“A partir de ahora el Consell no podrá actuar contra la corrupción impunemente”

Una sentencia del Tribunal Supremo, fechada el 25 de febrero, ha confirmado que los diputados de la Coalició Compromís, Mónica Oltra y Enric Morera, tenían razón cuando reclamaron, en 2009, información sobre los contratos menores que la Generalitat firmó entre 2003 y 2008 con empresas implicadas en la trama Gürtel y que el entonces consejero de Economía, Gerardo Camps, les negó. El Alto Tribunal confirma ahora que el Gobierno valenciano "incumplió su obligación de facilitar la información que se le había pedido". Para Oltra, que por su condición de abogada ha sido también la letrada que ha llevado el caso, esta sentencia "lo cambia todo". "A partir de ahora –señala– el Consell no podrá ocultar información si no quiere vulnerar derechos fundamentales". 

¿Cómo valora la sentencia del Supremo que detalla la obligación de la Administración valenciana de facilitar "datos, informes y documentos administrativos" a los diputados?

Es una sentencia muy importante. Es pionera porque, hasta ahora, las cinco veces que el Constitucional se ha pronunciado a nuestro favor se refería a actuaciones de la Mesa de las Cortes Valencianas en las que el PP había usado su mayoría absoluta para no tramitar iniciativas de la oposición. Ahora es diferente. 

¿Qué consecuencias tiene?

Supone cerrar el cerco. A partir de ahora el Consell no podrá actuar impunemente. Si lo hacen, incurrirían en desobediencia. Y eso es un delito. Ya no va a ser tan fácil ocultar información. Se ha abierto una vía judicial, el objetivo ahora es consolidar la jurisprudencia.

¿Por qué decidieron recurrir a la Justicia?

En 2009, cuando el juez Baltasar Garzón abrió la investigación sobre el caso Gürtel, preguntamos al Consell, uno a uno, qué contratos menores había firmado la Generalitat con empresas de la trama. Queríamos saber si había habido fraude en los procesos de contratación y hasta qué punto las empresas de la Gürtel tenían algún tipo de relación contractual con la Generalitat. El entonces consejero de Economía, Gerardo Camps, nos negó la información con la excusa de que estaba bajo secreto de sumario. Nos estaban negando una información a la que teníamos derecho. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana nos dio la razón en primera instancia y ahora lo hace el Supremo.

¿Cree que supone un varapalo al intento del Consell de ocultar información?

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Sí. Esta sentencia lo cambia todo, ahora tendrán que dar la documentación que piden los diputados si no quieren vulnerar derechos fundamentales. En Compromís siempre hemos optado por centrarnos en la antesala de la corrupción, que es el abuso de poder, la falta de democracia. Si el Gobierno se hubiera dejado controlar ahora no tendríamos la corrupción que tenemos. 

¿Qué otras peticiones de documentación tienen recurridas?

Ahora estamos esperando a que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronuncie sobre otras denegaciones de información que hemos recurrido. Entre ellas, el coste del canon a la Fórmula 1 o de las obras que se hicieron en el Banco Europeo de Inversiones, la cantidad que se pagó a la consultora PricewaterhouseCoopers por elaborar un plan de viabilidad para RTVV en el que se incluía un millar de despidos o lo que costaron unos sondeos demoscópicos pagados con dinero de todos los valencianos.