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Ley Dependencia

Las plataformas por la Ley de Dependencia plantan cara al “hachazo” del Gobierno

  • Las organizaciones de dependientes acusan al Ejecutivo de cebarse con los más débiles y califican los recortes de "inmoral condena a muerte"
  • El portavoz de la coordinadora estatal, José Luis Gómez-Ocaña, cree que el PP ha destapado su "verdadera ideología" y que intenta negar "el derecho a una vida digna" de los afectados

Publicada el 05/05/2013 a las 06:00 Actualizada el 05/05/2013 a las 13:04
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Manifestación en Valencia contra los recortes a la Ley de Dependencia.

Manifestación en Valencia contra los recortes a la Ley de Dependencia.

PSPV
La Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia se ha sumado a las críticas de varias organizaciones hacia los recortes que el Plan Nacional de Reformas 2013 (PNR), presentado el 26 de abril tras la reunión del Consejo de Ministros, contiene en materia de dependencia. En palabras de la asociación, la rebaja en el gasto supondrá una "condena a la exclusión social, e incluso a la muerte" para miles de personas.

De acuerdo con las estimaciones del PNR, los recortes en atención a personas dependientes ascienden a un total de 1.108 millones de euros sobre lo presupuestado para este año. Dado que la partida inicialmente consignada era de 1.087,18 millones de euros, los cuidados que costea el Estado no podrían ser financiados, ya que el saldo sería negativo: -20,82 millones de euros si el Ejecutivo cumple al máximo el objetivo de ahorro. "Es un hachazo definitivo a la Ley de Dependencia y un acto de profundo desprecio hacia la vida humana", asegura al respecto el portavoz de la coordinadora, José Luis Gómez-Ocaña.

Sobre el fondo de la cuestión, Gómez-Ocaña opina que se trata de una cuestión ideológica: "Es evidente que la Unión Europea le ha pedido al presidente Rajoy una cabeza, y Rajoy, en un acto de valentía suprema, ha ofrecida la cabeza de la dependencia, de los más débiles, que pasan a tener cero medios", afirma, y añade que en ningún caso pueden señalarse los recortes como una cuestión económica: "Antes de julio de 2012, la dependencia suponía un gasto del 0,6% del PIB. No era una cantidad importante. Lo que ocurre es que quieren trasladar el negocio de los cuidados al sector privado".

Así, la plataforma asegura que "en paralelo al desmantelamiento de la ley" han surgido varias compañías aseguradoras privadas que ofrecen prestaciones para dependientes. "El objetivo es que el que pueda pagarse un seguro tenga un seguro de dependencia. El que no, quedará en manos de la beneficencia, como en los años 60 o 70", señala Gomez-Ocaña.

Recortes a los beneficiarios y freno a las altas

Los dependientes denuncian además la puesta en marcha de diversas estrategias encaminadas a reducir el gasto a costa de empeorar sensiblemente la atención y las prestaciones que reciben. Así, Gómez-Ocaña explica que son frecuentes las "reevaluaciones". Se trata de someter al beneficiario a una nueva evaluación médica que, según su versión, acaba frecuentemente en una rebaja del nivel de la prestación reconocida: "Son reevaluaciones en silencio, de oficio. Es gente que obviamente ha empeorado con el tiempo y a la que ahora se le dice que su dependencia es menor para dejarla sin prestación", dice.

También se ha frenado el proceso de evaluación para nuevos beneficiarios: "Se ha creado interesadamente un embudo de hasta 18 e incluso 20 meses para las valoraciones", explica. Los dependientes no pueden acceder a ninguna de las prestaciones de la ley hasta que no cuentan con ese dictamen, y la situación ha empeorado recientemente, pues se ha vinculado la prestación de servicios de asistencia social por parte de los Ayuntamientos a esa misma evalución médica. Sin ella, las personas afectadas no pueden optar ni a las medidas de la Ley de Dependencia, ni tampoco a los programas que ponen en marcha los municipios.

"El Gobierno quiere dejar morir la ley a medida que mueran los actuales beneficiarios. La idea es no reconocer nuevas prestaciones, no cubrir la tasa de reposición, y eso es lo que se está haciendo", cree Gómez-Ocaña. "Es impropio de un Gobierno digno cargar el pso de la crisis en los más débiles. El Partido Popular ha mostrado su verdadera ideología e intenta negar el derecho a una vida digna de los afectados", dice.

Nada que perder

Ante esta situación, "la gente está muy asustada porque no ve cómo va a poder hacer frente al cuidado de los dependientes", dice el portavoz de la coordinadora, que señala como especialmente alarmantes son los supuestos de "gran dependencia", en los que la persona requiere cuidados continuados y asistencia para realizar cualquier actividad cotidiana. "Los familiares tienen miedo de no poder seguir cuidando a sus seres queridos. Con el recorte en las prestaciones, hay gente que tendrá que elegir entre comer o costear su tratamiento médico", asegura.

Las diferentes plataformas en defensa de la Ley de Dependencia a nivel nacional han decidido coordinarse y organizar diversas acciones de protesta. "Puedo asegurar que no tenemos nada que perder. Preferimos morir de pie que de rodillas", explica Gómez-Ocaña. El portavoz añade que actos como manifestaciones suponen un importante reto para el colectivo, puesto que se trata de un grupo de personas "muy difícil de movilizar": "La mayor parte está en cama o en una silla de ruedas, por eso tenemos que ser todos los demás los que salgamos a dar la cara", comenta.

Aún no hay cerrado un calendario definitivo de acciones. La coordinadora señala que busca "medir muy bien las protestas" en un momento en el que el Ejecutivo "está aplicando una política represiva en cuanto a manifestaciones". Por su parte, Gómez-Ocaña está convencido de que la movilización social es la única opción que tienen los dependientes para "defender sus intereses y defender, sobre todo, su vida". "Nunca podrán quitarnos la capacidad de lucha y la dignidad de la que carece este Ejecutivo", concluye.
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