Caso Falciani

La Audiencia da por hecho que no se investigará al HSBC pese al cúmulo de indicios delictivos

Diez meses después de que el informático francoitaliano Hervé Falciani fuera encarcelado en Madrid tras haber puesto a varios países sobre el rastro de decenas de miles de evasores con cuentas en el HSBC, la Audiencia Nacional ha denegado hoy martes su extradición a Suiza. Y lo ha hecho con un auto que no solo exonera de delito al antiguo informático del HSBC sino que pone el acento en las prácticas ilegales del gigante financiero en EEUU pero también en España. Pero, tras remarcar la “complacencia” del banco con actividades delictivas y dedicar página y media a cómo sus sucursales captan dinero español que escapan al control de Hacienda, el auto cita un informe de la Fiscalía Anticorrupción. Y ese informe sostiene que no es posible perseguir penalmente al banco o a sus directivos.

“El informe de la fiscalía –dice el texto- concluye que tal conducta [ofrecer a clientes españoles estructuras fiduciarias fuera de la UE como vía de evasión fiscal] podría quedar sumida en el artículo 305 del Código Penal (…) y, aunque la actividad llevada a cabo por el HSBC, al realizarse fuera de España quedaría fuera del ámbito jurisdiccional de los tribunales españoles, sin embargo no pasaría lo mismo con los obligados tributarios españoles”. En otras palabras, la justicia española seguirá persiguiendo a los defraudadores pero no a la entidad que les facilita la cobertura necesaria para el fraude o el blanqueo. En diciembre de 2012, el Departamento de Justicia de EEUU obligó al HSBC a pagar 1.950 millones de dólares a cambio de evitar el banquillo por permitir, entre otros delitos, el lavado de cientos de millones procedentes del narcotráfico mexicano y colombiano.

El pasado 15 de enero, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, hizo un anuncio  escrito al líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien le había reclamado que utilizar los datos de la lista Falciani para destapar a defraudadores. En esa carta, Torres Dulce aseguraba que por la Fiscalía Anticorrupción "se han iniciado actuaciones (con fecha 21 de septiembre de 2012) a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse".

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El auto abunda en lo que, a tenor del relato judicial, ocurre con las redes locales del HSBC, uno de los mayores bancos del mundo y presente en el accionariado de grandes empresas españolas. Lo hace citando de nuevo el informe de Anticorrupción incorporado a la causa de extradición de Falciani: “En el informe de la Fiscalía Anticorrupción se hace constar que la administración tributaria española considera que existen fundados indicios de que los importes depositados o invertidos en cuentas bancarias opacas en el HSBC Private Bank Suisse podrían tener origen en rentas no declarada, siendo la mayoría de los casos patrimonios ocultos u opacos al erario español”.

Las situaciones descritas en el párrafo anterior, añade el auto, “podrían haber sido amparadas por la propia entidad bancaria suiza por medio de sus sucursales, cuyos empleados captarían a los clientes ofreciendo la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales, a través d elas cuales se canalizaría, de manera opaca y segura, la inversión realizada por las personas físicas residentes en territorio español”. Y todo ello, como explica el tribunal, vulnera la directiva adoptada previo acuerdo entre el UE y Suiza, país del que –desliza la Audiencia- tampoco consta que haya emprendido indagaciones sobre los manejos del HSBC. El banco, concluye la Audiencia nuevamente en referencia a sus clientes españoles, “estaría eludiendo las obligaciones de retención y comunicación de información derivada de los rendimientos de tales fondos”, que es lo que exige el citado acuerdo bilateral.

Tan solo, a sus clientes y así ocurrió con algunos tan señalados como Emilio Botín y otros 11 miembros de su familia. De los 260 millones recaudados por Hacienda después de que Francia entregase a España los datos sobre evasores locales que estaban en el disco duro de Falciani, los Botín aportaron 200 millones. Una vez regularizado el dinero, la Audiencia archivó las diligencias abiertas contra el presidente del Santander y sus parientes.

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