‘Desaparece’ el anterior propietario del ático de González a dos días de su declaración

La titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Estepona, Mariana Peregrina, ha citado a declarar este viernes en calidad de testigo al ciudadano Rudy Valner Sod, quien figura como responsable de la empresa Coast Investors LLC. Se trata de un ciudadano de nacionalidad mexicana con residencia en California y que fue quien vendió un ático en Marbella el pasado 18 de diciembre al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, según explicó el propio dirigente conservador'.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el Juzgado no tiene ninguna noticia de esta persona a tan sólo dos días de su declaración ante la jueza. Según estas fuentes Rudy Valner no consta como debidamente notificado, es decir, que nadie ha confirmado haber recibido la citación para declarar. Esto no significaría necesariamente que no vaya a acudir al juzgado el viernes, pero tampoco hay ninguna confirmación de su asistencia como suele ser habitual en estos casos.

El Juzgado solicitó también el pasado marzo una comisión rogatoria a un banco británico para conocer las operaciones de la empresa Coast Investors. Esta decisión se produjo a instancias de la denuncia presentada por el Sindicato Unificado de la Policía que cree que el presidente regional compró el ático en 2008 a través de esta sociedad con sede en Delaware (EEUU).

En una providencia fechada el pasado 18 de marzo la jueza acuerda "librar comisión rogatoria (que previamente deberá ser remitido al Gabinete de Intérpretes adscrito a este juzgado para que procedan a traducción al inglés) al Banco 10560 Lloyds TBS Bank PLC de Londres, a fin de que informe sobre el último beneficiario de la cuenta corriente que obre a nombre de Coast Investors LLC, titulares o autorizados de la misma, así como de sus movimientos contables de origen o destino a España, con indicación de las cuentas o destinatarios".

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press que la remisión de esa comisión rogatoria procedente de Reino Unido podría demorarse en torno a un año.