Los autónomos no pagarán el IVA de facturas no cobradas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles en el Congreso una segunda generación de reformas "útiles" para volver a crecer y crear empleo que incluye un régimen especial en el IVA, que se aprobará el próximo ejercicio fiscal y evitará que se tenga que ingresar el impuesto cuando no se haya cobrado la factura correspondiente.

Así lo ha avanzado Rajoy durante su comparecencia en el debate sobre el estado de la nación, donde ha recordado que la situación económica que encontraron al llegar al poder impuso un "doloroso preámbulo" que impidió al Gobierno abordar sus compromisos electorales.

"En la medida en la que las circunstancias lo vayan permitiendo iremos haciendo honor a nuestra palabra", ha señalado el jefe del Ejecutivo. Este nuevo régimen fiscal se aplicará a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas con un volumen de negocios inferior a los dos millones de euros al año.

Sistema de devolución

Para favorecer fiscalmente la innovación empresarial, se realizará una reforma del incentivo por inversiones en I+D+i, incluso si los beneficios son insuficientes para alcanzar la cuota o cuando se produzcan pérdidas.

Así, se establece por primera vez en España un sistema de devolución en el crédito fiscal cuando éste no haya podido compensarse, de forma que las empresas, según el presidente del Gobierno, ganan seguridad y certeza por cuanto, en un momento u otro, se van a poder beneficiar de esta deducción.

Plan de proveedores

También para apoyar financieramente a las pymes, Rajoy ha dicho que el Gobierno apostará por reducir la morosidad de las administraciones públicas, con la ampliación del plan de proveedores para las facturas anteriores al 1 de enero de 2012 de actividades y administraciones que se quedaron fuera del primer plan. La nueva ampliación contará con una dotación de 2.700 millones.

Además, se transpondrá la normativa europea de morosidad en operaciones comerciales, mejorando la ya existente, al aumentar los intereses de demora y establecer un plazo de pago de 30 días, ampliable como mucho a 60 días, para todas las operaciones privadas.

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Compromiso vigilado

Por su parte, las administraciones públicas tendrán que adquirir un compromiso de reducción de la deuda que mantienen con los proveedores en sus planes de ajustes, y dicho compromiso estará sometido a una "vigilancia muy estrecha".

Algunas de estas medidas, las que requieran una pronta entrada en vigor, serán incluidas en un decreto ley que se aprobará este viernes en Consejo de Ministros, mientras que el resto formarán parte de un proyecto de ley de apoyo a los emprendedores que será tramitado "de inmediato", según Rajoy. "El resto se pondrá en marcha en las próximas semanas", ha dicho.