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Escraches

La Fiscalía considera que el escrache no debe “criminalizarse”

  • Según el fiscal Eduardo Torres-Dulce, los derechos de manifestación y reunión son tan importantes para la convivencia como los derechos fundamentales individuales
  • No obstante, la Fiscalía no va  a mostrarse “insensible” ante “cualquier desbordamiento”

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Publicada el 12/04/2013 a las 18:29 Actualizada el 13/04/2013 a las 12:50
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Fiscal Eduardo Torres-Dulce

Fiscal Eduardo Torres-Dulce

EFE
Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, considera que no debe criminalizarse cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, “incluso de libertad de expresión” como el caso de los escraches.

Según Torres-Dulce, los derechos de manifestación y reunión “no tienen mayor ni menor preferencia que los derechos fundamentales individuales, que son tan importantes para la convivencia como” lo son los primeros. No obstante, también ha advertido de que la Fiscalía no va a ser pasiva ni va a mostrarse “insensible” ante “cualquier desbordamiento”.

Asimismo, ha indicado que desde la Fiscalía se está siendo muy vigilante para establecer un sistema de proporcionalidad entre los derechos de reunión y manifestación y el respeto de los derechos individuales como la intimidad, privacidad y la propia imagen.

El fiscal ha añadido que se analizarán los escraches "solo cuando tengan trascendencia penal" y se hará con "absoluta imparcialidad" y carácter "individualizado", y teniendo en cuenta además la "proporcionalidad necesaria" entre los derechos individuales y los derechos a reunirse y manifestarse. Siempre teniendo en cuenta el Código Penal, donde están previstos los supuestos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter “grave” a miembros del parlamento para que cambien el sentido del voto, entre otros, que serán analizados de forma individualizada.

Para finalizar ha pedido respeto a la Fiscalía, después de poner de relieve que las decisiones sobre el mantenimiento del orden público en la vía pública corresponde al Ministerio del Interior y a las policías autonómicas locales.

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