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Desahucios

La nueva ley sobre desahucios se le atraganta al Gobierno

  • Por segunda vez consecutiva, el Congreso se ve obligado a ampliar el plazo de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social
  • Esta iniciativa estará lista con un mes de retraso respecto a lo inicialmente previsto

Publicada el 23/03/2013 a las 21:31 Actualizada el 24/03/2013 a las 08:10
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Miembros de 'Stop Desahucios' logran frenar un desalojo en Granada

Miembros de 'Stop Desahucios' logran frenar un desalojo en Granada.

EFE
Hace poco más de un mes, los planes del Gobierno y del Partido Popular eran que la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social fuera aprobada en el Congreso de los Diputados la primera semana de marzo. No ha sido posible. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley hipotecaria, otra del Supremo sobre las claúsulas del suelo, la presión social, la presión de la banca y la dificultad del encaje legal de algunas de las enmiendas que se plantean están entre los culpables del retraso de la aprobación de esta ley en la que si en algo hay algún elemento de consenso entre los partidos es en su urgencia.

El pasado 14 de marzo, el TJUE confirmó que la legislación hipotecaria española no garantiza la protección a los consumidores. Un hecho que hizo que la maquinaria parlamentaria sobre los desahucios se volviese a engrasar. No en vano, la tramitación de la "proposición de regulación de la dación en pago, paralización de desahucios y de alquiler social" –así se llama en concreto– estaba paralizada a la espera de esta decisión de Bruselas.

Reunión de urgencia

Ese mismo día, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, convocó una reunión de urgencia en la Moncloa con sus colaboradores y con miembros de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se insistió en la necesidad de acoplar el texto en tramitación en la Cámara a la sentencia de Bruselas de la forma más ágil posible, se acoradon grupos de trabajo conjuntos y se marcaron un plazo: una semana. Este es el tiempo que consideraban era necesario para hacer las modificaciones necesarias, algo que llevaba parejo la necesidad de ampliar el plazo de presentación de enmiendas a la ley, que culminaba un día después. Así fue.

El plazo se amplió hasta el jueves 21. Pero el calendario volvió a fallar y ha sido necesaria una nueva ampliación del plazo. Caduca el martes 26 de marzo, lo que implica que, con la Semana Santa de por medio, el texto final no vaya al Senado hasta después de los festivos. 

Entre los motivos que se dieron en público para este nuevo aplazamiento está el de la necesidad de adaptar también el texto a la última sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo de las hipotecas. En privado, fuentes del Gobierno y del PP reconocen que hay determinadas cuestiones técnicas de la ley que son de una enorme complejidad.

Entre otras cuestiones, las mismas fuentes citan la forma de dar a los jueces las herramientas para frenar los desahucios cuando se han dado claúsulas abusivas en las hipotecas. 

Esta ampliación de plazos choca con el argumentario del PP y con todas las declaraciones hechas por sus dirigentes desde el mismo día de la sentencia: "El tribunal de Justicia europeo plantea las mismas medidas que ha ya propuesto el Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios", trasladó la dirección del partido a sus cargos públicos.

Concesión de hipotecas

Otro de los asuntos que complica la cuestión tiene que ver con la banca. Fuentes del Gobierno admiten que hay que hilar muy bien el texto de la ley para que se llegue al extremo de que conseguir que un banco te preste dinero sea una odisea. "No podemos hacer que no vuelvan a concederse hipotecas", explican.

Tensión social

Pese a que pueda parecer paradójico, la tensión social hace que el Gobierno se sienta "mirado con lupa", cuenta un dirigente conservador. Y ello está provocando que cualquier paso que se da sea muy examinado. "No podemos permitirnos ningún fallo", insiste la misma fuente. 

En el PP hay una gran preocupación por algunas de las últimas protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han llegado a las puertas de los domicilios de algunos de sus cargos públicos. El Grupo Parlamentario Popular ha llegado a ofrecer a sus diputados asesoramiento legal ante estas situaciones que definen como de "amenaza". Y la vicepresidenta salió a censurar estas actuaciones y a insistir en que el Ejecutivo está haciendo su trabajo.
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1 Comentarios
  • Las Cosas Claras Las Cosas Claras 25/03/13 01:56

    La triste verdad es que les dan igual lo que pasa con los cuidadanos pero, si quieren quedarse bien con el EU. En mi dia se llamaban hipocrtatas

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