Falciani afronta la vista de su extradición sin que Suiza dé la cara

La odisea vivida por Hervé Falciani, el antiguo empleado del HSBC que destapó la identidad de 130.000 evasores fiscales con cuentas en Suiza –659, españoles–, llegará este lunes a su punto culminante. Perseguido con ferocidad jurídica por Suiza y preso en Valdemoro (Madrid) entre julio y diciembre de 2012, para Falciani será decisiva la vista fijada a partir de las 10 de la mañana y tras la que tres jueces de la Audiencia Nacional dictaminarán si debe o ser extraditado. En esa vista, y además de a Falciani, el tribunal oirá a varios testigos. Pero ninguno de ellos hablará como representante de Suiza, que pese a reclamar la extradición no se ha personado en la causa.

La incógnita reside en si la Fiscalía se opondrá con armas y bagaje a la extradición, hipótesis que se perfila la más probable por una razón de peso: en España, los hechos por los que Suiza busca dar un escarmiento a Falciani no son delito.Según la Agencia Tributaria, ni siquiera cabe hablar de información robada, dado que fue incautada en Francia tras un registro ordenado por un juez.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, Suiza podía haberse personado en la causa al amparo de los convenios internacionales vigentes. Pero no lo ha hecho. ¿Es esa ausencia paradójica una muestra de desidia por parte del país que ha convertido la caza y captura de Falciani en objetivo de primer orden?

Juristas conocedores de la legislación internacional en materia de extradición creen que el motivo de esa aparente pasividad es otro de muy distinto tenor: si la Confederación Helvética se hubiera personado en el caso tendría que haber ofrecido garantías de reciprocidad.

Es decir, tendría que haberse comprometido a permitir en lo sucesivo la personación de España en aquellas solicitudes de extradición que lance a Suiza. Para empezar, Suiza considera que las solicitudes de extradición por delitos fiscales o económicos no son atendibles salvo excepciones.

La ley de Extradición Pasiva aborda el asunto de la reciprocidad. Y lo hace de forma clara en su artículo 14: “En la vista podrá intervenir, y a tal efecto será citado, el representante del Estado requirente cuando así lo hubiere solicitado y el Tribunal lo acuerde atendido el principio de reciprocidad, a cuyo fin reclamará, en su caso, la garantía necesaria a través del Ministerio de Justicia”.

Esa misma ley preceptúa en su artículo 6 que, incluso si el tribunal acordara la extradición, la última palabra queda en manos del Gobierno, que puede denegarla “en el ejercicio de la Soberanía Nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España”. La lista Falciani, entregada a España en 2010 por las autoridades francesas y no por el informático, permitió a Hacienda recaudar 260 millones de euros mediante un controvertido procedimiento: permitir a los 659 defraudadores pillados in fraganti efectuar declaraciones complementarias.

A diferencia de la suiza, la legislación española no cataloga el secreto bancario como un bien inalienable. Y no solo no castiga a quien revele datos de fraude fiscal sino que considera la denuncia un deber, como ya subrayó la Agencia Tributaria en un informe incorporado al caso Gürtel caso Gürtel. Como publicó infoLibre, la documentación intervenida a Falciani por orden de un juez francés y entregada luego parcialmente a España permitió desenterrar una nueva cuenta de imputados en Gürtel. La lista contenía información de un segundo depósito bancario ligado a la trama, pero su existencia ya era conocida con antelación por la justicia española. Pese a ello, sus "apoderados" pidieron raudos a Suiza que no ayudara a los investigadores del caso porque sospechaban que esos datos figuraban entre los "robados" por Falciani.

Como testigos de la defensa, el abogado de Falciani, Joan Garcés, ha llamado al fiscal francés Eric de Montgolfier, el hombre que descubrió el enorme nicho de evasores fiscales del HSBC, y a los máximos responsables de Hacienda cuando Francia entregó a España los papeles del HSBC, el ex secretario de Estado Carlos Ocaña y el exdirector general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche.

Los tres magistrados que decidirán el futuro de Falciani pertenecen a la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional: Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, que formarán el tribunal, cuyo ponente, según fuentes de la Audiencia, será el primero de ellos.

La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani

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En la trayectoria del juez Ángel Hurtado destaca su participación en el tribunal que archivó la investigación abierta tras el asesinato del cámara José Couso en Irak, luego reabierta por el Supremo. Formó igualmente parte del que revisó la investigación del caso Faisán.

Julio de Diego también intervino en el caso Faisán. Fue, de hecho, el ponente del auto que abrió la puerta al posterior procesamiento por colaboración con ETA de mandos policiales de dilatada trayectoria en la lucha antiterrorista. Ahora, Hurtado y De Diego se enfrentan a la querella anunciada por IU por impedir que el juez Javier Gómez Bermúdez interrogase al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El tercer miembro del tribunal, José Ricardo de Prada, posee un perfil distinto. Fue ponente de la sentencia que condenó al torturador argentino Adolfo Scilingo y ascendió al rango de bestia negra de la ultraderecha mediática cuando votó a favor de que Garzón se declarara competente para investigar los crímenes del franquismo.