ERC lleva al Congreso la legalización del cannabis

ERC ha reabierto el debate en el Congreso de los Diputados sobre el consumo de cannabis en España después de la interpelación realizada por el grupo parlamentario en la sesión del control del pasado miércoles 27 de febrero sobre el impacto económico y fiscal de una posible legalización de la producción y consumo de la sustancia. El próximo martes se debatirá en el pleno de la cámara una iniciativa que plantea además la creación de una subcomisión o grupo de trabajo para estudiar la regulación de la producción, distribución y consumo del cannabis en España.

El líder de los republicanos catalanes, Alfred Bosch, debatió la iniciativa en sede parlamentaria el pasado miércoles con el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, quien, en respuesta a la interpelación, afirmó que el Gobierno no coincide con la "curiosa naturaleza interpretativa" de su discurso. Aunque reconoció “no haber consumido esta droga nunca”, el ministro se mostraría partidario a reabrir el debate desde una perspectiva fundamentalmente sanitaria.

El líder de la formación catalana defendió, según las estimaciones de 2010, los beneficios del nuevo nicho de mercado económico y de generación de empleo supondrían para el Estado unos 6.000 millones de euros anuales de beneficio. Según destacó el portavoz, la legalización de la producción del cannabis podría suponer la creación de unos 40.000 puestos de trabajo, y añadió que fuentes policiales cifran en torno a los 6.000 millones de euros la cantidad generada por el comercio de cannabis, cantidad que podría aportar entre 200 y 500 millones de euros a las arcas públicas, según el diputado.

El republicano catalán hizo referencia a las asociaciones o clubes en las que la actividad está normalizada y que avanzan hacia el cooperativismo, como es el caso del pueblo de Rasquera, en la provincia de Tarragona, en el que un 56 por ciento de la población votó a favor de un cultivo colectivo como un "plan anticrisis".

Actualmente, según la legislación española, los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión que el Código establece.

"Eso es sentido común, y lo que pedimos con esta interpelación es que también el Estado aplique el sentido común", señaló el portavoz catalán. "No podemos convertir a los consumidores en infractores, y mucho menos en personas que se ven empujadas al trato con camellos, a entrar dentro del mercado sumergido y a contactar o meterse en mundos de marginalidad", añadió.

Precedentes de la inciativa

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Durante la pasada legislatura, la formación catalana ya solicitó ante la Cámara Baja la legalización del cannabis en España. La diputada de ICV Nuria Buenaventura, preguntó al Gobierno si tenía previsto despenalizar siguiendo las recomendaciones de la Comisión Global de Políticas contra la Droga, liderada por ex presidentes de Gobierno, empresarios, personalidades como el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, o el ex responsable de la política exterior de la UE, Javier Solana y escritores como Mario Vargas Llosa.

El debate en Latinoamérica

Uruguay es otro de los países que se ha sumado a elaborar una norma que regule el consumo, producción y venta de la marihuana. El ministro de Interior de Uruguay, Eduardo Bonomi, ha subrayado este jueves durante su discurso en el foro de Seguridad Ciudadana, Política de Drogas y Control de Armas celebrado en México, la necesidad de un proyecto de ley que regule el mercado de la marihuana que, “una vez aprobado, debería vincularse inmediatamente a un plebiscito”. El representante urugayo confirmó la creación de un Instituto Nacional de Cannabis (INCA) para regular las actividades de plantación, cultivo, cosecha, producción, elaboración, acopio, distribución y expendio de cannabis” que será, por otro lado, el organismo autorizado para otorgar licencias para su producción y comercio.