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Protestas sociales

La Audiencia Nacional abre diligencias por el “asedio” al Congreso tras recibir una comunicación de Interior

  • En octubre, el juez Pedraz archivó la causa contra los imputados por promover las manifestaciones del pasado 25 de septiembre en las inmediaciones de la Cámara

infolibre
Publicada el 24/04/2013 a las 14:18 Actualizada el 24/04/2013 a las 15:16
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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto diligencias previas de investigación tras recibir una comunicación del Ministerio del Interior en la que se daba cuenta de la convocatoria para "asediar de forma indefinida" el Congreso de los Diputados desde este, jueves, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha adoptado esta decisión en previsión de que los hechos pudieran constituir un delito contra las Instituciones del Estado tipificado en el artículo 494 del Código Penal, aunque no tiene previsto llevar a cabo ninguna otra iniciativa contra los miembros de la plataforma convocante. Ese delito prevé penas de hasta cuatro años de cárcel para los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento, si bien el jueves no hay prevista sesión plenaria. 

Tras la apertura de diligencias, Velasco ha decidido inhibirse de esta investigación en favor de su compañero Santiago Pedraz, que ya instruyó y archivó la causa contra los entonces ocho imputados por promover las manifestaciones del pasado 25 de septiembre en las inmediaciones del Congreso porque, a su juicio, los hechos no eran constitutivos de ningún delito. Según las citadas fuentes, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo informará en contra de la inhibición. 

El pasado marzo, la Audiencia Provincial de Madrid también estimó el recurso de apelación de los abogados de los manifestantes y confirmó que los detenidos en las protestas del 25-S no pretendían “invadir” el Congreso. Y consideró que no procedía la inhibición por parte de la Audiencia Nacional. 
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