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análisis

Juristas no ven delito de “coacciones” en los escraches

  • Consideran que las protestas contra cargos públicos en sus domicilios sí tienen recorrido jurídico en el ámbito del derecho al honor por los insultos recibidos
  • Ocho parlamentarios del PP dicen haber sufrido en el ámbito privado las protestas de los afectados por las hipotecas. Hasta ahora, dos han hecho públicas sus denuncias

Publicada 26/03/2013 a las 06:01 Actualizada 25/03/2013 a las 23:02    
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Una mujer que iba a ser desalojada agradece el apoyo de activistas de Stop Desahucios, en Granada.

Una mujer que iba a ser desalojada agradece el apoyo de activistas de Stop Desahucios, en Granada.

EFE/Jesús Ochando
La palabra escrache ha pasado en unos días de ser un término casi desconocido en España a saltar a la primera línea de la agenda mediática. ¿Los responsables? Activistas y afectados por las hipotecas que, hace dos semanas, comenzaron una campaña de "señalamiento" en actos públicos, pero también en los domicilios de parlamentarios –hasta ahora, todos del PP– que no se han comprometido a votar a favor de la ILP que propone una moratoria de desahucios, la dación en pago retroactiva y el impulso al alquiler social. "Si sus señorías no van a la PAH, la PAH va a casa de sus señorías", advertían los activistas en el anuncio de su campaña. Y así lo hicieron. 

Pero esta forma de protesta de, en principio, carácter pacífico, ha irritado a los parlamentarios que la han sufrido en sus propias carnes. Fuentes del Grupo Parlamentario popular aseguran haber contabilizado hasta ocho casos de escrache a miembros del grupo, aunque es posible que haya otras denuncias que no han salido a la luz. Algunos sí lo ha hecho público e incluso han llegado a denunciar ante la Policía. Es el caso de los parlamentarios Esteban González Pons y Carmen Maniega. El primero denunció a la plataforma por "coacciones" tras la concentración de afectados en su casa de Valencia. La segunda, interpuso este lunes una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés por acoso, según informa Europa Press. 

Sin embargo, los expertos en Derecho Penal consultados por infoLibre, no ven delito de “coacciones” en los escraches. Sí consideran que las protestas contra cargos públicos en el espacio privado tienen recorrido jurídico en el ámbito del derecho al honor pues, al menos hasta el momento, no se ha producido violencia física contra los parlamentarios. "No hay ningún tipo de responsabilidad penal mientras no se pase el límite de la violencia física o la intimidación en el sentido penal de la amenaza", analiza Javier Mira Benavent, profesor titular de Derecho Penal de la Universitat de València (UV). Aunque con matices, Ignacio Benítez, catedrático de la misma disciplina en la Universidad de Jaén, defiende que en estas actuaciones no están presentes las figuras penales de la coacción o el acoso. "Coaccionar es incitar a otro a hacer lo que no quiere y no se ha obligado a ningún parlamentario a votar lo que no quiere votar", señala. 

Por su parte, Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal de la UV, tampoco ve delito de acoso en el escrache, al menos tal y como se ha conocido hasta el momento en España. "Mientras las protestas no vayan más allá, están amparadas por la libertad de expresión", señala. 

Benítez, sin embargo, sí ve que estas denuncias tienen recorrido penal en el ámbito de los delitos contra el honor o la dignidad de la persona. "No se puede aceptar, aunque sea dentro de la crítica política, que un representante público tenga que aguantar que le llamen 'asesino' por el mero hecho de serlo. El Estado de Derecho está para aplicarlo en todos los medios", asevera. De hecho, el pasado jueves, González Pons, en declaraciones a la Cope, dijo que el grito de "¡asesinos!" era el que se estaba profiriendo en sus casas a los diputados del PP. Y lo cierto es que proclamas como "¡No son desahucios, son asesinatos!" o "¡Alerta, alerta, alerta a los vecinos. En este barrio vive un asesino!" sí se han escuchado en este tipo de movilizaciones. 

Mira, sin embargo, obvia la vía penal y considera que, en todo caso, este tipo de manifestaciones injuriosas sí podrían ser constitutivas de una demanda de protección civil del honor. "En estos casos, hay que tener en cuenta el espacio de reivindicación política y conflicto social en el que se desarrollan. La protesta está para protestar, no para aplaudir y eso es algo que no entienden algunos políticos que están utilizando esta forma de protestar para criminalizar a los movimientos sociales", concluye. A esta estrategia de criminalización se sumó este lunes la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que asoció a las plataformas antidesahucios con "grupos filoetarras" y comparó sus manifestaciones con las de la kale borroka. 

Chema Ruiz, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid, recuerda que los escraches son el último paso de una campaña que comenzó con el envío de cartas informativas a los parlamentarios y la invitación a éstos a que asistieran a las asambleas. Además, insiste en que el rechazo a la violencia es algo inherente a este tipo de plataformas. "La resistencia que hacemos es siempre pacífica. De hecho, normalmente los que recibimos somos nosotros", dice con ironía. Según este activista, la propuesta de llevar la reclamación a favor de la ILP hasta las casas de los parlamentarios no generó un gran debate en la PAH, si bien se planteó la libertad de acción.

"Hay algunas plataformas que sólo han ido a actos públicos, otras que se han centrado en los barrios o los comercios sin llegar a los domicilios. Rechazamos absolutamente la violencia, pero entendemos que la gente cada vez se crispe más como consecuencia de las presiones que viven cuando están a las puertas del desahucio. Cada vez llega más gente a pedir ayuda y hay muchos que ya no tienen ni para comer", sentencia. 


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