'Caso Falciani': El HSBC admite ante la Justicia de EEUU que “violó” la ley antiblanqueo

La extradición solicitada por Suiza en defensa de los intereses del HSBC para que España entregue a Hervé Falciani, el informático italo-francés que destapó cuentas opacas de 130.000 clientes en esa entidad, sigue en el aire cuatro meses después de que el gigante financiero agachara la cabeza ante la justicia estadounidense con la firma de un acuerdo inédito. En virtud de ese pacto, que suspende el proceso penal contra el HSBC, la entidad reconoce que "violó" la legislación antiblanqueo estadounidense, lo que permitió el lavado masivo de capitales -al menos 881 millones procedían del narcotráfico mexicano y colombiano- y acepta una multa astronómica: 1.921 millones de dólares así como la aplicación de un severo plan de medidas correctoras. Pese a todo lo anterior, el HSBC mantiene en Suiza desde marzo de 2009 una querella contra Falciani.

Suscrito el pasado 11 de diciembre, el acuerdo ratifica que las palabras pronunciadas hace una semana por la fiscal Dolores Delgado durante la vista de extradición de Falciani no eran una metáfora exagerada: “El HSBC –afirmó sin tapujos- es en sí un paraíso fiscal”. 

El pacto con el HSBC ha generado críticas en EEUU entre quienes cuestionan la justeza del procedimiento seguido y lo observan como muestra de un escandaloso privilegio, máxime cuando el responsable de la División Criminal del Departamento de Justicia, Lanny Breuer, adujo que para su firma se habían tenido en cuenta "las consecuencias colaterales" derivadas de eventuales medidas de mayor dureza. Retirarle la licencia al HSBC, dijo Breuer, habría implicado la pérdida de "miles de empleos" y, sobre todo, habría puesto en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Como alegó el senador demócrata Jeffrey A. Merkley en una carta dirigida al secretario de Estado de Justicia, Eric Holder, "el Departamento [de Justicia] parece haber sentado firmemente el precedente de ningún banco (...) puede ser perseguido incluso por graves acciones criminales si ese banco es una gran institución financiera de carácter sistémico".

Lo cierto es que, mientras en EEUU el HSBC ha escapado mejor de lo que la ley le auguraba, en España está previsto que esta semana se haga oficial el dictamen los tres jueces de la Audiencia Nacional que deben decidir sobre el caso. Aunque parece improbable un auto favorable a la extradición, de producirse tampoco sería firme. En ese caso, la última palabra quedaría en manos del Gobierno, que por razones de interés nacional puede denegar la entrega de cualquier ciudadano a un tercer país.

Firmado el pasado 11 de diciembre, el acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y las dos entidades del HSB investigadas –el británico HSBC Holdings plc, matriz de la corporación, y la filial

estadounidense HSBC Bank USA- obliga al grupo a cumplir un severísimo plan de medidas correctoras. Si ese plan, impuesto tras la detección de graves violaciones legales cometidas entre 2001 y 2010, no se ha desarrollado al completo en cinco años, el procedimiento penal ahora suspendido recobrará su vigencia.

El relato de hechos cuya veracidad acepta el HSBC afirma, entre otras cosas, lo siguiente: "Específicamente, el HSBC Bank USA ignoró el los riesgos de lavado de dinero asociados a hacer negocios con ciertos clientes mexicanos y obvió la aplicación de un programa antiblanqueo que fuera adecuado para vigilar transacciones sospechosas desde México".

Falciani, que por miedo a una venganza llegó a España desde Francia en el verano de 2012, fue encarcelado el 1 de julio después de que Suiza reclamase su extradición. Con esa solicitud, que es la que ahora debe resolver la Audiencia Nacional, el Estado helvético da carta de naturaleza a la querella que el HSBC planteó contra Falciani en marzo de 2009 bajo la acusación de haber roto el secreto bancario con el "robo" de datos de la entidad, como recalcó el abogado del informático durante la vista de extradición celebrada el pasado día 15. El antiguo empleado del HSBC no salió de la prisión madrileña de Valdemoro hasta el 17 de diciembre, es decir, hasta seis días después de que, en Nueva York, los máximos responsables del HSBC Holdings plc hubiesen rubricado con su firma un reconocimiento expreso de culpa.

Obligado a cooperar con otros países

El pacto contiene una cláusula de especial relevancia internacional internacional porque obliga al HSBC a “cooperar completamente” a requerimiento del Departamento de Justicia con otras autoridades y agencias locales o extranjeras” en “cualquier investigación” sobre las entidades que forman el grupo bancario o sobre “sus actuales y anteriores directivos, empleados, agentes y consultores”. Ese apartado abre teóricamente la puerta de la cooperación para los países que, como España y gracias a la ingente documentación informática incautada por Francia a Hervé Falciani, tienen ahora en su poder datos sobre cuentas opacas de la filial suiza del HSBC. No hay constancia de que España haya iniciado los trámites oficiales para requerir al HSBC que coopere con la investigación, aseguran fuentes jurídicas. 

EEUU es el país con el que ya en 2006 comenzó a colaborar Falciani, según desveló el abogado de Falciani durante la vista de extradición celebrada el lunes 15 por la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

Al firmar el pacto con el Departamento de Justicia de EEUU, los responsables del banco aceptan de forma expresa que vulneraron distintas leyes estadounidenses articuladas para evitar el flujo de dinero negro. Exactamente, el HSBC Bank USA “violó el Acta de Secreto Bancario” al no mantener un “programa efectivo contra el blanqueo de capitales” y al no aplicar “auditorías apropiadas” para conocer quiénes poseían las cuentas extranjeras que finalmente operaban con el banco.

El DOJ recalca también que el HSBC infringió las normas estadounidenses que prohíben cualquier tipo de transacción financiera con países vetados como Cuba y otros sospechosos de financiar el terrorismo internacional, como Irán, Libiay cita aquí Irán, Libia, Sudán, Birmania y Cuba.

Las infracciones relativas a ese apartado quedan expuestas así en el acuerdo: "Desde mediados de los noventa hasta al menos septiembre de 2006,  lasfiliales del HSBC Group violaron las leyes penales de EEUU y de Nueva York al mover consciente y deliberadamente o permitir que se movieran cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de EEUU en nombre de bancos localizados en Cuba, Irán, Libia, Sudán y Birmania". países todos ellos sometidos a veto.

Prohibido cuestionar los hechos

Aun reconociendo que el banco ha prestado ayuda al Gobierno estadounidense, el acuerdo prohíbe al HSBC cuestionar en cualquier escenario, físico y figurado, cuestionar  la veracidad de las graves violaciones de la legislación antiblanqueo incorporadas al relato de hechos oficial.

La existencia del pacto de EEUU con el grupo financiero fue invocada en la vista de extradición por el abogado de Falciani, Joan Garcés, para ilustrar la magnitud de un escándalo cuyos primeros ribetes saltaron en 2010, una vez que Francia se hizo con el disco duro de Falciani. Según el fiscal francés Éric Montgolfier, la información es de tal volumen que requeriría un tren de mercancías si alguien quisiera imprimirla. 

Tras la vista de extradición, corresponde al juez progresista José Ricardo de Prada elaborar la ponencia. Es decir, proponer en qué sentido y con qué argumentos debe ir la resolución, que luego ha de ser refrendada por los otros dos magistrados del tribunal, Ángel Hurtado y Julio de Diego. Falciani está cooperando con la Anticorrupción, extremo que fue confirmado por la fiscal Delgado en la vista de la Audiencia, en la que se opuso tajante a que Falciani sea entregado a Suiza.

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A España, la información de Falciani obtenida por Francia le llegó oficialmente en mayo de 2010. Pero la Agencia Tributaria optó por una vía que podría calificarse de blanda. Tras recibir la lista -explicó el Gobierno al Congreso en octubre de 2010-, Hacienda identificó 659 de los 1.500 nombres. De esos 659 evasores, 101 habían logrado que el tiempo corriese a su favor y, el 30 de junio de ese año, quedara prescrito su delito. A los otros 558, Hacienda les ofreció efectuar una declaraciones de renta complementarias. Y de esos 558, presentaron declaración complementaria 293. La Audiencia Nacional y otros juzgados de distintas ciudades abrieron diligencias contra al menos 60 defraudadores, de cuyas identidades informó ayer el diario El País. Pero las cifras de evasores españoles podrían crecer: el disco duro de Falciani sigue arrojando información, y las autoridades francesas remitieron el pasado día 4 a España otras 2.508 cuentas. Fuentes jurídicas avanzaron ayer que la nueva información remitida por Francia está ahora en proceso de análisis para determinar si es posible actuar penalmente contra los titulares de esas cuentas por fraude fiscal y/o blanqueo o si el delito ya ha prescrito.

En la vista de extradición contra Falciani, tras la que un tribunal formado por tres magistrados de la Audiencia debe resolver si acuerda o deniega la extradición del antiguo empleado del HSBC, el abogado del informático hizo una pregunta crucial al exsecretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña: por qué la Agencia Tributaria no había emprendido acciones contra el HSBC. Ocaña, que era el número dos de Hacienda en el Gobierno de Zapatero en 2010, respondió así: “Excedía de nuestras competencias”.

La Agencia Tributaria está “para recaudar”, agregó ese día Ocaña visiblemente incómodo. Desde luego, Hacienda recaudó. Pero solo 260 millones de euros, aunque las cuentas detectadas ocultaban al menos 6.000 millones según el propio ex secretario de Estado. De los 260 millones recaudados, 200 procedían de una sola familia: la del banquero Emilio Botín, presidente del Santander.