La jueza ordena registros en la vivienda del exalcalde socialista de Ourense

La titular del Juzgado número uno de Lugo, Pilar de Lara, que instruye la operación Pokémonperación Pokémon, ha ordenado practicar registros en la residencia de Francisco Rodríguez, exalcalde socialista de Ourense, y en propiedades a nombre de su pareja ubicadas en Verín y Castrelo do Val, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Agentes de Vigilancia Aduanera han llevado a cabo el registro en la vivienda de Francisco Rodríguez a primera hora de este martes, dentro de las diligencias ordenadas por Pilar de Lara para recabar información adicional sobre una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años.

El pasado mes de septiembre, Francisco Rodríguez fue detenido en el marco de la operación Pokémon. Tras prestar declaración ante la jueza, salió en libertad bajo fianza de 6.000 euros y quedó imputado por cohecho y prevaricación, por lo que se vio forzado a dimitir por la cúpula del PSOE.

Según las fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, cuando se produjo la detención de Francisco Rodríguez no se había registrado su vivienda, ubicada en el ourensano barrio de A Ponte, pero ahora la jueza ha considerado que era necesaria una inspección para buscar documentación.

Los agentes de Vigilancia Aduanera se trasladaron a la residencia del exalcalde muy a primera hora, según las fuentes consultadas, para garantizar precisamente que Francisco Rodríguez estaba allí para poder presenciar el registro, junto con el secretario judicial.

Pilar de Lara también ha ordenado registros en propiedades ubicadas en Verín y Castrelo do Val que están a nombre de la pareja sentimental del exalcalde, Mercedes A., quien es originaria de esa zona ourensana, donde cuenta con bienes familiares.

El registro en la vivienda de Francisco Rodríguez se produce apenas unas horas después de trascender un auto en el que la jueza evidenciaba sus sospechas de que la empresa Cechalva, concesionaria del servicio de la grúa en Lugo, sobornaba con 2.000 euros al mes al alcalde de Lugo, el socialista Xosé Clemente López Orozco, así como a su mano derecha en la corporación municipal durante años, Francisco Fernández Liñares, quien luego fue nombrado presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Además de Francisco Rodríguez (PSOE), en septiembre pasado fue detenido otro regidor, Adolfo Gacio (PP), quien también dimitió como alcalde de Boqueixón (A Coruña). En su caso quedó en libertad con fianza de 10.000 euros y se le imputaron delitos de prevaricación, otro de cohecho y dos delitos menores.

Aparte del alcalde de Lugo, quien también es presidente del PSdeG, también permanecen imputados los regidores de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP); y el de Santiago de Compostela, Ángel Currás (PP). Todos ellos han rechazado dimitir por esta causa.

En la segunda fase de la Pokémon, bautizada como operación Manga, fue imputado el ya exalcalde de Santiago con el PP, Gerardo Conde Roa. También como resultado de estas investigaciones fueron detenidos Albino Vázquez Aldrey, quien presentó su renuncia como concejal de Seguridad en Santiago de Compostela, y Robert Fauria (CiU), que dimitió como alcalde de Sant Hilari Sacalm (Gerona).