La Policía atribuye a los activistas un delito contra las altas instituciones del Estado

La Policía atribuye un delito contra las altas instituciones del Estado a los ochos activistas de Greenpeace detenidos que este jueves han llevado a cabo una acción de protesta en el Congreso de los Diputados en la que lograron ascender al techo del edificio del Congreso de los Diputados y encaramarse en el tejado para manifestar su rechazo a la reforma de la Ley de Costas, defendida por el PP.

Según dicta el Código Penal en su artículo 493 esta acción podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de prisión: "los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años".

En el momento de la protesta, los diputados se encontraban en el interior del hemiciclo debatiendo sobre la Ley de Costas. Al menos tres activistas de Greenpeace consiguieron sortear la vigilancia policial desplegada en las inmediaciones del Congreso y, tras saltar la valla que actualmente cerca el perímetro del edificio por obras, aprovecharon el andamiaje para ascender hasta el tejado y mostrar una pancarta en la que se podía leer: "El PP vende nuestras costas". 

Posada contrapone la acción "pacífica" de Greenpeace a otras que incluyen "insultos y ataques a los diputados"

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Competencia de la Audiencia Nacional

Los ocho detenidos se encuentran en las dependencias policiales de Moratalaz (Madrid), donde han sido trasladados tras su arresto a la espera de ser puestos a disposición judicial. La Audiencia Nacional es el órgano competente para enjuiciar los delitos contra las altas instituciones del Estado.

En anteriores ocasiones, este tribunal se ha mostrado reacio a asumir investigaciones sobre las concentraciones convocadas para rodear el Congreso de los Diputados. Los detenidos tras los incidentes registrados en este tipo de manifestaciones eran trasladados a los juzgados de Instrucción de Madrid para ser juzgados por desorden público o atentados contra la autoridad.