IU se querella contra Bárcenas y ex cargos del PP

Cayo Lara no se anduvo con prolegómenos, ni introdujo su habitual rueda de prensa de los lunes con hojarasca previa de otros temas de actualidad. Quería que su comparecencia de hoy ante los medios fuera monopolizada por Luis Bárcenas y lo consiguió. Con un aserto y una decisión muy sencilla: Izquierda Unida, anunció, presentará a lo largo de esta semana una querella criminal en la Audiencia Nacional contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y contra Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo –exvicesecretario general, exsecretario general y exasesor jurídico del PP– por el presunto cobro de comisiones ilegales entre 2003 y 2008.

Pero la querella no se dirige sólo contra quienes fueron todo en la cúpula conservadora. IU, subrayó el coordinador federal, apunta no sólo a los "presuntos corruptos", sino también a los "presuntos corruptores". Esto es, contra los empresarios que presuntamente concedieron pagos al PP y por un total "de unos seis millones de euros", según los cálculos expresados por Lara. O sea, José Luis Sánchez Domínguez, presidente del Grupo Sando –que supuestamente donó al partido más de un millón de euros–, Manuel Contreras (Azvi, cerca de un millón), Juan Miguel Villar Mir (OHL, más de medio millón de euros), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso, en torno a medio millón de euros), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica, 250.000 euros), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa, unos 250.000 euros), José Mayor Oreja (FCC, "al menos 170.000 euros), Antonio Vilella (Rubau, "al menos 100.000 euros"), Pablo Crespo Sabarís –implicado, como García Pozuelo, en la trama Gürtel, y exsecretario de Organización del PP gallego– y "Adolfo Sánchez", identidad que podría responder a un nombre "codificado" y que también pudo realizar donaciones en negro. 

¿Y por qué no se incorpora a Mariano Rajoy, secretario general del PP entre 2003 y 2004 y presidente de su partido desde esta última fecha? "En 2003 y 2004, Rajoy estaba volcado en su campaña electoral [para las generales] y no pensamos aún que esté acreditada su responsabilidad. Somos prudentes, no buscamos titulares", justificó Enrique Santiago, abogado y secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social de IU. 

IU, en el escrito que elevará a la Audiencia y que firma conjuntamente con Ecologistas en Acción, Justicia y Sociedad y la Asociación Libre de Abogados, atribuye una panoplia de delitos: malversación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilíticita. 

"Esto es lo que deteriora la democracia"

La acusación se extiende desde 2003 a 2008. Los límites temporales no son arbitrarios. Aunque el relato arranca en los años noventa, cuando Lapuerta se hace con la tesorería del PP, la acusación comienza en 2003, ya que IU presume que los delitos anteriores a esta última fecha, de haberlos, ya habrían prescrito. Y se extienden hasta 2008, porque a partir de ese años no hay más papeles de Bárcenas y Rajoy, presuntamente, acabó con esos pagos en negro. 

La federación entiende que estas empresas podrían haber caído en competencia desleal, ya que pudieron conseguir adjudicaciones de obras y servicios por parte de los Gobiernos del PP gracias a esas donaciones, en detrimento de sociedades "honestas". De hecho, la querella incorporará, además de los papeles manuscritos de Bárcenas, resoluciones del Boletín Oficial del Estado (BOE) que demostrarían, para IU, que a los supuestos pagos en negro siguieron, en algunos casos de forma "automática" contrataciones a esas compañías. La relación, subrayó Santiago, "es clarísima". Puso el ejemplo de Aldesa, empresa que efectuó pagos en enero y febrero de 2004 –un mes antes de las generales que ganó José Luis Rodríguez Zapatero– y que resultó "beneficiada" por las obras del AVE, y que también pudo inyectar dinero en las arcas del PP antes de las autonómicas de 2003. "Pareciera que estas constructoras compraron gobiernos", reflexionó Santiago.

Ese dinero pudo tener una derivada más: contribuir a la "mayor estafa inmobiliaria" de la historia de España y que, a la postre, ha ayudado a la credibilidad de la propia democracia y de la Justicia. "Esto es lo que deteriora la democracia. No todos somos iguales –defendió Lara–. Unos denunciamos a los supuestos corruptorews y a los supuestos corruptos y otros los amparan. Es imcomprensible que a estas alturas del panorama el PP no haya presentado una querella". Habría una razón, el "pacto de familia" que el partido firmó con su extesorero en 2010, cuando dejó su acta y su cargo de forma definitiva, y que preservó hasta 2013, cuando supuestamente concluyó su contrato. Vistos los precedentes, "el PP no está en condiciones de liderar ninguna lucha contra la corrupción en España porque es parte del problema y no lo ha resuelto", argumentó el líder.