El Gobierno parece no aclararse sobre las medidas a tomar contra los escraches. El
Ministerio del Interior ha remitido en la mañana de este miércoles una instrucción a las comisarías de Policía en la que se les ordena que los perímetros de seguridad contra los escraches tengan un mínimo de 300 metros de distancia entre los manifestantes y los domicilios de los dirigentes, según un documento difundido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Asimismo, el Departamento que dirige
Jorge Fernández Díaz difundió otra instrucción a las Delegaciones de Gobierno en la que tan sólo se refiere a una
"distancia prudencial".
La noticia de que la Policía iba a proceder a establecer estos perímetros de seguridad la avanzó por la mañana el
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que se refirió textualmente a establecer "límites espaciales" en sintonía con lo ya empleado por la Ertzaintza en el País Vasco donde sí se establecieron
300 metros de distancia en algún caso. Si bien el número dos de Interior no especificó la distancia concreta ni tampoco el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien se refirió a una "distancia orientativa" que habrá que fijar "en función de cada caso", informe Europa Press.
Horas después
el ministro negó en el Congreso que estos perímetros de seguridad tuviesen que salvaguardar necesariamente los 300 metros y que la distancia se establecería según cada caso. "Como ministro de Interior, niego que sea una instrucción para fijar 300 metros, sólo es una instrucción para que los responsables operativos sepan actuar con la proporcionalidad y flexibilidad necesaria pero que garanticen los derechos fundamentales de reunión y manifestación, que exige una convocatoria previa, y el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio", dijo.
Sin embargo, el SUP difundió una instrucción "de obligado cumplimiento" remitida a las comisarías de Policía que textualmente dice: "Siguiendo instrucciones del Director Adjunto Operativo (DAO), NO se permitirán concentraciones (escraches) a menos de TRESCIENTOS (300) metros de los domicilios de autoridades y personalidades políticas en el ámbito competencial del Cuerpo Nacional de Policía, y en todo caso,
se procederá de acuerdo con las instrucciones emitidas sobre este asunto con anterioridad".
Segunda instrucción
Por su parte, desde Interior informaron de que el Ministerio remitió otra instrucción a las distintas Delegaciones de Gobierno en la que
no indica la distancia de los 300 metros, sino que se refiere a una "distancia prudencial".
"En caso de que las concentraciones no comunicadas se realicen ante los domicilios particulares de los cargos públicos, se adoptarán las medidas precias para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como
la libertad de circulación de los ciudadanos, actuando con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones", dice esta segunda comunicación.
En este documento se añade las indicaciones incluidas en la instrucción ya difundida por la Secretaria de Estado en la que se recordaba la procedencia de identificar e incluso detener a los autores de los escraches
en caso de infracción legal.
Desde el SUP denuncian que
"sólo la autoridad judicial es competente para establecer zonas de alejamiento o impedir la libre circulación de personas por las vías de un país democrático, y España lo es. Las noticias de hoy que pretender establecer círculos vedados a la ciudadanía a su derecho de circulación son inaceptables y una injerencia política en los derechos civiles ya suficientemente pisoteados. Referirse a la inviolabilidad del domicilio a 300 m. de distancia es ignorancia dolosa".
La clase política en general estaría encantada con un nivel medio bajo de ruido frente a los efectos de la crisis y de la ya de sobras demostrada inoperancia por parte de nuestros gestores para ponerle soluciones o minimizar en la medida de lo posible sus efectos, algo tan hemorroidal como sufrir en silencio. Superados los conductos reglamentarios como manifestaciones, movilizaciones y diferentes metodos, prácticamente indoloros para los habitantes del congreso, es muy normal que la desesperación venga para quedarse. Claro que los escaches son ilegales, como ilegal debería ser la indefensión a la que nos vemos sometidos por el sistema. Entiendo que las víctimas de este tipo de muestras del descontento social sientan miedo, bienvenidos al club, con miedo vivimos muchos millones de ciudadanos los últimos años y sabemos lo que es eso. Un político ya ha amenazado con arrancar la cabeza de alguien si se siente amenazado. Pronto pierden los papeles, está claro que no somos como ellos.
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