Stop Desahucios

“Solo pedimos la oportunidad de poder volver a empezar”

Afectados por las hipotecas, en los juzgados.

No es ni mucho menos el fin del camino, pero sí una pequeña victoria tras, en algunos casos, casi cuatro años de lucha a favor del derecho a la vivienda. Y precisamente con esa sensación, la que de que varios papeles engarzados en una grapa podrían comenzar a cambiar el rumbo de sus historias, afectados por las hipotecas acudieron de forma masiva a los juzgados para reclamar la nulidad total de sus procedimientos de ejecución hipotecaria. Asesores jurídicos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), amparándose en la sentencia del Tribunal de la UE que dota al juez de la posibilidad de suspender un desalojo si aprecia abusos en el contrato hipotecario, prepararon un documento tipo que han puesto a disposición de las familias. Los afectados miran ahora a los jueces, a los que han pedido, de forma masiva, la anulación de sus procesos "por cuanto que se han tramitado de acuerdo con una norma contraria al derecho comunitario". 

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A las puertas de los Juzgado de Primera Instancia número dos de Madrid, donde en la mañana de este martes se concentraron activistas y afectados, estaba Benjamín Martín, de 35 años. "Pedimos la oportunidad de poder volver a empezar, de no quedarnos sin casa sin casa y con una deuda que nos impida remontar", decía sin soltar la mano de su hijo. Los impagos de los acreedores –Benjamín es autónomo del sector de la metalurgia y asegura que las empresas para las que ha trabajado en los últimos años le deben hasta 14.000 euros– le dificultaron el pago de la hipoteca que contrató con NovaCaixaGalicia en 2003 para comprar un piso en Valdemoro, un municipio ubicado a menos de 30 kilómetros de Madrid. Ahora está a las puertas del desahucio. Dejó de pagar en 2011 y su piso sale a subasta el próximo tres de abril. Si su solicitud no prospera, asegura, se quedará en la calle y con una deuda de alrededor de 300.000 euros. "¿Es justo? Creo que no, por eso voy a seguir en la lucha", sentencia. 

Vestida con una camiseta de Stop Desahucios, Aída Quinatoa esperaba para entrar a dejar su solicitud en los juzgados. Ella es víctima de la trama de avales cruzados que puso en marcha en los años del boom inmobiliario Antonio Caño, acusado de estafa en 2011 por involucrar en operaciones de alto riesgo a inmigrantes abusando de su confianza y escasa formación jurídica, aunque este proceso todavía sigue abierto en los juzgados. 

Como condición necesaria para la compra de un piso "modesto" en el barrio madrileño de San Blas, en 2004, Aída entregó una fianza de 20.000 euros y firmó un aval para una familia desconocida sin saber bien de qué se trataba. Cuando la operación comenzó a olerle mal y quiso echarse a atrás, ya era tarde. "Iba a perder la señal y quedarme sin casa. Me habían estafado". Durante algún tiempo las cosas fueron bien, pero todo empezó a torcerse cuando la otra familia dejó de pagar. "Comenzaron a llamarme del banco para reclamarme una deuda que yo no había generado", señala. Ahora tiene dos procesos abiertos, la reclamación del préstamo en el que figura como avalista y el suyo, pues dejó de pagar su hipoteca hace un mes, cuando perdió su empleo como trabajadora auxiliar a domicilio. No obstante, Caja España, con quien contrató su préstamo, todavía no se ha puesto en contacto con ella porque sólo debe uno de los recibos, aunque teme pronto empezarán a reclamarle toda la deuda. "Ahora espero que se haga justicia, que se sancione a los culpables y que se devuelva el dinero a la gente. Sólo así se creará un precedente para la historia", sentencia. 

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