La Junta prepara la primera expropiación de un piso en Huelva para evitar un desahucio

La vivienda de María del Carmen Andújar en Huelva será la primera beneficiaria del decreto sobre la función social de la vivienda que hace 41 días aprobó la Junta de Andalucía –que cogobiernan PSOE e IU– para evitar los desahucios y reducir el riesgo de exclusión social.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado este jueves la tramitación del expediente de la primera expropiación temporal del uso de la casa donde vive María del Carmen, quien se acogió a la norma de la Junta al recibir una orden de desahucio por el impago de una hipoteca.

Tras comprobar que la afectada cumplía con los requisitos sociales exigidos, la Administración ha puesto en marcha los mecanismos legales que conducen a la aplicación de la expropiación del uso de su vivienda, situada en la calle de Alonso de Ercilla de la capital onubense. Desde ahora, la sociedad propietaria, AYT Hipotecario Mixto, dispondrá de un plazo de 15 días para remitir alegaciones, que, en caso de no ser admitidas, permitirán que el proceso siga su curso. De esta forma, se procederá al establecimiento del justiprecio y a la emisión de un informe técnico a la dirección General de Vivienda, los pasos previos hasta finalmente el Consejo de Gobierno apruebe de manera definitiva la expropiación.

Mientras tanto, María del Carmen podrá seguir viviendo en su casa y si la Junta finalmente expropia su uso, tendrá la oportunidad de permanecer tres años más en ella sin temor a ser desahuciada.

Fomento de vivienda social

El trámite del primer embargo se formaliza después de que el pasado 12 de abril entrara en vigor el decreto sobre la función social de la vivienda impulsado por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), una medida con gran calado social, que capacita a la Junta de Andalucía a expropiar durante un máximo de 3 años, el uso de la vivienda a los bancos.

El decreto nace de la voluntad de poner freno los embargos y de crear un registro de viviendas desocupadas, con un régimen de sanciones que permitan el acceso a una casa a las cerca de 200.000 personas inscritas en los registros de demandantes.