Tribunales
El TSJM anula la licencia a la socia de la mujer de Ignacio González
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado una licencia a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, presidida por Carmen Cafranga Cavestany, socia de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y compañera de Ana Botella. El citado permiso daba la posibilidad a la fundación de celebrar eventos en un espacio protegido situado en la finca La Muñoza, de El Pardo (Madrid).
El fallo, firme y contra el que no cabe recurso, considera contraria a la legalidad la instalación de una carpa y la celebración de eventos tales como bodas. El TSJM estima así parcialmente un recurso interpuesto contra una sentencia dictada en noviembre de 2010. En esa fecha, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo rechazó la posibilidad de anular la decisión del director general de Ejecución y Control de la edificación del Ayuntamiento de Madrid que concedió inicialmente la autorización.
La Fundación Carmen Pardo-Valcarce es propietaria de La Muñoza, una finca rústica que se localiza en la carretera de Fuencarral-El Pardo, en el municipio de Madrid, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM) y a pocos metros de El Pardo.
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Cafranga solicitó, en nombre de la fundación, el permiso objeto de polémica en 2005. El objetivo era colocar una carpa en la finca con el objeto de realizar "actividades formativas y prácticas educativas orientadas a la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual consistente en la formación de personal en las vertientes de hostelería y jardinería". En 2007 recibió la ampliación del permiso, de tal forma que se le permitió celebrar eventos como actividad complementaria a la educativa.
Sin embargo, desde ese mismo año, Ecologistas en acción viene denunciando que los eventos celebrados no tienen carácter formativo, sino que son, en su mayoría, bodas. "La actividad de la finca constituía una clara irregularidad, ya que se venían desarrollando eventos como bodas o actos de carácter publicitario en un espacio protegido", aseguran desde la organización ecologista.
Tras conocerse la sentencia, la fundación ha expresado en un comunicado que su actividad está amparada por la ley y ha calificado la decisión del juez de "medida salomónica": "Creemos que no es la ecología lo que está detrás de estos ataques, sino una cuestión política", ha añadido en referencia a la valoración de Ecologistas en acción.
