El Gobierno no concreta cómo afectará a la Casa del Rey la Ley de Transparencia

El Gobierno había aparcado durante ocho meses su Ley de Transparencia, después de venderla como uno de los grandes proyectos de la legislatura. Este jueves decidió despertarla. Tras una reunión del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, con los portavoces parlamentarios en el Congreso –faltó UPyD–, el Ejecutivo acordó con los grupos agilizar la tramitación, de forma que pase al Senado antes de agosto y quede totalmente aprobada antes de fin de año. Pero más allá de eso, del encuentro no salieron más detalles. Especialmente, respecto a uno de los temas más calientes, como es la inclusión de la Casa del Rey a la norma. 

Según explicó a los medios el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, la Corona estará sujeta a la ley, tal y como el Gobierno anunció el mes pasado, justo después de que el juez imputara a la infanta Cristina por el caso Nóos. Y lo estará en la misma medida que el Congreso, el Senado y otras instituciones del Estado, y como tal entrará en el artículo 2. La Jefatura del Estado, señaló Pons, "va a ser una institución transparente, en igualdad de condiciones que el resto" porque "no va a haber en la ley ninguna excepción referida" a ella. La socialista Meritxell Batet insistió en que no haya "restricciones" para la Corona y Jordi Jané, de CiU, confió en que la mención en el texto del rey no sea una mera "cortina de humo".

"Es que lo que nos falta por saber es hasta qué grado de detalle se llegará con estas instituciones", decían después fuentes de CiU a este periódico. "No ha habido ninguna concreción", se quejaban a infoLibre los socialistas y el PNV. La impresión que se llevó Joan Josep Nuet, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), es que el Ejecutivo sólo llegará hasta el límite que se esperaba, que se sepan las partidas presupuestarias destinadas a la Corona. Es decir, cuánto gastan los ministerios del Interior, de Presidencia o Defensa en dar soporte a la Zarzuela en concepto de seguridad, administración o sostenimiento de la Guardia Real. De modo que aún quedarían aspectos clave por saber, como lo es el patrimonio de la familia real, cuyo desglose solicitó hasta el PSOE. Aunque pueda ser "un paso adelante", no será "ni muchísimo menos el que muchísimos ciudadanos de este país están pidiendo", sancionó Nuet.

Quienes también estarán sometidos a la Ley de Transparencia serán los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y otras instituciones privadas que reciben mayoritariamente fondos públicos, caso de la Iglesia. "La transparencia es uno de los mejores instrumentos para luchar contra la corrupción, por eso es importante que no sea sólo una ley del PP, sino de todos los partidos", adujo Pons. Ayllón, a su vez, también apreció "disposición" y "buena voluntad" de la oposición, informa Europa Press.

La independencia del regulador

La socialista Batet también se congratuló del espíritu de acuerdo de la reunión, porque el Ejecutivo "tiene ganas de pactar", aunque se mostró cauta hasta saber hasta dónde llega su "generosidad", informa Efe. De hecho, hay dos asuntos nucleares en los que el PSOE no está de acuerdo: que el Ministerio de Administraciones Públicas tenga capacidad para cesar y sancionar a cargos públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos –algo que considera inconstitucional– y que el presidente de la nueva Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios sea nombrado por el Ejecutivo por un periodo de cuatro años. Los socialistas quieren que sea un órgano independiente cuyo mandato no dependa de las legislaturas. En ambas cuestiones, vieron al Gobierno menos proclive al acuerdo. No obstante, en aras del consenso, el PSOE no presentará una enmienda de totalidad, y confían en que las conversaciones con el PP avancen. 

Jordi Jané, de CiU, también se quejó de la presunta invasión competencial del Ejecutivo, al permitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la inhabilitación de alcaldes o presidentes autonómicos. "Preocupación" que compartieron asimismo los representantes del PNV, los diputados Aitor Esteban y Emilio Olabarria. 

Nuet, por su parte, calificó el encuentro de "decepcionante", ya que el Gobierno acudió "prácticamente con las manos vacías", sólo para atar una hoja de ruta". La norma, tal y como está concebida por el Gabinete de Mariano Rajoy, "va a desilusionar a amplios sectores que esperaban que al menos aquí hubiera un giro, un gesto, una voluntad expresa de que las cosas pueden cambiar, de que podemos tener una mejor democracia, más transparencia, menos corrupción y un mejor acceso a los temas públicos". 

El gran acuerdo de la jornada se refiere al calendario. El próximo martes, 21 de mayo, acabará el plazo de presentación de enmiendas de totalidad –la de Izquierda Plural y UPyD son segura, la de CiU y PNV, no tanto–, que se debatirán en el pleno del día 30, en una sesión que probablemente abra la responsable del texto, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. El 11 de junio finalizará el tiempo para registrar las enmiendas parciales, con el fin de que la ley quede visada por el Congreso antes de que concluya julio. Así, la norma llegaría al Senado en otoño y podría entrar en vigor a principios de 2014, aunque dada la complejidad del texto algunas medidas sobre transparencia no adquirirían plena vigencia hasta un año después de su publicación en el BOE. Esteban y Olabarria, no obstante, pidieron algo más de tiempo y expresaron su deseo de que antes de que se clausurara el plazo de enmiendas hubiera más reuniones bilaterales o multilaterales con los detalles por delante, porque Ayllón, señalaron fuentes parlamentarias, no entregó ningún papel a los grupos.