Hacienda echa una mano a Falciani

A falta de un mes para la vista pública tras la que la Audiencia Nacional decidirá el futuro de Hervé Falciani, el antiguo empleado del HSBC que destapó una lista de 130.000 evasores fiscales -659, españoles-, el peligro de extradición a Suiza no está conjurado pero parece alejarse. Dirigida por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, la vista se celebrará el 15 de abril.

En contra de Falciani juega la presión de la poderosa economía suiza. En su favor militan hechos como la existencia de un informe de Hacienda que, entre otras cosas, concluye esta: que colaborar con la justicia en la guerra contra el fraude fiscal constituye un “deber”, no un ejercicio de infidelidad profesional.

Firmado por la jefa del área de investigación de la ONIF (la oficina antifraude de Hacienda), ese informe fue entregado al juez Pablo Ruz el 6 de junio de 2012 y desde entonces está incorporado al sumario Gürtel. Oficialmente, los jueces que tienen en sus manos el futuro del informático todavía no lo conocen pero lo estudiarán antes del 15 de abril. Reclamado como criminal por Suiza, el hombre que ha destapado una de las mayores listas de evasores fiscales permaneció preso en la cárcel de Valdemoro (Madrid) entre julio y diciembre de 2012.

Los argumentos de la Oficina Antifraude

El informe de la ONIF relata de forma prolija varios hechos sustanciales para su futuro personal y para el de la lucha contra la corrupción transfronteriza: el primero, que el informático tenía libre acceso a los datos de clientes del HSBC, lo que significa que no los robó; que esa lista fue incautada en su casa mediante un registro domiciliario ordenado por un juez francés, con lo cual tampoco hubo entrega voluntaria de datos; que fueron las autoridades francesas, y no Falciani, las que hicieron llegar a España la información relativa a presuntos defraudadores nacionales; y que, por último y atendiendo a la legislación española, Falciani hizo en cualquier caso lo que debía: denunciar la comisión de un presunto delito.

El informe vierte los argumentos expuestos aunque no los personaliza en Falciani sino que los refiere a un precedente casi idéntico: el de las cuentas de Liechtenstein, obtenidas también a través de un empleado, en este caso del LGT Group, y entregadas al Reino Unido, que a su vez remitió a España la información que le concernía.

Pero, por si quedaba alguna duda sobre si cabe o no extrapolar a Falciani el citado precedente, Hacienda incluye un aviso: “Todo lo anterior [lo relatado sobre el caso de Liechtenstein, donde la entrega de datos fue avalada por la Audiencia Nacional] sería aplicable a cualquier alegación de la entidad financiera suiza HSBC”. O sea, al banco para el que trabajó Falciani y en favor del cual se ha movilizado el Estado suizo en la tarea de reclamar su extradición y posterior castigo penal. 

La Agencia Tributaria da entrada en su informe a un segundo aviso: el secreto bancario invocado por Suiza no es un bien inalienable en España. El secreto bancario “no puede en absoluto amparar la comisión de un delito”, escribe la jefa de investigación de la ONIF. La autora del informe se cura no obstante en salud y precisa que todo lo argüido es válido "sin perjuicio de las actuaciones internas que el Estado suizo y sus empresas ejerzan en su país" contra Falciani. Pero solo podrán ejercerlas si resulta extraditado.

Dado que oficialmente la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia no conoce el material que maneja en el caso Gürtel el juez número 5 de la Audiencia, sus integrantes, y a solicitud de la defensa de Falciani, pidieron hace nueve días a Ruz que les permita consultar toda la documentación del caso. Estrictamente, la pieza de comisiones rogatorias o solicitudes de ayuda internacional. Es ahí donde se localiza el informe de la oficina antifraude.

Extradición, igual a paradoja

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Y como no conocen oficialmente el informe de Hacienda, los magistrados ordenan remitir a París un oficio. ¿Para qué? Para que por el fiscal jefe competente “se certifique, en relación con la colaboración prestada (aportación de información relevante, etc.) por el señor Falciani con dicha fiscalía y en general con la justicia francesa para el descubrimiento e investigación de delitos graves bajo su competencia”.

Hasta la fecha, Suiza se ha negado con reiteración a aportar determinados datos al actual instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, so pretexto de que las solicitudes de información se basan en información obtenida y difundida ilegalmente por Falciani. Es más: varios titulares de cuentas suizas investigadas por el juez han pedido a sus bancos que rehúsen colaborar con Ruz porque sustenta su solicitud de ayuda en los datos de la lista Falciani.

Así las cosas, una sentencia de extradición convertiría en remota las posibilidades del juez Ruz de seguir reclamando esa información a la Confederación Helvética, acreditado refugio europeo de capitales opacos.