El conde de Fontao dice que alejar a Urdangarin de Nóos fue idea suya y no del rey
La orden de que Iñaki Urdangarin finiquitara Instituto Nóos fue iniciativa del conde de Fontao, asesor legal de la Zarzuela, y no del rey. Eso, al menos, es lo que el aristócrata ha asegurado este martes en su declaración judicial como testigo. Las palabras de Fontao dan una nueva vuelta al tornillo de las versiones oficiales porque contradicen que la propia Casa Real difundió en diciembre de 2011 tras apartar al yerno del monarca de la agenda oficial.
Entonces, los portavoces autorizados de la Zarzuela sostuvieron –y así lo publicó el conjunto de la prensa española- que fue la institución como tal la que, primero, encomendó a Fontao averiguar en qué andaba metido Urdangarin y, luego, le encargó que ordenase al duque abandonar Instituto Nóos.
Un año y cuatro meses después, el conde mantiene que ordenó al duque de Palma liquidar Nóos porque, tras desplazarse a Barcelona en septiembre de 2005 y entrevistarse allí con los dos socios, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, concluyó que Instituto Nóos realizaba actividades mercantiles inadecuadas y que podían implicar “competencia desleal”. A partir de ahí, y según su relato, propuso a Urdangarin crear una fundación cuyos directivos no pudiesen cobrar y en la que el marido de Cristina de Borbón no figurase en primer plano. ¿Por y para qué? Para que nadie creyera que, con su presencia, Urdangarin estaba mostrando “la tarjeta de visita” de la Familia Real para obtener favores.
Cobrar a través de Aizoon, "muy mal"
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Además de presentar la iniciativa como suya –la habló con el jefe de la Casa Real, dijo, pero no con el rey-, Fontao dejó a los pies de los caballos a Urdangarin. Cuando el abogado del Estado le preguntó qué le parece que el yerno del rey cobrase a través de Aizoon sus honorarios personales como consejero de empresas privadas, el asesor de Zarzuela respondió lacónico y tajante: “Muy mal”. Precisamente esos cobros a través de Aizoon, cuya propiedad comparte Urdangarin con Cristina de Borbón al 50%, sustentan la imputación de delito fiscal por el presunto fraude a Hacienda de casi medio millón de euros.
Pero subrayar que el rey no le ordenó nada y que solo a partir de 2011 supo de que sus gestiones contaban con el beneplácito del monarca fue lo que centró los mayores esfuerzos de Romero. Juristas presentes en el acto confiesan entre abrumados y estupefactos que Romero se enrocó en la defensa de datos cuya veracidad ya ha descartado la investigación. Por ejemplo, la supuesta –y desmentida por los correos electrónicos incorporados a la causa- ajenidad de Urdangarin respecto de la Fundación DCIS.
Ni el juez ni el fiscal lograron sacarle a Fontao una explicación clara de por qué él mismo dio su visto bueno a la creación de esa ONG, la última de la factoría Urdangarin-Torres, si teóricamente el yerno del rey nada tenía que ver con ella. En un momento dado, Romero esquivó el cerco recalcando que el “sueño de Urdangarin” era precisamente una fundación dedicada al deporte y la inclusión social y sin ánimo de lucro. Fundación DCIS no solo fue utilizada para sacar de España medio millón de euros que acabaron en cuentas ligadas al paraíso fiscal de Belice sino que cobró, en concepto de “donación”, 144.000 euros de la candidatura olímpica de Madrid.
