catorce pagas. Esta espectacular subida solamente incidía sobre empresas no sujetas a convenio colectivo, improbablemente afiliadas a CEPYME o a cualquier otra organización de CEOE. Por tanto, resulta extraño que, después de una fecunda y muy útil trayectoria de pactos sociales para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia y de que el salario mínimo subiese en tres años casi 300 euros mensuales en catorce pagas, CEOE se haya autoexcluido del acuerdo, que según ha dado a conocer la ministra podría haberse alcanzado incluso por debajo de esos modestos 15 euros.

No se sabe bien qué ha podido motivar este extraño y hasta cierto punto contradictorio comportamiento de CEOE. Han podido ser presiones políticas, pues en un clima político irrespirable (lo pudo comprobar su presidente a propósito de sus declaraciones sobre los indultos a los independentistas catalanes), sin ningún acuerdo transversal político entre izquierdas y derechas, el fructífero diálogo social ha reforzado al Gobierno durante la pandemia. Ha podido ser también un gesto hacia los autónomos y micropymes, que son las empresas más perjudicadas por estas subidas, en medio de la nueva competencia que puede ejercer Conpyme. Pero las micropymes y autónomos de sectores sin convenio colectivo suelen carecen del más mínimo incentivo para afiliarse a cualquier organización empresarial.

Toda vez que ya ha marcado distancia con el exceso de acuerdos con este gobierno y en materia tan sensible y reconocible como el salario, CEOE debería terminar de entender en el futuro que la individualización de las relaciones laborales, reducir la negociación colectiva, no ampliar los convenios sectoriales, perseguir y reducir a la mínima expresión a los sindicatos es un juego en el que pierden todos globalmente. Pierden naturalmente los trabajadores, pero también el tejido empresarial, exacerbándose la competencia entre empresas y la competencia basada en costes, que obviamente bloquea la inversión en innovación y la generación de valor. Por último, pierden las propias organizaciones empresariales, pues hoy sabemos que la negociación colectiva sectorial y la representación sindical continúan siendo los dos grandes incentivos de afiliación que tienen las empresas, como resulta, por otro lado, lógico pensar. Un sistema de relaciones laborales individualizadas y desarticulado no solamente comportará la contracción de los sindicatos, sino también de las organizaciones empresariales.

Esperemos que ni la competencia en la representación de intereses en los autónomos y micropymes ni, sobre todo, las presiones políticas desaconsejen en el futuro a CEOE y CEPYME apostar por la regulación y la racionalidad económica. Su representatividad real está en juego. Alguien podría preguntarse si afiliando a empresas que no emplean siquiera al 30% de los trabajadores españoles se puede estimar a esta organización como verdaderamente representativa.

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Marcial Sánchez Mosquera es doctor en Economía y profesor en la Universidad de Sevilla.
 
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