El PSOE plantea que los senadores sean elegidos por las comunidades autónomas

Hablar de la reforma del Senado es casi tan viejo como la propia democracia española. El PSOE también hablaba años atrás de la necesidad de darle una vuelta, pero nunca como hasta ahora se había planteado de verdad una cirugía completa. Esa es, al menos, la propuesta de la dirección federal de los socialistas, que en los siguientes dos meses se someterá a discusión en las federaciones para culminar, en julio, en la reunión del Consejo Territorial, el órgano de poder que agrupa a todos los barones autonómicos. 

¿Qué Senado quiere el PSOE? Para empezar, plantea suprimirlo en su configuración actual. Hacerlo desaparecer. Lo que quiere es "convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial". Para ello, sugiere que sus integrantes sean elegidos por las comunidades autónomas. La primera idea que llegó a la reunión de la ejecutiva federal de ayer lunes era que fuesen los gobiernos regionales los que designasen a los senadores. Pero, durante el transcurso de la cita, algunos dirigentes respondieron que eso podría ser "probablemente poco democrático", porque así se eliminaba "la pluralidad interna" de cada comunidad. Lo más indicado, reconoció en rueda de prensa en Ferraz Ramón Jáuregui, coordinador de la Conferencia Política, sería que los miembros del nuevo Senado fuesen nombrados por los Parlamentos autonómicos. 

Los socialistas también quieren cambios de funcionamiento. Consideran que la nueva Cámara alta debe tener sus funciones "más limitadas", limitando su intervención en el proceso de elaboración de leyes y primando su poder en las normas de contenido autonómico. Así, la única Cámara representante de la soberanía popular sería el Congreso. El Senado incorporaría a su vez "las nuevas instituciones consecuencia de una cooperación federalista en el ejercicio de las competencias autonómicas", como la Conferencia de Presidentes, las Conferencias Sectoriales y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

Cambios de raíz que, desde luego, el PSOE no ha puesto sobre la mesa en la ponencia que ahora mismo está abierta en el Senado y en la que se sientan varios partidos. Ponencia que, por consenso de los grupos, se limita a estudiar modificaciones en las funciones de la Cámara alta, no su composición, auténtico anatema para el PP, que parte con ventaja en las elecciones dado el gran número de senadores que proporcionan comunidades conservadoras y pluriprovinciales como Castilla y León. 

Frente al "neocentralismo y la autodeterminación"

La iniciativa se enmarca dentro del documento sobre la reforma federal de la Constitución "frente al neocentralismo y la autodeterminación" que presentó Jáuregui en compañía de la número dos del partido, Elena Valenciano. El contenido íntegro del texto sufrió modificaciones durante la discusión de la ejecutiva, y más que sufrirá cuando pase a las federaciones. Razones que Ferraz esgrimió para hacer público un resumen de cinco folios que contenía propuestas algo difusas y vagas. El PSOE se lanza a una "revisión seria" del modelo territorial hoy puesto en cuestión, a una reforma "profunda" que exige una modificación sustancial de la Carta Magna y, en concreto, del Título VIII, el que recoge la configuración de la España autonómica. No es suficiente, alegó el diputado, con maquillaje ni con reformas estatutarias. "Ya no basta". Los problemas que hay actualmente "no se pueden resolver ni con inmovilismo ni con una revisión necocentralista ni con la autodeterminación". 

El PSOE sugiere acoplar la Constitución "en clave federal", pero ello no significa, según precisó, "cambiar elementos nucleares" del sistema vigente, ni siquiera una reordenación de las CCAA. Jáuregui propone incorporar a la Carta Magna el mapa autonómico con sus actuales denominaciones y formular un "listado de competencias exclusivas del Estado". Más que de recentralizar o de descentralizar, o más que alterar totalmente el reparto de competencias, lo que el PSOE ansía es "cerrar" el modelo. "Clarificar" las competencias de Estado y CCAA. Las autonomías se reservarían todos los poderes que no tuviera el Estado. Además, se suprimiría el artículo 150. 2 de la Ley Fundamental, que permite la transferencia de competencias. 

La "clarificación" no equivale a que todas las CCAA dispongan de las "mismas" competencias, porque cada una podría decidir su grado de autogobierno. Jáuregui puso un ejemplo que ya existe hoy día: sólo dos autonomías tienen un cuerpo de policía propio (Euskadi y Cataluña), y así podría seguir siendo. Con la reforma de la Constitución se introducirían asimismo de forma "solemne" los "hechos diferenciales", las "singularidades" de las CCAA. La lengua, como asumió el coordinador de la Conferencia Política, forma parte de esos "hechos diferenciales", aunque no tendría por que suponer el aval "a un modelo lingüístico concreto", aunque nada "está precisado". El exministro volvió a recordar que lo que somete a discusión ahora es una mera propuesta, un esbozo que aún requerirá de mayor detalle. 

Que las reformas estatutarias pasen antes por el TC

El PSOE también pretende que la Constitución refleje los principios en los que debe basarse el modelo de financiación autonómica, el listado de los impuestos cedidos (total o parcialmente) y su modelo de reparto. La Carta Magna recogería igualmente el "principio de participación de las CCAA en la gobernación del Estado", así como la consagración de los instrumentos de "lealtad y colaboracion". Los socialistas quieren adelgazar el entramado administrativo autonómico y local, para evitar duplicidades, y descentralizar órganos institucionales "en correspondencia con una cultura federal".

Dos últimas reformas: asegurar la "igualdad de los españoles" en sus prestaciones básicas y hacer que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre las reformas estatutarias antes de que estas sean aprobadas por referéndum, si la ley exigiera este. Es decir, que no pase como en Cataluña, donde el TC cercenó el Estatut después de que votaran los ciudadanos. 

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Tal cirugía entraría en lo que los constitucionalistas llaman reforma agravada de la Carta Magna, que exigiría disolución de las Cámaras y consulta a los ciudadanos. Jáuregui así lo asumió. Los españoles tendrían así la oportunidad de pronunciarse sobre los cambios y refrendarlos o rechazarlos. 

Jáuregui insistió en que el PSOE no impulsa su modelo por su conflicto interno con el PSC, sino por su convicción de que debe abrirse el melón. Reivindicar la reforma de la Constitución, puntualizó, es "la mejor defensa" de esta. El inmovilismo no es buen consejero, porque ese es el elemento que "encajona y enquista" las tensiones territoriales. Los socialistas saben que todo cambio necesita del concurso del PP, pero creen que el Gobierno "entrará al debate más pronto que tarde".