El Gobierno planea subir el límite de velocidad

El Gobierno ha propuesto incrementar el límite de velocidad en autovías y autopistas, que pasaría de los 120 kilómetros hora actuales a 130. Este es uno de los cambios que incluye el anteproyecto de Real Decreto del Reglamento General de Circulación conocido hoy. Este aumento, sin embargo, se produciría con matices: sólo sería efectivo en carreteras especialmente seguras, con “buenas condiciones de trazado y pavimentación” y siempre que se dieran “óptimas condiciones meteorológicas y ambientales”, explica el documento. La Dirección General de Tráfico (DGT) –o el organismo competente en las Comunidades Autónomas con las competencias de tráfico transferidas, Cataluña y Euskadi– sería la encargada de decidir qué días se aumenta el límite, y lo haría saber a los usuarios a través de paneles de señalización variables instalados en las carreteras.

Este nuevo límite llega dos años después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero rebajase de 120 kilómetros por hora a 110 la velocidad máxima en autopistas y autovías. El argumento principal para aquel cambio, que entró en vigor el 7 de marzo de 2011, fue el ahorro en el consumo de energía: “tenemos una factura que está subiendo”, dijo el entonces vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, para a continuación añadir que la medida no tenía que ver con la seguridad vial, sino únicamente con la eficiencia energética de España. El fin de los 110 llegó pocos meses después, el 1 de julio de 2011, cuando el mismo Rubalcaba afirmó que tras la bajada del precio del petróleo la medida carecía de sentido. Durante los apenas cuatro meses de vida de la medida, se logró un ahorro de 450 millones de euros y una caída de la siniestralidad de más de un 15,5%, si bien el ejecutivo aseguró que no había una relación directa entre la reducción de los accidentes y la menor velocidad de los conductores.

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En paralelo al aumento de velocidad en autovías y autopistas, el nuevo reglamento propone reducir sustancialmente los límites en el resto de vías. Así, en las carreteras secundarias –que concentran aproximadamente tres de cada cuatro accidentes graves–, el máximo pasaría de los 90 o 100 kilómetros por hora actuales a 90, 70 o incluso 50 kilómetros por hora en función del ancho de la calzada y de la existencia o no de una marca longitudinal que separe los dos sentidos de circulación. También se rebaja la velocidad permitida en ciudad, “para pacificar el caso urbano, potenciar el uso de la bicicleta y reducir la siniestralidad” según la propuesta conocida hoy. El límite general en vías urbanas, que actualmente está en 50 kilómetros hora, pasaría a 30 en las vías con un único carril por sentido y a 20 kilómetros por hora en las vías en los que calzada y acerca convivan en la misma plataforma. El resto, permanecería con la limitación actual.

Finalmente, la normativa introducirá previsiblemente otros cambios que también afectan a la circulación, destinados en su mayoría a incrementar la seguridad. Por ejemplo, se suprime la exención de utilizar el cinturón de seguridad para taxistas, discapacitados, distribuidores de mercancías y conductores y pasajeros de los vehículos de urgencias, que hasta ahora podían evitarlo en algunas vías. También resultan afectados los ciclistas, quienes ahora deberán usar el casco en todas las vías de forma obligatoria. Por último, se introducirá la prohibición total de los avisadores de radares, que permiten al conductor conocer dónde se encuentran los puntos de control de la velocidad de circulación.

Fuentes de la DGT han comunicado a Europa Press que el conocido hoy es sólo un primer documento de trabajo y que, por tanto, puede recibir futuras modificaciones antes de su aprobación final. Al tiempo, han criticado la filtración del anteproyecto: “alguien lo ha puesto en circulación de forma desordenada creando confusión”, han afirmado. En la jornada de hoy, la DGT ha enviado su propuesta al Consejo Superior de Tráfico –integrado por representantes de la propia Dirección General y de asociaciones de conductores, consumidores y víctimas de accidentes de tráfico– para que le haga llegar su valoración al respecto en un plazo de diez días.