La Plataforma por la Escuela Pública avisa de movilizaciones contra la Ley Wert

La Plataforma por la Escuela Pública define a la LOMCE como una ley “ideológica”, e informa de que tendrán lugar “más movilizaciones” durante este curso escolar para frenar “un ejercicio de autoritarismo, aislado político y socialmente”.Además, ha remitido este viernes una carta al presidente del Gobierno, exigiendo el relevo del ministro de Educación, así como una reunión urgente. 

Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, ha informado de que van a trabajar para que la ley “no llegue a implementarse”, por lo que ha animado a la plataforma a desarrollar un calendario de movilizaciones, que deberían, a su juicio, incluir acciones este mismo curso. Comisiones Obreras afirma que el ministro Wert condena a la educación a una “degradación progresiva”, al aprobar la Ley con el rechazo de toda la comunidad escolar.

Además, ha lamentado que el ministro de Educación haya “desperdiciado” una gran ocasión para llevar a cabo el consenso, y se muestra convencido de que la medida “empeorará la situación actual”. Asegura que el ministro ha elegido “tirar por su propio camino, con una ley ideológica y sectaria que resultará inútil, ya que será cambiada por los próximos que lleguen al Gobierno”, informa Europa Press.

La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), dice que la ley ha llegado al Consejo de Ministros con cambios incorporados por el Ministerio “que no la modifica en lo sustancial, generando incertidumbre en varios aspectos esenciales”. Entre algunas de esas materias destaca la educación de valores, segregación por sexos, lenguas cooficiales y memoria económica. Afirma que el Gobierno debe responsabilizarse de las decisiones políticas que tome, “sean del tipo que sean, aportando los costes de su propia acción”, y añade que cualquier proyecto de Ley que no esté acompañado de “la suficiente dotación económica para su desarrollo, no puede tener ninguna viabilidad”.

En un comunicado, FETE-UGT advierte de que “el Gobierno” ha aprobado “un proyecto de ley en contra de la comunidad educativa”, justo cuando una semana antes esa comunidad gritara “No a la LOMCE”. Así, UGT insta al Ministerio de Educación que retire la Ley, y que inicie un proceso de negociación con el que se logre un “mínimo de consenso que permita modificar aquellos aspectos que sean considerados mejorables de la ley educativa en vigor”. 

Por su parte, Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes, piensa que la decisión de aprobar la LOMCE es “un signo más del carácter autoritario y antidemocrático del Gobierno y del ministro de educación”. Según el secretario general, la ley supondrá desmantelar la escuela pública, puesto que “acepta y promueve” despedir a docentes y recortar 5.000 millones de euros. También se opone al sistema de reválidas, porque considera que dará lugar al desalojo de “decenas de miles de jóvenes del sistema educativo con pruebas artificiales que no buscan la calidad sino apartarles del sistema para ahorrar más dinero”.

No obstante, mantiene la esperanza de tener tiempo para “tumbar la ley” antes de que esta entre en vigor. Recuerda que aún nada es definitivo, puesto que la decisión del Consejo de Ministros debe pasar por el Parlamento, por el Senado, y volver al Parlamento, “y que pasen otros diez meses para llevar a cabo las adaptaciones curriculares”, ha declarado.

Insiste en la necesidad de organizar “una marcha de carácter estatal” el próximo mes de junio, focalizada en Madrid.

Negociaciones con la Conferencia Episcopal

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos ha declarado que tenían en cuenta que “este momento” llegaría “tarde o temprano”. José Luis Pazos, su portavoz, ha anunciado que, en el caso de que el Parlamento apruebe de forma definitiva el proyecto de ley, la Confederación irá al Tribunal Constitucional.

Critica que el Gobierno no haya querido dialogar por ninguna vía, excepto con la Iglesia, “llevábamos razón quienes decíamos que sólo se había negociado con la Conferencia Episcopal”. También denuncian que la sociedad española “no se merece volver al pasado”.

Augusto Serrano, portavoz de STES-i, asegura que la Ley “ha ido empeorando desde el primer borrador”, y ha denunciado la “nula capacidad de diálogo del Gobierno, incluso tras las movilizaciones y las recomendaciones del Consejo del Estado”. También ha acusado al ministro Wert de “mentir”, por decir que se trata de la ley educativa más negociada.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios, por su parte,  ha manifestado su “absoluta decepción” por las modificaciones introducidas en el anteproyecto de Ley Orgánica.

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Por su parte, Escuelas Católicas considera que la aprobación de la Ley “no puede garantizar la resolución de los problemas del sistema educativo”, y denuncia que no haya existido un diálogo productivo en el proceso de elaboración y aprobación de la misma. Su opinión de la LOMCE no es nada favorable, puesto que destaca que empeora la “autonomía pedagógica y organizativa de los centros”. Tampoco simplifica la configuración de las enseñanzas, puesto que crea bloques con diferentes tratamientos que “aumentan la complejidad” en ESO, Bachillerato, e incluso Primaria. “Aunque establece pruebas externas que pueden ser convenientes, no las equilibra con una mayor autonomía pedagógica de los centros en aspectos concretos de funcionamiento”.

No obstante, la organización celebra que la asignatura de religión sea evaluable y su nota cuente para la media del curso “a todos los efectos”.

Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) se muestra conforme con su aprobación, y considera que mejorar de forma notable la normativa actual en este ámbito. Esta Confederación sí cree que la decisión se ha tomado después de “un largo período de consulta y participación con los agentes educativos y sociales”. A pesar de ello, CECE afirma que aún hay aspectos que espera se mejoren, como la planificación general de la enseñanza “en base a la demanda social, la adecuada información a la sociedad de las evaluaciones internas y la renovación automática de los conciertos siempre que el centro sea demandado por las familias”.