“Es más fácil rastrear un plátano que un arma”

Las ventas de armamento y equipos de seguridad de empresas españolas al exterior están reguladas por la Ley 53/2007 de control del comercio exterior del material de defensa y de doble uso. La normativa prohíbe la reventa de los equipos en destino y la exportación de material militar o de seguridad cuando existan indicios de que pueda acabar utilizándose para perturbar la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional. Desde la aprobación de esta regulación, también está prohibido vender a países que practiquen la represión interna o violen los derechos humanos.

Sin embargo, decenas de ONG reclaman mayor control en este ámbito y un cumplimiento estricto de la ley. Agrupadas en la alianza Armas bajo Control, son más de 60 organizaciones internacionales las que aseguran que España mantiene un alto nivel de opacidad al respecto de las exportaciones de armas, munición, equipos de seguridad y tecnologías de doble uso civil y militar, y cuestionan algunas de las ventas efectuadas en el pasado.

En palabras de Ángel Gonzalo, portavoz de Amnistía Internacional, apenas ha habido una evolución en los últimos años hacia un mayor control, incluso después de la aprobación de la Ley 53/2007, que califica, eso sí, de “gran avance”. Gonzalo pone ejemplos concretos de destinos del armamento español sobre los que planea la duda: Arabia Saudí, Libia, Ghana, Israel, Colombia… Y además, señala otro problema: “No es fácil acceder a los datos, y cuesta analizar las estadísticas. De hecho, con las trabas actuales, es más fácil saber de dónde viene un plátano que un arma”. Por si fuera poco, sólo es posible acceder a estos datos a posteriori, comenta. “Con la actual situación, si encontramos un destino preocupante, es siempre a posteriori, cuando no hay posibilidad de parar la operación”, concluye.

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Intermón Oxfam es otra de las ONG que reclama cambios en el proceso de exportación de las armas. La responsable de relaciones institucionales de la organización en España, Consuelo López de Zurriaga, indica que mantienen un diálogo fluido con el Gobierno, pero advierte: “a nivel diplomático el Ejecutivo es receptivo a nuestras propuestas y defiende un tratado internacional de armas, pero debería ser igual de exigente con el control de sus exportaciones”.

Precisamente, a partir del 18 de marzo, se abrirán en Nueva York negociaciones para acordar un tratado internacional de armas que regule a nivel mundial las transacciones de este tipo. López de Zurriaga apunta las medidas que, a su juicio, deberían pactarse: “Para que el tratado no sea papel mojado debe establecer una premisa básica: la prohibición de venta a países que violen el derecho internacional o los derechos humanos”.

En definitiva, las ONG aseguran que la Ley 53/2007 es un buen mecanismo para el control de las exportaciones, pero reclaman un cumplimiento estricto de la norma para evitar ventas irregulares. Actualmente, la situación está estancada y no se están produciendo avances significativos, aseguran, por lo que “continuará la campaña diplomática y de presión a nivel internacional para que los gobiernos tomen conciencia de este asunto”, concluye Consuelo López.