La infanta alega que la Casa Real no es la que vela por las ONG que apoya

El escrito por el que la defensa de Cristina de Borbón se adhiere al recurso del fiscal contra la imputación de la infanta sostiene que no son los miembros de la Casa Real sino “los empleados de esta” los que deben velar por la legalidad de las actuaciones de aquellas asociaciones a las que los integrantes de la familia del monarca prestan un apoyo “formal”. Invocando la doctrina del Supremo, los letrados deslizan que el juez debió tener en cuenta que, por su pertenencia a la Casa Real -su vínculo "con una institución central del Estado", es la fórmula usada-, la imputación de la infanta tiene "socialmente un sentido punitivo adicional". "Ello -apostillan- exige sin duda un especial cuidado". El escrito remacha una y otra vez que los indicios manejados por el juez para dictar la imputación no son tales.

Formuladas en 32 páginas, las alegaciones presentadas este mediodía por los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva, utilizan ese argumento para minimizar la relevancia de que la infanta perteneciese a la junta directiva de Instituto Nóos. Y lo exponen en los siguientes términos: “No hace falta insistir, por lo demás, en que son múltiples las causas, patronatos y asociaciones que disfrutan de un apoyo formal de miembros de la Casa Real, siendo siempre los empleados de esta los que deben velar por la adecuación de la legalidad de los objetivos a los que se presta padrinazgo o apoyo”. Para ilustrar su tesis, los letrados enumeran las ONG ligadas a la infanta. Ninguna de ellas está bajo sospecha o investigación. Y, que conste, en ninguna de ellas sus directivos son a su vez socios en empresas privadas, como ocurría en Instituto Nóos con Iñaki Urdandarin y Diego Torres.

Previamente, los letrados ya habían señalado con nombre y apellidos a quien consideran que debía ejercer como “garante de control de riesgos” en Instituto Nóos. “En el caso de autos, dicha confianza especial inherente al matrimonio se veía reforzada adicionalmente por la presencia en la asociación de una persona situada en la posición de garante de control. Dicha posición de garante de control de riesgos no era ostentada sino por el señor García Revenga, secretario personal de sus altezas reales lass infantas”.

La tesis de que los miembros de la Casa Real no son garantes de legalidad de sus asociaciones patrocinadas se suma a un argumento esencial para la defensa de la infanta pero letal para Urdangarin por cuanto los letrados de Cristina de Borbón ni siquiera cuestionan que el duque consorte haya cometido los delitos que el juez y el fiscal le atribuyen.  Ese argumento es el de que, como esposa de Urdangarin, Cristina de Borbón no es “garante de la evitación ni de la obstaculización” de los presuntos delitos que pudiera cometer su cónyuge. Más adelante, el escrito abunda en esa idea al subrayar que, legalmente, los ciudadanos “solo tienen deberes de impedir o denunciar delitos cuanto estos atenten contra la vida, integridad, salud, libertad sexual o libertad”. “Es evidente –dicen los letrados- que no se están investigando hechos de esta naturaleza”.

Recurso de la infanta (PDF)

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Los letrados niegan todo crédito a la declaración de Diego Torres a la vez que recalcan su convicción de que su declaración judicial es lo único que sustenta el auto de imputación de la infanta. Sugieren que el antiguo socio de Urdangarin instrumentaliza al juez, entienden que el magistrado culpa a Cristina de Borbón de haber cometido un delito imposible "por omisión" al haber permitido que su nombre apareciera en un folleto de Nóos, concluyen que está aplicando un sistema "inquisitivo"  y sugieren que si Torres señaló a la infanta como copartícipe de las decisiones de la asociación es porque alberga odio o enemistad manifiesta contra ella.

Las alegaciones ni confirman ni desmienten la existencia de la confusa orden de la Casa Real para que Urdangarin se alejase de Instituto Nóos. De hecho, ni se menciona ese episodio. Simplemente, los abogados enfatizan que abandonó en marzo de 2006 la asociación investigada “tras conocer las primeras polémicas mediáticas sobre su participación en Instituto Nóos”.

Y por dos veces, los letrados introducen aquí una pulla a Urdangarin al destacar que la infanta ni se sumó al patronato de la ONG heredera de Nóos, Fundación DCIS, ni le dio su apoyo. Diversas declaraciones judiciales y los correos aportados por Diego Torres -cuya veracidad y legalidad pide la infanta que se investigue- constatan que Urdangarin estaba no en los aledaños sino en el corazón de DCIS, la fundación utilizada en 2007 para sacar de España medio millón de euros.